Entre las promesas electorales del presidente Santos - que ya ha comenzado a instrumentar en su gobierno - está la Reforma Agraria. Santos, al poner el problema de la tierra en primer plano, le da la beligerancia que tiene en el conflicto colombiano, por cuanto la lucha por la tierra tiene su engendro en el desalojo de campesinos y en la violencia practicada por la burguesía agraria con el respaldo de la fuerza pública en alianza con el narco paramilitarismo.
En la proclama de fundación de las FARC hace 45 años, figura “La Ley de la Política Agraria Revolucionaria”, que ha sido llevada a la mesa de conversaciones en los varios y fallidos intentos de paz. La Reforma Agraria es condición sine qua non para la paz. En consecuencia, es importante conocer dicha propuesta: “(1) Tierra gratuita: el gobierno de las FARC entregaría tierras a los campesinos que la trabajan o que quieran trabajarla de acuerdo con las regiones geográficas del país. (2) Confiscación de tierras: la guerrilla decreta que las propiedades de los latifundistas serán confiscadas y distribuidas equitativamente entre los colombianos. (3) Unidades económicas: las FARC crearán la unidad económica del campo, que servirá para trabajar de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos con un mínimo de 20 hectáreas. (4) Anulación de deudas: las deudas de los campesinos con el Estado serán perdonadas y el dinero que ganen por la producción de sus tierras será reinvertido. (5) Crédito y asistencia: las FARC darán facilidades de pago, semillas y herramientas de trabajo a los campesinos. (6) Precios de sustentación: para mantener una economía de bolsillo estable, los productos de la canasta familiar tendrán precios básicos. (7) Tierra a indígenas: todas las tierras de los indígenas serán respetadas. (8) Confiscación a extranjeros: los terrenos ocupados por compañías multinacionales, cualquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas, serán confiscados.” (Montañas de Colombia, 20 de julio de 1964)
El presidente Santos dice que les devolverá a los campesinos las tierras que les fueron arrebatadas. Habla de dos millones de hectáreas. La cifra queda corta, por cuanto los informes de organismos especializados dicen que las tierras arrebatas a los campesinos suman más de 16 millones de hectáreas. Si internamente hay cuatro millones de campesinos desplazados y cinco millones en los países vecinos, los dos millones de hectáreas no dan para tanta gente. Esto demuestra la fragilidad de la propuesta del presidente Santos, simple acto demagógico que con toda seguridad terminará en la legalización o reconocimiento a los paramilitares y narcotraficantes de las tierras que ocupan indebidamente. La propuesta de Santos debe ir al Congreso, en el cual, luego de la última elección, la mayoría de las curules las ocupan los familiares de congresistas acusados por la Fiscalía de narco paramilitarismo (uribismo).
Lo interesante de la propuesta de Reforma Agraria del presidente Santos, es el reconocimiento que hace del problema de la tierra, así sea como acto demagógico. Reconocimiento que sin querer, les da beligerancia a las guerrillas, por cuanto su lucha es la del campesinado que constituye la base social. La lucha por la tierra es la razón de ser de las FARC-EP y el ELN.
La pretensión del presidente Santos de arrebatarle esa bandera a la guerrilla ¿la debilita, la fortalece o la reconoce? Sin duda, hablar de Reforma Agraria es abrir una brecha hacia las conversaciones de paz.
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