El anuncio del presidente de la República de Colombia de que los contactos entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, se produjeron hace dos años, casi al inicio de su gobierno y que los mismos fueron promovido por quien para entonces era el Comandante del Estado Mayor de esa organización revolucionaria, Alfonso Cano da la medida de la guerra y las dimensiones humanas y políticas de transitar hacia la Paz porque, con el mayor secreto y sin modificar sus planes de guerra, ambas partes desarrollaron ese proceso de diálogo, en medio del cual se produjeron diversos acontecimientos políticos y militares de la mayor relevancia, sin que eso diera por terminado el proceso que culminó en la Habano Cuba, con la firma de los cincos puntos de una agenda para la Paz en Colombia y la determinación de pasar de los diálogos a las negociaciones para la solución definitiva del conflicto social y armado interno que ya cumplió 50 años de trágico batallar.

Sin duda, el acontecimiento más importantes de cuanto se produjeron durante ese período de contacto secretos entre el gobierno colombiano y altos representantes del Secretariado de las FARC-EP fue el ataque al campamento del comandante Alfonso Cano, el cual produjo su muerte en combate junto a algunos miembros de su guardia personal; operación personalmente decidida por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional colombianas, Juan Manuel Santos, y que hoy se sabe, tal hecho se dio en el marco de un acuerdo de no paralizar las operaciones militares de ambas partes; por lo que el Secretariado de las FARC-EP se vió obligado a continuar el diálogo, asumiendo tan importante pérdida como parte de sacrificio necesario para alcanzar el objetivo estratégico de la Paz del pueblo colombiano.

Por el lado de la guerrilla, aunque éstas propinaron importantes números de bajas a las Fuerzas Militares y de la Policía, entre las cuales se encontraban una buena cantidad de oficiales de media y baja graduación, lo relevante fue a la base naval del Putumayo, su ofensiva de casi un año contra las poblaciones montañeras del Cauca, como Toribío, y sus afectivos ataques a varias unidades militares en movimiento en zonas del Meta, Aracuca, Guaviare y los Santander, que produjeron elevadas bajas y tensiones en la cúpula militar y política del país, por su escasa capacidad de respuesta frente a las nuevas tácticas de “Dispersión y Concentración” que venía desarrollando las guerrillas de las FARC-EP y que probaban la ineficacia de las unidades élites Omega, entrenadas y equipadas por los asesores norteamericanos para dar muerte a los mandos superiores pero incapaces de controlar y sostener el control de terreno.

Pero fue en el espacio político e institucional del gobierno y en el espacio de la lucha social y política de las fuerzas progresistas en donde sintió con mayor fuerza esta fase preliminar y secreto del proceso dirigido a construir las bases de la negociación por cuanto el gobierno dio un giro histórico en la postura del Estado Colombiano, al lograr la aprobación de la Ley de Victimas, en cuyo contendido se reconoció, explícitamente, la existencia de un Conflicto Interno, dejando a una lado la ridícula calificación de ”Orden Público, lo que eran hechos de guerra entre dos fuerzas enfrentadas; lo que no modificó el escenario de la guerra, pero “sinceró” el carácter de Fuerzas Beligerantes de la Partes, con base a los Acuerdos de Ginebra de 1.949, lo que condiciona el tratamiento jurídico que se le deberá dar a los Jefe, mandos y las tropas de las FARC-EP en el periodo de desmovilización, muy lejos de los canallescos calificativos actuales de las empresas burguesas de la comunicación y los mandos militares y de la policía.

Junto a ello, la amplia y victoriosa lucha estudiantil universitaria contra la privatizadora Ley 30, el la movilización de la Minga Indígena por sus territorios y, el desarrollo de la lucha Campesina y Afrodescendiente por la Paz y la Recuperación de sus Tierras; así como, la unificación de cientos de organizaciones populares de los más diversos signos en una movimiento político por la Paz, La Democracia y la Justicia Social en Colombia, con la denominación de Marcha Patriótica y la vocería de la “Senadora del Pueblo”, Piedad Córdova, obligó a una relativa contención represiva del gobierno en el control de las manifestaciones y el tratamiento de las reuniones, pronunciamientos y líderes de tales procesos socio-políticos; todo lo cual hoy hace evidente que el presidente Juan Manuel Santos debió también pagar un elevado precio político en el manejo de tales hechos, dadas las criticas y acusaciones que el narco-paramilitar expresidente Alvaro Uribe Vélez vertía sobre su gobierno, acusándolo de debilidad frente a la insurgencia y sus aliados políticos.

Pero además de los principales actores de esta contienda política y militar, el gobierno del Comandante Hugo Chávez, comprometido como ha estado con la Paz en la República de Colombia, también tuvo que pagar el ingrato precio de quienes por “Ruptura de la Confianza”, falta de visión estratégica o ultraizquierdismo, asumieron posiciones difamatorias contra el líder bolivariano cuando, en cumplimiento de su compromiso con el proceso de diálogo para la Paz, se vio obligado a tomar difíciles decisiones de Estado que evitaron se “descarrilara” ese proceso tan importante para la Paz en Colombia y el proceso de integración y unificación de América Latina y el Caribe.

Por desgracia, con unas negociaciones en medio de la continuación del conflicto social y armado, muchas podrán ser las nuevas circunstancias que pongan a prueba la voluntad de Paz del Estado Colombiano y las FARC-EP, pero los graves hechos producidos en esta fase inicial y la posición firme de las Partes de continuar el proceso de diálogo, parecieran confirmar que en esta oportunidad, más podrá la valentía de la Paz que la fuerza de las armas.

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