Los Bancos españoles vienen cometiendo desde hace años estafas que han arruinado a millones de personas. Lo han hecho directamente, sometiéndolas en las sucursales bancarias a todo tipo de engaños y trampas, e indirectamente, imponiendo a todos un modelo económico basado en el endeudamiento creciente que lleva consigo pérdida de ingresos, empleo cada vez más escaso y precario y hasta la ruina del Estado si no se le pone freno pronto. Pero las autoridades no les piden cuentas. La relación de las malas prácticas y los engaños es amplísima y no es fácil determinar cuál es el más grande, por las personas a las que afecta y por el daño económico que ha provocado. Pero ahora que las más graves han salido ya a la superficie comprobamos que son mucho peores que lo que pudiera pensarse.

Son gigantescas la estafa de las participaciones preferentes y la de las cláusulas suelo, ésta última producida bajo diferentes formas. Entre ambas pueden haber afectado, según las organizaciones de usuarios más solventes, a dos millones de españoles. Es más difícil de calcular aún el quebranto económico provocado. Parece que los Bancos españoles colocaron 30.000 millones de euros en preferentes entre 1999 y 2011 y que los titulares pueden haber perdido, en muchos casos, hasta el 90% del valor suscrito. Y menos se sabe del coste exacto que ha podido suponer para los afectados la estafa consistente en colocar productos financieros muy arriesgados para los hipotecados (swap) como si fueran seguros favorables para ellos, aunque podemos hacernos una idea de su magnitud y gravedad si tenemos en cuenta que el número de sentencias condenatorias de los Bancos pueden pasar ya de 600.

Sin embargo, a pesar de que estas dos estafas son multimillonarias, se quedarían casi en nada frente a la que conlleva el premio gordo para la banca: la manipulación del euríbor que, como casi todo el mundo sabe, es el índice que en España se toma como referencia para calcular el tipo de interés de las hipotecas.

Ya se ha descubierto que el Líbor, es decir, el que se utiliza en el Reino Unido, ha sido manipulado a su favor por los Bancos, la mayoría de los cuales son los que tienen que ver con el euríbor. Y las sospechas de que éste también lo ha sido son mucho más que consistentes, como está demostrando el abogado Juan Moreno y varios grupos de ciudadanos que han conenzado a presentar reclamaciones y denuncias en los juzgados españoles (Moreno Yagüe: “El Euribor es una monumental estafa”). Si se confirma, estaríamos hablando de cientos de miles de millones de euros que han ido indebidamente del bolsillo de los hipotecados a la cartera de los banqueros.

Y detrás de estas grandes estafas vienen otras de menor escala, pero igualmente costosas para los clientes.

He hecho una consulta rápida en algunas asociaciones, foros y denuncias públicas y no me ha sido difícil descubrir este rosario de engaños al menudeo, pero que en conjunto deben haber supuesto cientos de millones de beneficios extraordinarios a los Bancos. Relaciono a continuación los que aparecen más habitualmente.

• Cobros indebidos y fraudulentos por razones varias:
• Por “comisión de descubierto” en cuentas en la que no se han autorizado descubiertos.
• Por retraso en la firma de pólizas cuando no es causado por el cliente, sino por la entidad.
• Por cuentas que se creían canceladas y que por error u olvido no se cancelaron en su momento sin que las entidades avisaran de ello.
• Por emisión del cheque destinado a la cancelación el préstamo en las subrogaciones en la hipoteca, cuando es una actuación obligada y no un servicio prestado por el Banco.
• Por gastos de reclamación por un solo concepto pero en diversas ocasiones y en el mismo periodo.
• Por los descubiertos producidos por el uso ilegítimo de tarjetas de débito o crédito.
• Por descubierto a personas físicas que exceden de 2,5 veces el interés legal del dinero, para lo cual a veces las presentan como gastos de reclamación.

• Inclusión en los contratos de hipotecas de una clausula que permite a los Bancos vender los pisos hipotecados en subasta notarial si se produce el impago.

• Utilización del indebido concepto de “cargos varios” para aplicar comisiones cobradas conjuntamente por uno o varios conceptos.

• Prohibición o incluso cobro en ocasiones por cancelación de cuentas en sucursal distinta a la de su apertura.

• ”Colocación” por los directores de sucursales de inversiones, sin explicar su verdadera naturaleza ni informar debidamente del riesgo que conllevan.

• Limitación de los horarios y fechas para efectuar pagos de recibos por ventanilla.

• Girar sucesivamente recibos inatendidos por el cliente para generar gastos múltiples de reclamación por la misma deuda.

• Exigir nuevas tasaciones de los inmuebles, cuando ya han sido tasados por otra entidad, alegando que no son tasaciones homologadas, para que la empresa de tasación del Banco vuelva a cobrar a los clientes.

• Requerir el pago de los préstamos vencidos sin respetar la confidencialidad, enviando comunicaciones abiertas, faxes a lugares de trabajo u otros donde se hace pública la situación de los clientes afectados para presionarlos, o incluso comunicándolo a terceras personas.

• Negativa a hacerse cargo de los importes sustraídos por uso fraudulento de tarjetas bancarias, aduciendo para ello razones inapropiadas o simplemente aprovechándose de la ignorancia de los clientes.

• Incluir a los deudores directamente en las listas de morosos sin presentar previamente la debida reclamación.

• Ocultación de la documentación relativa a las operaciones bancarias a petición de los clientes, argumentando que son estos los que deben conservarlas.

• Embargo, sin respetar las limitaciones establecidas por la ley, de saldos en cuentas que sirven habitualmente para el abono de sueldos, salarios o pensiones.

• Envío de tarjetas de crédito que no han sido solicitadas por los clientes y reclamación de comisiones de emisión, renovación o mantenimiento si los clientes tratan de recharzalas.

• Realización de anotaciones en cuenta sin el consentimiento de su titular o sin disponer una autorización genérica para el adeudo.

• Negativa de las entidades a pagar recibos de hipotecas o tarjetas de crédito cuando las cuentas están al descubierto, una forma indebida de presión para que los clientes se pongan al día y regularicen la cuenta.

• Hacer cargar a los clientes con gastos de correo excesivos, por ejemplo, cargando tantos como documentos vayan en el envío, o haciendo que los pague íntegramente el cliente cuando se acompaña información de la que se beneficia el Banco.

• Sustitución de las hojas de reclamaciones oficiales por otras sin sello ni validez.

• Modificación sin el consentimiento de los clientes de condiciones de contrato relativos, sobre todo, a tarjetas o mantenimiento de cuentas.

• Sustracción de dinero de cuentas con varias personas titulares por deudas de una de ellas.

• Ignorar órdenes de clientes.

• Reintegrar al portador sin comprobar su identidad, o permitir que personas no autorizadas puedan ordenar operaciones que afectan a un tercero.

• Redondeo al alza de los tipos de interés.

No digo que todos los Bancos hayan cometido este tipo de engaños, ni con todos sus clientes. Es simplemente una escueta relación de los que han sufrido muchos miles de españoles. No en una o dos ocasiones, sino también en miles de ellas. Tampoco digo que todas se hayan quedado sin castigo o que no se haya resarcido nunca a los clientes afectados. Pero sí creo que se puede afirmar que cuando todo esto ha sido tan generalizado, cuando la estafa, el engaño y las malas prácticas bancarias se han extendido tanto y han producido daños a tantísimas personas, lo lógico en un país mínimamente democrático hubiera sido que las instituciones se hubieran levantado y hubieran tratado de actuar, sin obligar a que la defensa ante esa pandemia de abusos fuese una pura acción individual.

En lugar de eso, las autoridades han llamado a los banqueros a sus despachos, les han reído la gracia y se han puesto a aplicar con la mayor diligencia las medidas que les reclamaban, hundiendo así mucho más a nuestra economía y arruinando a más personas. Han creado y consentido un régimen de auténtica impunidad para los banqueros, que es totalmente incompatible con la democracia, con la justicia y con la eficiencia económica que se necesita para salir de la crisis.