En Paraguay, las ocupaciones de tierras son comunes. El viernes 15, el grupo GEO de la Policía ingresó a un campo en Curuguaty, a unos 380 kilómetros de Asunción y, al intentar desarmar a campesinos ocupantes, se produjo un tumulto que culminó con seis policías y 12 campesinos muertos, 60 detenidos y 42 prófugos.

Los sectores económicos dominantes y la prensa hegemónica encontraron rápidamente un culpable: el presidente Fernando Lugo. Los acusadores dijeron que no hacían falta pruebas porque los hechos son de dominio público e institucionalmente fusilaron al Presidente en el Congreso en unas pocas horas. [por fuerzas democraticas]

El procedimiento usado en Paraguay puede ser un ensayo de tiempos futuros para ser reeditado en otros lugares de la región. El guión no es nuevo, ya lo ensayaron antes con el Presidente Salvador Allende en Chile, torpedeando su gobierno desde el Legislativo y desde los medios cartelizados hasta consumar el golpe de Estado en su contra. Y también con Presidente Manuel Zelaya en Honduras, aplicándole una formula leguleya similar a la sufrida por Lugo.

El grupo GEO motivó la matanza, y al igual que el 11 de abril de 2001 en Venezuela, acusó, con al complicidad de la prensa comercial cómplice, de ella al Presidente. Esta vez fue en Curuguaty, antes fue en Puente Llaguno en pleno centro de Caracas. A ese recuerdo agreguemos el de la exoneración por parte del Tribunal Superior de Justicia de los responsables del derrocamiento militar del Presidente Hugo Chávez y las muertes causadas el 11 de abril de 2002 al dictaminar que hubo un “vacío de poder”, un absurdo jurídico.

Blas N. Riquelme (el más rico de los paraguayos) invoca la propiedad de las tierras malhabidas donde se produjo la matanza. Es “normal” que los campesinos sean perseguidos, expulsados y acorralados para que la tierra, en manos de unos pocos dueños (algunos brasileños), alumbre la “patria sojera”. El ex presidente Nicanor Duarte Frutos le dio garantías a los dueños de la tierra, asegurándoles que “para la defensa de la propiedad privada se movilizarían todos los recursos del Estado”.

Para ese milenario pueblo guaraní los días que van del 15 al 22 de junio quedarán grabados en la memoria colectiva como una semana trágica. Sin que aún sepamos cómo será su desenlace final.

La Mesa Nacional por los Derechos Humanos señaló que en el Paraguay “La violencia sangrienta que enluta a los hogares paraguayos se inscribe en el marco del injusto sistema económico-social y político reinante, lo que dio lugar a la masacre de los campesinos que reclamaban sus derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional , particularmente el derecho a la tierra, al trabajo, a la vida digna (…) el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad de la tierra, y más aún cuando ésta es malhabida, y está acaparada por un puñado de terratenientes”

Según el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia hay 7.851.295 hectáreas de tierras –conocidas como “malhabidas”- otorgadas con graves irregularidades, por diferentes mecanismos que contaron con la complicidad estatal, en violación a varias normas legales.

Fernando Lugo fue ungido presidente en 2008 por el voto del campesinado pobre paraguayo. Les había prometido Reforma Agraria y distribución de tierras. Los primeros intentos de hacerlo terminaron en expropiaciones que la Justicia (en manos de los dueños de la tierra) valuaba en cifras astronómicas que hacían imposible ese camino. Lo cierto es que Lugo fue haciendo cada día mayores concesiones. El destituido Presidente no entendió que venían por él. Que esos hechos, tal vez aquel allanamiento y sus trágicos efectos eran meras medidas preparatorias de algo mucho sustancial.

A un día de su destitución, Lugo dijo frente al local de la televisión pública y ante miles de campesinos que permanecían acampados: "Aquí hubo un golpe de Estado parlamentario (…) Ellos serán culpables de la miseria, del retorno a la dictadura que el pueblo no quiere”. Esos sectors son los que boicotearon el ingreso de Venezuela al Mercosur y atentaron permanentemente contra el proceso de integración regional.

En un editorial, el diario mexicano La Jornada señaló que el episodio paraguayo es revelador de los escollos que enfrentan los gobiernos latinoamericanos cuando deciden alejarse, así sea un poco, de los postulados neoliberales y confrontar estamentos políticos y económicos privilegiados, enquistados en las instituciones públicas y renuentes a ceder un ápice en sus históricos privilegios, aunque ello implique la subversión de los principios democráticos y de la voluntad popular.

“Para efectos prácticos, la conjura oligárquica que se consumó en el Senado paraguayo equivale a una restauración del régimen autoritario que prevaleció durante más de seis décadas hasta antes de la elección de Lugo en 2008, y cuyos primeros ribetes represivos tuvieron lugar ayer mismo, con las agresiones de elementos de la policía en contra de la resistencia popular que se congregó en la Plaza de las Armas de Asunción para respaldar al mandatario”, añadió.

Sin duda, varios aspectos confluyeron para este golpe de estado institucional: primero, asegurar a los apropiadores el uso y abuso de tierras malhabidas, segundo, es un intento para poner en marcha una nueva oleada regional para acabar con cambios que se quedan a mitad de camino.

Cuidado: El formato usado en Paraguay puede ser un ensayo de tiempos futuros para ser reeditado en otros lugares de la región. Y, más allá de la defensa regional que podrán instalar los gobiernos del UNASUR, una concesión a los golpistas, como ocurrió en Honduras, podría alentar a las oligarquías regionales a repetir esa experiencia en otras latitude.

Pero seguramente serán los campesinos y otros sectores populares paraguayos los que tendrán la última palabra. Ellos deberán decidir, señala Juan Guahán, en qué momento las tierras dejarán de ser malhabidas para pasar a servir al pueblo paraguayo y darles dignidad a sus familias.