Tras la llegada de la época de los mercaderes, todo ha cambiado, puesto que el manejo del dinero por unos pocos da las claves de la existencia general. Desde este sistema de orden, la política no podía ser una excepción, y su naturaleza local ha pasado a ser mundial. La situación ha sido plenamente controlada a través del imperio que emite las consignas doctrinales a las colonias, sirviéndose como material racional en línea con los tópicos de la agenda global, cuando realmente responden a intereses puramente comerciales para mejorar la buena salud del mercado.

Las colonias pasan a ser fieles cumplidoras de sus mandatos en un ambiente de puro progresismo despilfarrador, que se llega a justificar porque crea riqueza, y efectivamente la crea para el capitalismo. Su fidelidad está garantizada, dado que sus mandatarios gozan de la condición de empleados de la sinarquía, y de ella depende el cobro del salario. Esa política de despilfarro a cuenta del erario público, está diseñada para dedicarlo a procurar la buena marcha del mercado, y es el blasón exhibido por las políticas que usan la etiqueta progresista, porque es decisivo para el voto, sin embargo han perdido la exclusiva del nuevo invento, porque los etiquetados como de derechas tratan de jugar al mismo juego. Tanto lo de la dependencia externa, como lo de estar a ver quién da más en el plano electoral, es el último golpe que arrastra la democracia representativa al fondo del precipicio político.

Quizá, el mayor riesgo que plantea la doctrina a nivel político, como promotora y garante de la globalización, se encuentre en la posición que ocupa el Estado en el concierto imperio-colonias, que ha llevado a la liquidación del Estado-nación. Ahora, al tratarse de un modelo de organización de gobierno en el que el interés nacional se somete a lo foráneo, a las conveniencias particulares de sus gobernantes y al de los distintos grupos políticamente privilegiados, ha quedado desplazado de su significado tradicional. Con la doctrina de la globalización el interés general de la nación queda condicionado a las directrices que marquen desde el exterior, sin tenerse en cuenta la idiosincrasia nacional, con lo que el Estado pierde soberanía efectiva, aunque la mantenga de nombre. El objetivo no es otro que debilitarlo políticamente, con la finalidad de asegurar su fidelidad y utilizarlo de tal forma que pase a ser colaborador en el desarrollo del capital. Lo que supone dotar de más poder a la sinarquía dominante. En este punto la doctrina trabaja en el terreno de la propaganda para concienciar a las masas de las bondades de los principios recogidos en esas agendas que ha elaborado el capitalismo para mejorar el mundo, aunque su finalidad no sea otra que practicar el doble juego consumidores-mercado. Por otra parte, exige compromiso a la política, ya sea de izquierda, derecha o centro, de cumplir con tales principios en nombre del progreso, del bienestar general y fundamentalmente del mercado. Sus proyectos de mejora han sido diseñados para ilusionar a las gentes, por lo que a su amparo se crean innumerables asociaciones que reúnen a personas supuestamente discriminadas, dispuestas a exigir que se les compense, concediéndoles algún beneficio social y el correspondiente efectivo metálico en interés de la equidad. El terreno de la desconcertación social está abonado y en él crecerá exuberante tanto la división social, la pérdida de la identidad nacional, asistida por el incordio permanente de unos y otros grupos. Es la ocasión para que una mayoría se entregue sin solución al paternalismo estatal, se haga dependiente de él, pierda su condición de parte de la entidad social y esté en disposición de ser conducida por la doctrina.

El Derecho moderno debe ser considero como la gran aportación del capitalismo para garantizar derechos personales, políticos y empresariales, pero el creciente peso de la doctrina lo ha deteriorado. Aunque parezca una paradoja, el Derecho internacional, diseñado para establecer la soberanía de los Estados en el concierto internacional, hace aguas. No solo por el sistema colonial sobre la base del imperio basado en el Estado-hegemónico, cuyo ámbito de influencia se mueve al ritmo colonialista, sino que cuando un Estado no sigue las consignas capitalistas es bloqueado económica, política y socialmente. Incluso se avanza en la extorsión, utilizando para suavizarla tintes jurídicos, señalando a los Estados que no se mueven al ritmo de la doctrina y son sancionables. Avanzando todavía más, se les expropian sus bienes para dedicarlos a los fines que interesan al sistema. En este punto, la seguridad jurídica, cuando no se circula conforme a los mandatos de los artífices de la doctrina, sencillamente no existe, aunque se trate de invocar una justificación racional, que en forma alguna lo es. Los derechos políticos de los propios Estados han de atemperarse al Derecho establecido por el superior jerárquico, con lo que las disposiciones normativas han de pasar por un trámite de homologación para acreditar que cumplen las exigencias impuestas. Con lo que el Derecho local, aunque se adorne debidamente con lo nacional, mira más por los intereses de fuera que por los propios. De los derechos de las personas, ya se ha dicho demasiado, basta entenderlos como una pantomima más, cuya efectividad se mueve al rito de los intereses doctrinales. Hasta los tan cacareados derechos humanos han desaparecido o se encuentran en trance de desaparecer, cuando las personas afectadas no son fieles a la doctrina.

Esta viene a ser, a grandes rasgos, la otra política que tratan de imponer a quien pueden, siguiendo las consignas de los mercaderes, los gobernantes de los países mas aventajados, entiéndase los especializados en lo que se refiere al puro y duro mangoneo a base de dinero.