A partir de finales del mes de octubre, y coincidiendo con los anuncios de protección del pueblo del camarada Presidente Maduro del pasado 1ro de noviembre, la burguesía comercial arreció su ataque, pero no con los precios, escandalosos por demás, sino en la procura de obstruir al pueblo cualquier posibilidad de obtener el recurso monetario para cancelar bienes y servicios. Pareciera, que hubieran acudido a la lógica siguiente: si pueden comprar con precios escandalosos, suprimamos entonces la fuente de recursos para pagar, ergo los puntos de ventas, inhabilitémoslos. Tal cual, está ocurriendo en la populosa parroquia comercial de Catia, ubicada al oeste de la ciudad de Caracas. El descontento, no solo ocurre en el pueblo, inhabilitado de comprar sus necesarios alimentos y demás productos de primera necesidad, sino también el propio comerciante que ve reducidas drásticamente sus ventas diarias. Por ello, Fedecámaras debe revisar cuidadosamente esa funesta actuación que ha puesto en práctica, a través de sus asociados de la correspondiente Cámara Empresarial.
Hace ya, casi un año, en diciembre 2016, que Credicard, provocó fallas en sus sistemas que paralizaron centenares de miles de compras con tarjetas de débitos y crédito, hecho que motivó la actuación del SEBIN, y fueron aprehendidos entonces, directivos de dicha empresa de servicios, tal fueron los casos de Víctor Gago Couty, presidente del consorcio; José Luis Montañez, vicepresidente de infraestructura; Laurentzi Bilbao Rangel, vicepresidente de tecnología, éste último ya había sido procesado por otro caso de sabotaje que suspendió las transacciones por tres horas en agosto de 2015; vicepresidenta de operaciones, Geraldine Abreu Cumarin; vicepresidente de control y riesgo, Harry Madden Shumacher (la nota puede ampliarse en la siguiente web: https://www.latabla.com/estos-son-los-ejecutivos-de-credicard-presos-por-sabotaje-fotos/). Importante destacar, una información que salió profusamente el año pasado, la cual tiene que ver con los dueños de la compañía Dayco Host, administradora de los servidores de Credicard, propiedad del grupo empresarial D´Agostino, relacionado familiarmente con el líder adeco Henry Ramos Allup. Siempre, es oportuno saber quién o quiénes están detrás de las campañas de saboteo a la cotidianidad del pueblo.
Importante también, refrescar la memoria de eventos ocurridos hace un año, las palabras del Jefe de Estado, camarada Presidente Nicolás Maduro: "Somos informado como a las 2:00 de la tarde de un sabotaje anunciado, ya teníamos información de lo que pretenden hacer esto (...) como está empezando la temporada alta, porque hoy se multiplicaron por dos todas las transacciones altas del país y los que saben de economía, saben que este fin de semana era un fin de semana especial, inicio de mes, pago de aguinaldos, quincena, un ataque cibernético a su sistema tecnológico de intercambio comercial, a la moneda y tecnología plástica, lo denuncio como plan comercial de estos bandidos, ¿Creen que por esa vía van a derrocar el derecho comercial a nuestro pueblo? Jamás". Si bien, la actuación diligente del SEBIN impidió se propagara en el tiempo el citado saboteo, esa llaga sigue allí patente en el cuerpo de la República, pues la empresa Credicard tiene el monopolio casi que exclusivo, de los puntos de ventas por el cual hacemos todas nuestras transacciones diariamente. Los mayores afectados con la supuesta "avería" de diciembre 2016, fue toda la banca pública: Banco de Venezuela, Del Tesoro, Agrícola de Venezuela y del Pueblo Soberano. Curiosamente, entre los propietarios de la empresa Credicard aparece el propio Banco de Venezuela con una cartera accionaria del 33, 34 por ciento, mientras que los restantes propietarios son el Banco del Caribe y el BOD con 33,33 por ciento.
De allí, que una empresa tan estratégica como ésta, no debe dejarse en manos inescrupulosas y antojosas de desestabilización. Peor aún, es a todas luces inexplicable, que el Banco de Venezuela, sus directivos, permitan que desde dicha plataforma tecnológica, se les saboteen los pagos a sus usuarios o usuarias permanentemente. Compatriotas humildes, que el Gobierno Revolucionario ha bancarizado mediante una Tarjeta de la Patria, cuando acude a un centro comercial o restaurante a hacer uso de su tarjeta, es objeto de burla por quienes administran los dichosos puntos de ventas, imposibilitándoles hacer uso de su dinero al no proceder la conexión y manifestarse fallida en diversas oportunidades; hasta que la compatriota, casi que humillada, tiene que desistir de la compra. Eso, poco sensibiliza el alma de los directivos de la banca pública, quienes no han ejecutado ninguna acción para impedirles a los propietarios de Credicard, que situaciones como esa, de total discriminación tecnológica, siga ocurriendo.
Es por ello, que nos permitimos proponer al Jefe del Estado Bolivariano, camarada Presidente Nicolás Maduro, que en el marco de sus facultades Constitucionales, proceda a la declaratoria de Servicio Público Nacional todo el sistema de datos y puntos de ventas de todo el país. En consecuencia, en el marco de la declaratoria de la Emergencia Económica, tanto BOD como BanCaribe, cedan en venta, parte de sus acciones de manera que Banco de Venezuela, proceda a adquirirlas con la finalidad de obtener la mayoría accionaria (51 por ciento) de tan estratégica empresa nacional. En caso negado, que las empresas privadas se negaran a tal requerimiento, se proceda a la estatización plena de la empresa Credicard. Ya basta, que los puntos de venta se transformen en puntos de guerra contra el pueblo!!
