Contra la fuerza de la naturaleza hay muy poca defensa pero pueden desarrollarse
mucha prevención que impida o, limite, los efectos destructivos de sus
fenómenos, que periódicamente se hacen presente en todo el globo terraqueo, sin
distinguir entre países pobres y ricos, entre ciudades o campos y mucho menos
entre las personas.
Tsunamis en Indonesia, tifones en China, volcanes de Centroamérica, tornado en
Estados Unidos, inundaciones de Banglades, terremotos en Irán y huracanes en el
Caribe, son parte de una realidad ordinaria e, incluso, cíclica y fatal, en la
que fallecen anualmente miles de personas, se destruyen incontables riquezas
materiales y desaparecen patrimonios culturales de los pueblos y de toda la
Humanidad, sin que la tecnología más sofisticadas lo pueda impedir.
Pero, mientras los grandes países desarrollados cuentan con sistemas de
servicios de emergencias y control de desastres y una poderosa estructura
financiera y de seguros que indemniza a los afectados, en la mayoría de los
países tales condiciones son inexistentes, por lo que los fenómenos naturales,
acrecentados por las prácticas antiambientales de los gobierno, los grupos
económicos y algunas tradiciones de los pueblos, aumentan el nivel de pobreza y
miseralización de millones de seres humanos imposibilitados de recuperarse de
tan devastadores acontecimientos.
El reciente paso del Huracán “Thomas” por el Caribe puede servir de ejemplo de
lo afirmado por tratarse de una zona del planeta tierra en la que regularmente,
entre los meses de junio y noviembre, se producen este tipo de fenómenos de
largo recorrido y de gran capacidad destructiva, con el agravante de ser
previsible en su formación y determinación cuantitativa de su fuerza, no así de
su curso, por lo que la trayectoria originalmente definida, puede ser modificada
por el propio fenómeno y dañar así a países y regiones que no estaban prevista
por lo que el nivel de daño, seguramente, es superior por la ausencia de medidas
preventivas.
La destrucción de miles de hectáreas sembradas de plátanos y bananos en San
Vicente y las Granadinas es una tragedia nacional, no solo por el daño económico
ocasionado por el huracán “Thomas”, sino porque, en lo fundamental, se trata de
una agricultura en la que están implicada miles de campesinos y pequeños y
medianos productores, cuyos ingresos dependen de esta actividad y quienes
deberán esperar un nuevo ciclo de siembra y cosecha de nueve meses, para poder
obtener las ganancias de este negocio altamente vulnerable, tanto por estos
fenómenos, como por las diversas plagas y las perversiones del mercado
capitalista del banano.
En el Caribe, como en el resto de las zonas empobrecidas del planeta, no existen
soluciones nacionales a los efectos destructivos de tales fenómenos
metereológicos por cuanto, los Estados no están en capacidad de dotarse de un
sistema de protección civil que abarque a la totalidad de sus poblaciones ni
tienen la fortaleza financiera y de seguros para auxiliar e indemnizar, a las
familias afectadas, por lo que, los recursos propios y los de la cooperación
internacional que deberían ser destinados para el desarrollo de sus modestas
economías, terminan dirigiéndose a atender estas tragedias, afectando el
desarrollo sostenible de sus economías y su infraestructura de servicios a su
población.
La respuesta, entonces, no esta en la “piadosa” solidaridad ni la cooperación
luego de producida la tragedia, sino en la conformación de un sistema regional
de protección civil que unifique todos los recursos técnicos, económicos y
humanos de que se disponen para prevenir y, responder en tiempo real y
efectivamente, a la presencia anual de tales fenómenos, para lo cual pareciera
necesario que los países del Caribe estudien reconvertir el Sistema Regional de
Seguridad (creado para la lucha contra la delincuencia regional) en una
plataforma operativa también dirigida a la protección y auxilio de la población
en situaciones de desastres, minimizando los costos y aumentando la capacidad de
atención en todo el Caribe Oriental.
yoelpmarcano@yahoo.com
