Los fascistas actúan siempre ejecutando sus desmanes a la sombra del poder. Están acostumbrados a imponer su lógica de dominación controlando el andamiaje político para desde allí subordinar las instituciones, las leyes y todo el poderoso sistema financiero y comercial a sus exclusivos intereses corporativos. Algunos de sus períodos más atroces y violentos siguen sorprendentemente vigentes, recordándonos diariamente la ausencia de justicia y la complicidad de organismos, medios y grupos de poder.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la sangrienta dictadura de Francisco Franco, la cual acaba de saltar a la palestra por la diatriba judicial para su exhumación y expulsión del monumento en El Valle de los Caídos, suerte de mausoleo construido para la "gloria eterna" por el propio dictador. Allí está enterrado también José Antonio Primo de Rivera, el mismísimo fundador de la sanguinaria y criminal Falange Española, y se encuentran los restos de "33.872 combatientes en la guerra civil de ambos bandos". Mezcladas las víctimas y los victimarios por el antojo de Franco.
Lo llaman sin tapujos la "mayor fosa común de España". Y esto es irrisorio frente a las impresionantes cifras, algunas "opacas" (como gritarían a los cuatro vientos las Ongs tarifadas si les interesara investigar el tema), por la falta de voluntad para establecer la verdad por parte de los gobiernos profranquistas que han gobernado España desde la muerte del dictador en 1975. Su legado no es para nada envidiable, durante la Guerra Civil y la Represión franquista (1936-1975) se produjeron más de 200.000 muertos; 120.000 desaparecidos y se han identificado por lo menos "2.591 fosas que se encuentran repartidas a lo largo del territorio nacional". Durante el período de represión fascista unas "485.000 personas habían huido al exilio"; "367.000 prisioneros" pasaron por más de 150 campos y prisiones. Del total de víctimas, unas 50.000 fueron ejecutadas en el período de la posguerra. La cantidad de desaparecidos del franquismo español es tan alta que se encuentra de segunda a nivel mundial, detrás de Camboya que presenta la macabra cifra de más de 1.500.000 muertos y más de 20.000 fosas comunes. "Campos de la Muerte" le llaman.
El Reino de España, que pretende darnos lecciones de democracia, aún persiste en su política de vil silencio. Complicidad total con la dictadura de Franco, ocultando sus crímenes e impidiendo para miles de familias el acceso a la verdad y a la justicia. No solo es un problema de oposición de las poderosas cúpulas de los partidos de extrema derecha española (reminiscencias de la Falange), es que hasta la monarquía le debe el trono a Franco, ya que éste reinstauró a los Borbones en 1969 en base a la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, eso sí, luego de que el futuro rey, Juan Carlos I, jurará solemnemente total "fidelidad a los principios del Movimiento Nacional". Espeluznante subordinación de todos los poderes e instituciones que explican los altos niveles de complicidad e injusticia que han imperado hasta nuestros días. Para tener una mejor idea de esta tragedia de complicidades, una nieta de Franco (autonombrado "Caudillo de España por la gracia de Dios", casi como Guaidó), acaba de heredar en el año 2018 el tenebroso título nobiliario de "Duquesa de Franco".
Es a partir del año 2007, con la promulgación de la Ley de Memoria Histórica donde por fin se reconocen los derechos de "quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". Un gran avance. Pero aún queda una gran deuda con las familias de los "represaliados" que yacen en fosas comunes, pues esperan justicia y la exhumación e identificación de las víctimas. La organización de los familiares de las víctimas ha sido primordial y ejemplos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ver la página memoriahistorica.org.es) han permitido localizar las fosas comunes para poder identificar a las víctimas y reconstruir la tragedia vivida.
Datos que saltan a la vista es que entre fascistas se cuidan. Por eso durante el gobierno de derecha de Mariano Rajoy (del Partido Popular, reducto político fundado por líderes franquistas, con Fraga a la cabeza), se dejó sin presupuesto en los años 2013-2014 a la Ley de Memoria Histórica, un golpe que limitó su capacidad operativa para poder contribuir a la búsqueda de verdad y justicia.
Esta es una herida abierta que nunca cicatrizará hasta que no haya justicia. Son décadas de silencio y olvido. Los derechos violentados de miles de víctimas y sus familiares no están en la agenda de las "selectivas" organizaciones de Derechos Humanos, a pesar de que en el año 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y varios expertos en materia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura alertaron sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos y señalaron que se "deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad".
A todo esto se le suma la represión que las logias posfranquistas han desatado implacablemente en contra de las causas justas de los pueblos que al interior del Reino de España (como Cataluña o el País Vasco), reclaman el reconocimiento a su "nacionalidad histórica". Sin el lastre de una relación casi neocolonial de subordinación con el poder central, luchan por defender sus especificidades y diferencias culturales, políticas y económicas. La derecha franquista les teme, por eso los reprime implacablemente, desconocen los herederos de la Falange que los pueblos nunca dejarán de levantar las banderas de la libertad.
