Sin lugar a dudas, que la reunión reciente entre diputados opositores de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y diputados del partido de gobierno, para continuar el proceso de designación del Comité de Postulaciones, ha sido recibida en el escenario político nacional con una mezcla de asombro, dudas y esperanzas. Ha levantado grandes expectativas. Claro, no me refiero a los partidos, grupos y personas, que mantienen la tesis inmodificable de no ir a elecciones hasta que no cese la llamada usurpación y sean ellos quienes controlen el poder en la llamada transición. Son quienes quieren llegar a Miraflores en los hombros del ejército invasor o en helicópteros provenientes del portaaviones que corresponda. Pero el resto de la población: la gente, la militancia de casi todos los partidos incluido el PSUV, las organizaciones de la llamada sociedad civil, han prestado atención inusitada ante el renacer de una posibilidad que se creía ya enterrada.
Paradójicamente, la opción supuestamente menos probable en todos los análisis políticos ha devenido en ser la que ocupa posición estelar en la actualidad en la escena política venezolana. Y este hecho tiene una sencilla explicación. La gente sabe que es la mejor opción para iniciar la salida del país de la profunda crisis en que se encuentra. Si la Asamblea Nacional, esa que se eligió en diciembre de 2014, llega a designar un Consejo Nacional Electoral de acuerdo con el gobierno, los venezolanos habremos rescatado nuestra autodeterminación, por lo que las políticas que han colocado las decisiones en potencias y países extranjeros habrán indefectiblemente fracasado. No sé si el gobierno y la oposición legislativa están al tanto de esto y lo han internalizado en todo su significado o si simplemente quieren agotar esta posibilidad, para que no se diga que no lo intentaron, y seguir con sus planes sectarios que mantendrán viva la confrontación.
No hay duda que un nuevo CNE, con rectores diferentes de los existentes, sin Tibisay Lucena, a quien se le asigna, no necesariamente con razón, toda la culpa de las inconsecuencias legales y funcionales del organismo, sería bien recibido por los venezolanos. No debe haber dudas de que si ese nuevo CNE está integrado equitativamente por las fuerzas políticas y tienen a un rector imparcial como fiel de la balanza, aumentará la confianza de la gente en las elecciones. Pero, si no es nombrado por el organismo responsable de hacerlo según la Constitución, queda la sombra de ilegalidad e ilegitimidad del mismo, lo que internamente reduciría la confianza de los votantes y externamente no desmontaría la política intervencionista agresiva liderada por el Departamento de Estado. Y esto último es algo que el gobierno tiene que comprender, para entonces hacer los mayores esfuerzos posibles con los partidos democráticos que hoy siguen a Guaidó.
Los pasos dados hacen posible lo hasta ahora considerado muy improbable. Falta empero un camino espinoso que recorrer. Si el Comité de Postulaciones presenta su informe por consenso, significaría que el acuerdo gobierno- oposición sigue, por lo que la AN debería reunirse y designar el nuevo CNE que sería aceptado por todos. ¿Pero cuál Asamblea? ¿Quién la presidiría? Es claro que sin los diputados del PSUV no se alcanzaría el quorum requerido para efectuar la designación. Hay entonces que mantener el acuerdo gobierno/oposición para que haya una reunión plenaria y se alcance la votación calificada requerida. De no lograrse, habría omisión legislativa y correspondería al TSJ, controlado por el gobierno, la designación, tal y como ha ocurrido en otra ocasiones. Podría aparecer en escena la Constituyente y hacer la designación. Ambos casos, pero sobre todo este último, no son los más convenientes para la paz y la convivencia interna.
Reaparece la esperanza. Ojalá no se frustre por motivaciones bastardas.
