Colombia acaba de ser estremecida por una sentencia no apelable de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la cual está sometida por voluntad propia desde 1948, que redefine sus límites geográficos al otorgar a Nicaragua una extensión marítima en el Archipiélago de San Andrés, en manos colombianas desde el Tratado de 1928 entre ambas naciones. Al momento de la firma de los acuerdos, Nicaragua estaba ocupada por EEUU, lo que la llevó en 1980 al gobierno de Daniel Ortega a declararlos nulos, y en 2001, ya sin Ortega en la Presidencia, a demandar el caso ante la CIJ, la cual, en 2007, falló negando las objeciones de Colombia.
Colombia, muy respetuosa de los organismos internacionales, ha señalado su desacuerdo con la sentencia, su desacato a ésta y amenaza con retirarse del Pacto de Bogotá de 1948, cuando aceptó la autoridad de la CIJ. Es decir, los organismos internacionales son válidos si nos dan la razón, si no lo hacen hay que retirarse de los mismos. Lo importante parece ser el interés nacional, lo que se demuestra con el apoyo contundente de todos los partidos al Gobierno en su rechazo de la decisión de La Haya. Diputados y senadores de distintas tendencias han dicho que no alterarán los límites de Colombia, sólo posible por reforma constitucional, para ajustarlos a la sentencia. Antes que los intereses políticos están los nacionales.
El rechazo se ha extendido unánimemente a la prensa colombiana, los militares, los expertos universitarios, los pobladores de las islas del archipiélago, mientras el Gobierno ha mantenido el patrullaje naval en las aguas ahora nicaragüenses. Faltan por pronunciarse las FARC y grupos guerrilleros, para tener la unanimidad de la nación colombiana. Nicaragua, por su parte, aunque no fue favorecida sino en un pequeño porcentaje de sus reclamos, festeja la decisión de la Corte. Allí también los intereses nacionales privan sobre las diferencias políticas. Al parecer, los únicos sin intereses nacionales prioritarios son los venezolanos, quienes quieren al prójimo más que a ellos mismos.
La decisión de la CIJ, el rechazo colombiano y el jolgorio nica, han puesto en aprietos a la oposición dura de la MUD, siempre al lado de Colombia, pero que ahora le cuesta apoyar su desconocimiento de la CIJ, pues ha enfrentado decisiones parecidas del presidente Chávez. Apoyar a la CIJ, además, significaría apoyar a la Nicaragua de Ortega, algo inaudito para ellos. Pero los otros en apuros son los talibán del Gobierno, que deberían apoyar a Santos en su desconocimiento de la Corte, pero el fallo a favor de Ortega (así lo ven) se los impide. Tan complicada es la situación, que no he visto hasta ahora la posición oficial de la Cancillería venezolana.
Colombia y Nicaragua están claras en la defensa de sus naciones, donde los límites son vitales. Los venezolanos progresistas no son afectados por el tema, les importan sí las republiquitas aborígenes y afrodescendientes.
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