Ayer 29 de Agosto, conmemoró Naciones Unidas (ONU) por primera vez el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas. La ONU siempre atrasada en cuanto a la defensa de los derechos humanos se refiere. Desde hace años se conmemora, en países que han sufrido dictaduras militares como Chile, Argentina, Uruguay. Se viene criticando este crimen, que inició Estados Unidos en la Escuela de Las Américas que funcionó desde 1954 en el Canal de Panamá.
Allí oficiales estadounidenses entrenaron a más de 60 mil oficiales de las Fuerzas Armadas de America Latina, en los métodos de torturas y desapariciones de personas que luchaban por liberar sus países del yugo imperial. Este tipo de delito sigue siendo utilizado por algunos Estados Terroristas como herramienta para lidiar con situaciones de conflicto o de revueltas sociales.
En Venezuela durante los 40 años de los gobiernos de Acción Democrática y Copei, se desaparecieron centenares de militantes del Partido Comunista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y de Unión Republicana Democrática, por el Sifa y la Digepol. Fueron víctimas de la doctrina de la Seguridad Nacional, campesinos, estudiantes, trabajadores, amas de casa y guerrilleros. Era la época de los Teatros de Operaciones, bases militares bajo asesoramiento del Pentágono estadounidense para luchar contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), buscando impedir la reedición de una Cuba revolucionaria en nuestro Continente.
Actualmente, vemos los desaparecidos en las intervenciones de los países imperiales en Libia, Siria y hace unos años durante el régimen del ex presidente estadounidense George W. Bush, en la llamada lucha contra el “terrorismo” en Irak y Afganistán. También se utilizada las llamadas desapariciones a corto plazo, en donde las víctimas son llevadas a prisiones secretas, fuera de la protección de la ley, y después son liberadas luego de haber sido torturadas.
Según el Grupo de Trabajo de la ONU, “las desapariciones forzadas no pueden ser atribuidas a circunstancias excepcionales, tales como guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, ni existe motivo que la justifique, y además su práctica generalizada constituye un “crimen de lesa humanidad”.
De acuerdo a la ONU, se considera desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrados por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o el consentimiento del Estado.
La Convención para la Protección de todas las personas contra Desapariciones Forzadas entró en vigor en diciembre pasado y hasta el momento solamente 28 países la han ratificado. “Nadie debe ser sujeto de desapariciones forzadas”, reiteró ONU, las víctimas “no están solas”.
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