Jactancia se observa cada vez que escuchamos en voz del oficialismo que somos un país democrático y que la forma de demostrarlo, es la cantidad de veces que el pueblo ha ido a ejercer el sufragio en las “ferias electorales” para “elegir” propuestas de interés público en la “revolución”; pues lógicamente si tenemos un Poder Ciudadano y un Poder Electoral, legitimado constitucionalmente, todo tema de interés público debe ser consultado a la ciudadanía; sin embargo, no ocurre así, un ejemplo de ello muy importante sería preguntarnos ¿cuándo le consultaron al pueblo venezolano sobre si se aprobaba o no, la creación de una empresa capitalista militar, con política extractivista para la explotación de nuestros recursos, el Arco Minero? 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/191565-01140-271016-2016-2016-0358.HTML

 Ahí se demuestra el mal uso que se le viene dando a esa legitimidad puesto que, se ha convertido en una falacia a conveniencia del poder. Se ha confabulado todo un mecanismo grotesco para rentabilizar en contra del sentido supremo de la constitución, que no es otro, que la democracia participativa y protagónica. Hoy día la participación de la gente, es la apariencia en redes mediante fotografías y videos, pero no hay certeza de la intencionalidad participativa de la población venezolana. En un principio a la aprobación de la constitución, el ejercicio del sufragio era un privilegio logrado que honraba dicha participación; posteriormente y hasta entonces se ha convertido en un cobro de peaje, por parte del gobierno, que garantiza la asignación de migajas de “beneficios sociales” para tener conforme al pueblo, pendiente de los bonos socialistas que no responden para nada al proyecto país que ofertaron engañosamente, ni cubre las necesidades básicas hoy dolarizadas.

Utopia es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en un primer momento, el Plan de la Patria; posteriormente el Plan Simón Bolívar donde se propone la construcción de un “modelo productivo socialista”. El “origen y camino hacia el socialismo del siglo XXI” motivando las “empresas de producción social”, muchos refutamos esa afirmación porque toda empresa tiene carácter de producción social, muy distinto es el carácter de propiedad social, y el llamado a viva voz lo hizo la Economista Olly Millán, quien fuera en su momento (2006) Ministra de Economía Popular, destacando allí la primera incongruencia. Empresas éstas definidas, las de propiedad social, por “una igualdad sustantiva entre sus integrantes”, donde “los trabajadores se apropiaran del excedente económico en proporción a la cantidad de trabajo aportado”. La gestión es democrática y “el peso relativo de la participación es en base a la persona y no al capital aportado” eso es en teoría.

Posteriormente, un proyecto de la situación deseada a conveniencia para los montados en el poder, representó la economía en tres círculos de “igual tamaño” conformados por “las empresas capitalistas del Estado”, “las empresas capitalistas privadas”, y “las empresas de economía social”. Un objetivo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación ofertado; sería entonces, lograr el crecimiento del sector de economía social, dentro de la economía nacional, además de impulsar el desarrollo endógeno para la satisfacción de las necesidades de la población, algo que no ha sido verás, puesto que la gran cuota parte de dólares pertenecientes al patrimonio público se la han repartido el oficialismo y la oposición, como buenos capitalistas para montar empresas privadas y fortalecer la dolarización de la economía venezolana a beneficio de los dolarburgueses de ambos bandos.

Toda esta maniobra usufructuando el poder e imponiendo ventajosamente sus postulaciones electorales polarizadas, que no permiten la participación real de la ciudadanía, se establece el  favorecimiento o perjuicio electoral establecido en el Artículo 75 de la Ley contra la corrupción que reza: La funcionaria pública o funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionada o sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años. Será que se usará casa por cárcel, como se aplica hoy en algunos países de Europa, ante tantos delincuentes juntos; para eso quedó la propuesta socialista del siglo XXI, que pacta con el sector opositor, tras vestidores, para engrandecer sus cuentas. El pueblo encapotado anuncia tempestad, burócratas temblad vamos a emancipar