Durante 100 años los partidos tradicionales llevaron a los hijos del pueblo a la guerra, en función de intereses que beneficiaban fundamentalmente a las grandes élites. Sin embargo en los sectores del pueblo empezaba a hacerse incontenible el clamor de los viejos problemas ir-resueltos y los nuevos conflictos sociales que aparecían. Al avanzar el siglo XX el campesinado seguía sin acceso a la tierra, y el naciente movimiento obrero que luchaba por las reivindicaciones laborales más elementales era tratado no como un problema social sino de orden público, como lo mostraban los luctuosos hechos de Ciénaga en 1928.
Cabe resaltar que en dicho periodo de tiempo se organizan las ligas campesinas, compuestas por campesinos que trabajaban en las grandes haciendas cafeteras, y exigían aumento de sus salarios, y que las pesas con las cuales medían su trabajo, y por lo tanto su salario, estuvieran calibradas. Dicho movimiento agrario se fortalece con el incipiente proceso de Reforma agraria bajo la consigna “la tierra es para quien la trabaja”, pues les permitió apropiarse de los terrenos baldíos. Esta reforma fue implementada a través de la ley 200 de 1936 bajo la presidencia de Alfonso López Pumarejo. “Pero la reforma se suspendió en 1944 por presiones del Partido Conservador y de los mismos terratenientes liberales. Y aquí comienza a liquidarse la reforma agraria. La parálisis del proceso de distribución de tierras, fue lo que creó una condición general de violencia, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. Esto es un hecho significativo de este periodo. Es la gasolina de toda la violencia”.
La violencia generada por el Partido Conservador, concebida como oposición beligerante a la “chusma” –como definían al campesinado- da origen en la década de los años 40’s a la organización de grupos irregulares armados, llamados chulavitas o también conocidos como pájaros en diferentes zonas del país, que operaron junto con la policía con una clara orientación del Partido Conservador y la bendición de la Iglesia Católica. Estos grupos son los antecedentes de los paramilitares, pues el objetivo fue y actualmente es el mismo: desplazamiento, para eliminar al opositor con la muerte y destinar las tierras usurpadas a proyectos productivos agropecuarios. Las tierras o los lotes que quedaban “limpios” de liberales, los conservadores las daban a los chulavitas como forma de pago de estos “favores”, mientras a los campesinos desplazados les quedaban tres opciones: ir a las ciudades a convertirse en trabajadores, colonizar la montaña (selvas o páramos) ampliando la frontera agrícola o “enmontarse” y proteger la vida.
Estos graves hechos de violencia se agudizan con el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, lo cual marca un recrudecimiento de la violencia tanto en la zona rural como urbana de ese entonces, cuyos mayores impactos agudizaron la acciones de los chulavitas en las zonas rurales del país. La muerte de Gaitán es un símbolo, pero no es el inicio mismo del conflicto armado actual, ya que éste se enraizaba en la tozuda y violenta respuesta latifundista a la justa reivindicación campesina, aunada a la política de Estado de persecución contra la oposición política y social.
En respuesta a la violencia que estaba generando los terratenientes, los campesinos que huyeron hacia la montaña se organizaron en grupos de resistencia armada. Estos grupos de tuvieron diferentes tendencias ideológicas y formas de actuar en medio de la violencia, variando de acuerdo a la región donde se encontraban. Es así como gran parte de estos grupos fueron organizados por el Partido Liberal en los años 50´s y apoyados económicamente por los comerciantes, ganaderos y terratenientes de este partido. Paralelamente, en las antiguas zonas de las ligas campesinas, cuyas orientaciones provenían del Partido Comunista, se organizan grupos de autodefensa, los cuales buscaron una solución para los campesinos que las conformaban, pues se armaron para proteger su vida, y la posibilidad de vivirla dignamente: mediante la posesión de tierra para trabajar. Inicialmente estas autodefensas aunque tuvieron una inclinación política, su labor giró en torno a las actividades cotidianas del campesinado de la época.
Las circunstancias que generaron este fenómeno son evidentemente políticas, económicas y sociales, y se relacionan íntimamente. Políticas en el sentido que el inicio del actual conflicto armado fue una respuesta popular a la violencia, que materializaba la forma de ejercer el poder o de gobernar. Y sociales y económicas, en el sentido que las condiciones de vida del campesinado (falta de tierra, pocas vías de acceso, ausencia de escuelas, etc.) y de los trabajadores generaron inconformidad y levantamientos de los campesinos principalmente en una lucha incesante por la tierra, en contravía de la creciente preocupación de los terratenientes.
Estos antecedentes son fundamentales para comprender cómo la historia que se esconde en la violencia bipartidista tiene otra cara: el interés de las clases dominantes de controlar económica y políticamente al país a costa de la muerte y desplazamiento de miles de colombianos. Estas circunstancias sociales, económicas y políticas han tenido cambios en el tiempo, sin embargo la violencia como forma de ejercer el poder en nuestro país, la concentración de la tierra en pocas familias, y la desigualdad social son constantes que aún persisten, siendo las causas principales del conflicto que vivimos a diario. La violencia bipartidista encubrió realmente una guerra de clase, una contra-reforma agraria efectiva y una urbanización obligada que sobre-ofertó obreros para la economía urbana, rebajando los salarios y aumentando las ganancias de las empresas.
Pero precisamente, ante la inexistencia de contradicciones irresolubles entre los partidos tradicionales mientras miles de sus copartidarios se enfrentaban a machete y escopeta, sus jefes naturales hacen las paces en las playas del Mediterráneo, llegando a un gran acuerdo nacional, pero sin el pueblo. Se promueve una política de desmovilización de los grupos armados, a los que acuden incluso las expresiones más radicalizadas de este inmenso movimiento insurgente. Sin embargo, el nuevo régimen ni siquiera está dispuesto a garantizar la vida de los campesinos que han entregado sus armas. En 1960 es asesinado, Jacobo Prías Alape, dirigente de las guerrillas comunistas del Sur del Tolima, llevando a muchos campesinos a temer por sus vidas y refugiarse en zonas de autodefensa.
El conflicto que no se resolvía por la ausencia de garantías para los dirigentes campesinos, arreciará por la intervención directa de los norteamericanos en nuestro país. El imperio del Norte, enceguecido por su confrontación de la Guerra Fría, y ante el efectivo despertar de movimientos guerrilleros inspirados en la revolución cubana por toda América Latina, da la orden del bombardeo a las zonas campesinas macartizadas por el conservador Gómez Hurtado como “repúblicas independientes”. Es así como de la agresión a las regiones de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero, surgen las actuales FARC.
Mientras tanto, otros sectores políticos expresando la inconformidad creciente de capas medias urbanas dan origen a otros grupos insurgentes como el ELN, el EPL, así como a otros tantos. El Estado buscó desde entonces la “salida militar” y declaró la guerra no sólo a estas organizaciones, sino gracias al seguimiento a pie juntillas de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, emprendió una persecución abierta contra cualquier expresión social no afín al régimen, en su paranoica teoría del “enemigo interno”, forma larvada de la actual diatriba anti-terrorista.
Así mismo, volviendo a su vieja usanza, las clases poseedores relanzas sus “pájaros” con especial furor desde la década del 80, ahora bajo el mote de paramilitares, con la innegable anuencia de los altos mandos y coincidiendo con el empoderamiento de los carteles del narcotráfico dentro la elite colombiana. En los 90s este fenómeno se eleva a una verdadera política de Estado, anclada no al combate militar de la insurgencia sino al control político, la persecución al movimiento popular y la salvaguarda de los grandes intereses económicos de los capitales legales e ilegales.
CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO
El proceso histórico del conflicto colombiano no puede explicarse solamente desde sus características armadas sino desde las causas que dieron origen a estas organizaciones que decidieron ejercer la lucha armada.
El conflicto armado colombiano constituye entonces la expresión más evidente de un profundo conflicto social, que tiene su origen en las intensas desigualdades sociales existentes al interior de la sociedad colombiana, así como en el excluyente régimen político colombiano; la concentración de la tierra y de los demás factores de la producción, la exclusión de las mayorías de los mecanismos de toma de las decisiones políticas y económicas, el aniquilamiento físico de la oposición, como en el caso de la Unión Patriótica UP constituyen muestras de dicha realidad. La actual desigualdad social, ha sido una constante en nuestra historia y está fundamentada en el enriquecimiento de un sector minoritario de la sociedad mediante el desplazamiento del campesinado, la explotación de los trabajadores y el empobrecimiento del pueblo colombiano en general.
Pese a lo anterior, la posición oficial del régimen uribista ha sido la de desconocer las raíces sociales del conflicto y limitar la acción armada a un simple actuar de bandas del narcotráfico, donde paramilitares y guerrillas significan lo mismo y su lucha se dá en la competencia que existe por rutas y mercados de la droga. Bajo este argumento la lucha armada no comprende ningún fin político, por lo tanto discusiones como el estatus de Beligerancia, el intercambio de prisioneros y la solución política del conflicto no tiene cabida en la agenda política del gobierno nacional.
Seguidamente otra característica propia del gobierno nacional es la de dibujar la lucha armada y social en el marco de la acción preventiva, el enemigo interno, y los grupos terroristas. Desde esta lógica, todo accionar armado se reduce a hacer parte de una “amenaza terrorista” latente al interior del territorio que quiere atentar contra el gobierno nacional y el gobierno estadounidense. La lucha social se estigmatiza como “apología al terrorismo” y de esta forma se manipula y doblegan las intenciones de cambio y transformación social, generando un hilo de vulnerabilidad sobre las poblaciones y sectores sociales que se atrevan a proponer nuevas formas de vida.
Este sometimiento ideológico se fortalece con la ayuda económica y tecnológica, recibida del gobierno estadounidense y la entrega de territorios para que los militares extranjeros instalen sus bases de dominación supranacional.
Bajo estos preceptos ideológicos del terrorismo, el gobierno nacional desconoce la existencia del conflicto social y armado y cierra toda posible vía que nos lleve a encontrar una solución política y negociada entre los diversos actores.
Ante esta actitud, se contrapone la de la sociedad internacional vecina, principalmente Venezuela y Ecuador, quienes padecen los alcances del conflicto colombiano y sus incidencias en sus propios países. Estos gobiernos han promovido a nivel internacional una cruzada para la solución política y negociada en Colombia, para lo cual han puesto recursos y presupuestos en pro de lograr dosificar los impactos de nuestra guerra nacional.
Así mismo, diferentes organizaciones sociales y populares que recogen varios sectores de la población, han articulado diversas iniciativas en pro de la solución política del conflicto, promoviendo a través de un dialogo fluido con la guerrilla de las FARC–EP, liberaciones unilaterales de rehenes que permitan tomar confianza hacia un acuerdo humanitario, - intercambio de prisioneros de guerra -, como el primer paso, para que las partes logren sentarse en la mesa a dialogar, y así generar caminos de paz que permitan la eliminación de las causas políticas, económicas y sociales promotoras del conflicto y de la desigualdad social que reina en nuestro país.
PERSPECTIVAS HACIA LA SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO
1. El reconocimiento del conflicto en su complejidad es un paso necesario en la búsqueda de su solución. El actual conflicto no se reduce sólo a su dimensión armada, sino que la exclusión de orden económico, político y social se encuentra en la raíz del mismo, siendo parte integrante de éste. Así mismo, el entendimiento de la solución del conflicto como motor de cambio social y el reconocimiento del papel activo que todos los colombianos -no sólo de las partes enfrentadas en la confrontación militar- debemos asumir en su solución, son indispensables en la búsqueda de salidas estructurales y de largo plazo para terminar la guerra.
Otro de los reconocimientos que debe hacerse es que la vía militar como forma de resolver el conflicto ha fracasado, hecho que ha sido demostrado a través de décadas, ya que ha sido la apuesta de “solución” hecha por el establecimiento durante los ya casi 50 años de guerra. El mito de la victoria militar como salida al conflicto no constituye una solución real ni estructural al mismo, puesto sus profundas raíces sociales hacen que su superación vaya más allá de la rendición de alguno de los contendientes armados.
Nuestro largo conflicto social y armado es un problema que debe ser resuelto de raíz, aprendiendo de las experiencias fallidas. La única salida duradera y sólida es la solución política y la búsqueda caminos de paz cimentada en la justicia social. La solución política al conflicto social y armado debe entenderse como el proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas necesario para la superación de las causas estructurales que le dieron origen. La solución política no es la pax romana no como la paz de los sepulcros sino la generación de condiciones económicas, sociales y políticas para que las mayorías tradicionalmente excluidas lleguen a tener condiciones de vida y de dignidad necesarias para la solución de los conflictos por vías diferentes a la armada.
La solución política requiere de la participación y acompañamiento de todas las fuerzas vivas del país, afectadas e involucradas dentro del mismo. Cualquier apertura de diálogos que pretenda construir salidas estructurales al mismo debe iniciarse con la construcción de una agenda de paz que integre los aspectos propios del desarrollo de la guerra, pero también sus causales y combustibles. En estos, deben tratarse los grandes temas nacionales que generen garantías para la paz, estos incluyen la apertura democrática del sistema político colombiano, así como la resolución de problemáticas sociales acuciantes como las de la concentración de la tierra y el desempleo, es decir, se trata de la paz en una condición de justicia social.
Desde el Cabildo Abierto hacemos un llamado a los movimientos sociales para hacer confluir sus propuestas y reivindicaciones con la apertura de un verdadero proceso de diálogo en pos de la salida política. El problema de la guerra y la paz no es una cuestión de los grupos en conflicto sino de toda la sociedad colombiana y nuestro compromiso activo es un deber de todos los demócratas, humanistas y luchadores sociales. Parte angular de una verdadera solución política será un amplio y fuerte movimiento de masas por la paz de nuestro país, deliberativo, propositivo y dispuesto a la movilización en pos del clamor central de nuestro pueblo: la paz con justicia social.
Una solución política del conflicto requiere de un Estado que brinde garantías para la asociación, para la movilización ciudadana y para el ejercicio de la oposición política, en el que la democracia supere el marco limitado de las libertades individuales reivindicadas por la burguesía hacia el reconocimiento de una libertad colectiva que sólo es posible concretar por medio de la justicia social.
Los cambios requeridos para la salida política del conflicto son estructurales, estos deben incluir reformas políticas e institucionales sustanciales, en función de las cuales se hace necesaria la concreción de una nueva Constituyente a través de la cual puedan repensarse las bases sobre las que se construirá el país.
2. El intercambio humanitario de prisioneros constituye un paso esencial en la búsqueda de salidas políticas al conflicto, puesto que éste sigue constituyendo la única alternativa real que existe para garantizar el retorno a la libertad de la totalidad de los retenidos políticos sin poner en riesgo su integridad física. El sufrimiento de los militares retenidos, de los presos políticos y de sus respectivas familias, debe aliviarse cuanto antes, convirtiéndose en un paso certero hacia verdaderos acuerdos que avancen en la finalización de la guerra.
Mientras tanto, el gobierno, sigue sometiendo a los prisioneros a la ruleta rusa de los rescates militares que pueden comprometer la integridad física y la vida misma de los retenidos -cómo ha sido demostrado en múltiples oportunidades-, o al intercambio de dinero por retenidos, bajo fachadas de operaciones rimbombantes o bajo nombres eufemísticos como las llamadas “acciones humanitarias de autoridad” . Esta parece ser la única propuesta hecha por el actual gobierno, síntoma del tratamiento dado por este a los militares retenidos como trofeos de guerra intercambiables por una suma de dinero, poniendo por encima de la libertad de nuestros compatriotas la tozudez de mostrarse fuerte aún a costa del sufrimiento de los cientos de colombianos privados de su libertad.
El intercambio de prisioneros no implica la rendición de ninguna de las partes ni tampoco la desmovilización de quienes son liberados, no constituye tampoco un “intercambio humanitario de claudicación” como argumenta Álvaro Uribe, pues ninguno de los contendientes armados que tienen en su poder retenidos del otro bando estarían declarando su rendición como el concepto de claudicación lo insinúa. No obstante constituye un paso esencial para avanzar hacia la conquista de la tan anhelada paz con justicia social, partiendo del reconocimiento del contrario y la construcción de confianzas para la resolución del conflicto.
El intercambio humanitario tiene antecedentes históricos nacionales e internacionales. Desde el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra firmado entre Bolívar y Morillo en 1820, hasta el Acuerdo de Los Pozos realizado en 2001 demuestran la viabilidad jurídica, política y humana para la libertad de los retenidos por los bandos. No es un problema numérico frente a los prisioneros. Un estado como el de Israel ha firmado un intercambio humanitario en el año 2008 con un grupo como Hezbollá, donde ha liberado importantes 5 importantes presos políticos condenados a cadena perpetua a cambio de recibir los cuerpos de dos soldados israelíes. No hay tampoco impedimento judicial para la liberación de los prisioneros de guerra, ni de la de los presos de conciencia, cuando el mismo presidente Uribe excarceló unilateralmente y extra-procesalmente al guerrillero Rodrigo Granda. El problema del intercambio ha sido y sigue siendo la voluntad política, y desde el Cabildo Abierto seguiremos en la brega por obtener escucha a este clamor.
3. El fracasado proceso de paz con los paramilitares demuestra que la entrega de armas no es garantía para la resolución del conflicto; un proceso truncado ya que no existe ni verdad ni reparación para las víctimas ni para el país, que no se compadece con el ingente daño causado por estas bandas a millones de colombianos.
El paramilitarismo sin dejar de operar se ha renombrado como “bandas emergentes”, “águilas negras”, “BACRIM” y en muchos casos ha legalizado su labor a través de la acción directa de las FFMM oficiales, como lo demuestran los tristemente célebres “falsos positivos.” El verdadero desmonte del paramilitarismo debe partir de una decisión de Estado, atacando realmente a la fuerza social que se esconde tras él: los especuladores del negocio de la tierra, las grandes transnacionales, los altos mandos militares, y los gamonales del clientelismo, en contubernio todos con las mafias del narcotráfico.
La extradición de los máximos jefes desmovilizados ha dificultado en extremo las claridades necesarias sobre los crímenes de guerra cometidos, sus cómplices y la continuidad de la violencia paramilitar en la actualidad. El retorno de los jefes paramilitares a Colombia para rendir cuentas ante nuestra justicia, para pagar por los crímenes cometidos en nuestro país y para cumplir con su deber de informar toda la verdad oculta hasta hoy en torno a su financiación, apoyo y relacionamiento, es una condición ineludible para la paz. Las tierras y demás bienes arrebatados a sangre y fuego a los campesinos y al pueblo colombiano, deben volver a sus verdaderos dueños y no seguir extraviadas entre los testaferros y el Estado.
4. La superación del conflicto social y armado requiere de unas Fuerzas Militares para la paz, cuya base sea un nuevo mando militar formado en la defensa de nuestra soberanía nacional y el respeto a las libertades ciudadanas; Colombia necesita una nuevas FFAA purgadas de la Doctrina de Seguridad Nacional con base en la cual ha actuado durante décadas bajo el supuesto de la existencia del “enemigo interno”. La depuración de la oficialidad implicada en violaciones de DDHH en asocio con el paramilitarismo y el narcotráfico, en asesinatos de civiles como los denominados “falsos positivos” y en casos de corrupción, es otra de las tareas ineludibles hacia la consolidación de la paz. Se requiere barrer con cualquier resquicio del fuero militar detrás del que pretenden esconderse los criminales de guerra y rechazar firmemente los intentos fascistas por la restitución de modalidades afines a la impunidad.
El presupuesto de estas FFMM debe ser coherente con las nuevas necesidades del país; no es sostenible para un país que aspira saldar la brecha social que ha sido combustible del conflicto armado, mantener un presupuesto militar cercano al 7% del PIB requiriendo cada año el aumento de la carga tributaria para alimentar la guerra como sucede en la actualidad, con un pie de fuerza hipertrofiado que se ha cuadruplicado en la última década y un pasivo pensional que crece hacia el infinito. En ningún otro momento de la historia colombiana el porcentaje de inversión en guerra fue tan alto, este presenta una tendencia creciente desde el año 1991, pasando del 2% al 6,32% en 2007 y al 6,5% en 2008. Este corresponde al más alto nivel de inversión en guerra del continente americano y a uno de los más elevados del mundo, por encima de Estados Unidos (4,04% del PIB) o los países europeos pertenecientes a la OTAN (alrededor del 2% del PIB). La salida política al conflicto requiere de la reducción y readecuación técnica, presupuestal y operacional del Ejército para la preservación de paz en las fronteras; la Policía deberá reorganizarse para garantizar la seguridad ciudadana.
5. Una salida política requerirá también del cese de las políticas intervencionistas que han estado presentes en las diversas etapas del conflicto y que han constituido uno de los motores centrales de su escalamiento. El episodio más reciente de intervencionismo en el conflicto colombiano lo constituye la firma del denominado “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad” entre Colombia y los EEUU, en el marco del cual se autoriza al personal militar norteamericano el acceso y uso de al menos siete (7) bases militares colombianas. Estas bases neocoloniales, aunadas a décadas de intervención militar directa a través de asesores, financiación, instructores, ayuda técnica y demás son violatorias a nuestra independencia y mancillan la gesta patriótica por la que regaron su sangre los colombianos hace 200 años.
La decisión de Washington de hacer expresa su participación en la guerra colombiana se explica gracias a que nuestro conflicto se ha convertido en una verdadera conflagración regional. De forma vergonzosa el suelo patrio se ha convertido en la cabeza de playa de los yanquis para la agresión a los gobiernos alternativos de Suramérica. Por ello la paz en nuestro país, es la paz para el continente: el desarme de las bases norteamericanas, el retiro de la IV Flota y el desmonte del Plan Colombia II, son caminos certeros para desactivar la carrera armamentista que perjudica a la región.
Dada esta dimensión del conflicto colombiano, visualizamos la participación de la comunidad internacional como esencial en el proceso de solución política, enmarcada ésta dentro de los principios de soberanía nacional e independencia política. Planteamos a la Comunidad Suramericana de Naciones, UNASUR, como mediador para el inicio de diálogos de paz, partiendo de escuchar a las partes en contienda.
La búsqueda de la salida política al conflicto requiere de la construcción de propuestas en torno a un nuevo país, así como de la definición de una agenda de lucha y movilización de los sectores sociales comprometidos con esta opción. La Marcha Patriótica y el Cabildo abierto por la Independencia no pueden ser inferiores a esta necesidad histórica, y deben aportar en tal sentido; no puede desaprovecharse esta magnífica oportunidad en la que miles de colombianos procedentes de diversas regiones del país, afectados por el conflicto en sus múltiples expresiones y afines a la salida política nos congregamos para celebrar el bicentenario de nuestra primera gesta independentista, así como la continuación de la lucha por una independencia definitiva. La construcción de una agenda nacional de lucha por la solución política y un gran movimiento de masas por la paz y el intercambio humanitario es una labor histórica ineludible en la que estamos llamados a contribuir.
jjsalinas69@hotmail.com
/Documento Marcha Patriótica/
