Que algunos derechistas pidanpúblico perdón luego detranscurridos cuarenta años del comienzo del genocidio, parece un acto humanamente válido pero políticamente extraño a estas alturas, a menos que haya un importante objetivo político escondido tras él.

Arturo Alejandro Muñoz

“SENTIR QUE ES un soplo la vida, que veinte años no es nada…”, así reza la letra de “Volver”, el famoso tango compuesto por Gardel y Le Pera en la década de 1930. Y si para esos dos inolvidables porteños veinte años no es nada, seguramente muchos políticos derechistas chilenos han de considerar que cuarenta años son sólo una minucia, un lapso ínfimo que va de anoche a hoy día.
Ese ha sido el tiempo que demoró el sector derechista para reconocer que Pinochet y su pandilla no constituyeron un “gobierno militar”, sino, claramente, una feroz dictadura donde los derechos humanos más elementales fueron violados sin conmiseración. Parece broma, pero no lo es. Cuatro décadas necesitaron algunos dirigentes del bloque oficialista (que en una u otra medida tuvieron activa participación en el gobierno dictatorial) para aceptar una verdad que en el resto del mundo nadie discute.
¿Qué podría haber instado a un dirigente de la coalición de gobierno a realizar ‘arrepentimiento y solicitud pública de perdón’? Uno esperaría que lo anterior obedeciese a sinceridad de alma, pero de inmediato se recuerda que estamos próximos a una elección… y no a una elección cualquiera, ya que esta vez se unen los comicios parlamentarios con el presidencial y, además, con la elección de CORES (Consejeros Regionales). Toda la carne (política) lanzada a la parrilla en un asado donde la derecha dura es consciente de ir perdiendo, y por mucho, cuando resta sólo un par de meses para ese evento.
Nadie puede discutir que el senador Hernán Larraín abrió en la derecha los espacios para que el resto de sus aliados en el bloque aliancista realizara algo similar, pero tampoco resulta aventurado opinar que lo hizo con la mira puesta en las elecciones, entendiendo que la batalla relevante no es ya la presidencial (que ciertamente el senador da por perdida), sino la parlamentaria, pues será en el Congreso donde se decida el devenir de este sistema binominal –y de esta Constitución- que día a día va encontrando más adversarios dispuestos a jugar una carta que aterra no sólo a Larraín sino al duopolio en su totalidad: la de la Asamblea Constituyente.
Los dirigentes de la Alianza (UDI/RN) no sienten temor alguno ante lo que parece inevitable: el ascenso, por segunda vez, de la doctora Bachelet al sillón presidencial, pues tienen claro que ella –en un significativo porcentaje- coincide con la ‘visión país’ que caracteriza, al menos, a uno de los socios del conglomerado derechista, a RN. El problema, entonces (para la derecha, obviamente), radica en la futura composición del parlamento, ya que las movilizaciones sociales (potentes, efectivas) generaron un nuevo espíritu en los referentes políticos, en especial en aquellos cercanos al progresismo y, por cierto, con mayor razón en los que siempre han sido izquierdistas en serio.
Algunos de esos referentes forman parte de la llamada ‘Nueva Mayoría’ (la Concertación), por lo que según la derecha chilena ello redundaría en la disparidad de criterios concertacionistas respecto a temas de importancia mayor, como por ejemplo: nueva Constitución Política del Estado, asamblea constituyente, sistema electoral no binominal, política energética, presente y futuro de la educación pública, estructuración de un nuevo sistema previsional, posición de Chile en la comunidad latinoamericana, renacionalización de recursos minerales, etcétera, temas que de ser zanjados favorablemente a la posición de quienes sustentan cambios de fondo, derrumbaría gran parte del actual andamiaje político-económico, dando por fracasado el plan piloto neoliberal que el FMI, el Banco Mundial y EEUU llevan a cabo en nuestro país, lo que significaría el término de la política que ellos, junto al empresariado transnacional, deseaban continuar imponiendo en todos los países del continente.
Por cierto, lo anterior (si se concretase) significaría también –en gran medida- un enorme alivio para naciones como Venezuela, Ecuador y Bolivia, las que llevan un lustro o más luchando por zafarse del tutelaje (o yugo) estadounidense, abriendo puertas además a países como Argentina y Uruguay para que sigan aguas similares.
Hernán Larraín tiene muy clara tales situaciones. Sabe que el destino de su propia ideología ultra neoliberal se jugará no en la lucha presidencial, sino en la batalla electoral por los curules del Parlamento. Sabe también que su declaración de ‘arrepentimiento’ no cambiará el escenario de la lucha Bachelet-Mathei, pero tiene fe en que al menos podría calmar aguas en sectores históricamente tibios (y que por fin se han alineado en la vereda de las críticas a la bestialidad de la dictadura), logrando incrementar el número de sufragios que le permitan, a la derecha y a sus socios transnacionales, evitar doblajes y, por supuesto, mantener los vetos en el Congreso a objeto de permitir sólo maquillajes al sistema, pero jamás cambios profundos.
En resumidas cuentas, el senador Larraín es plenamente consciente de que el futuro de su coalición, del andamiaje neoliberal y del sistema de democracia protegida y tutelada (por USA), dependerá esta vez no ya de la elección presidencial, sino, definitivamente, de los comicios parlamentarios. Es por ello que para amplios sectores del conservadurismo, los 40 años que han transcurrido desde el inicio del gobierno totalitario derechista-militar a la fecha de hoy, constituyen una especie de “soplo mínimo” en la esfera del tiempo, ya que muchos aliancistas –en especial los de mayor edad- creen estar enfrentados, nuevamente, a los mismos cambios y medidas que el 50% de los chilenos exigía e impetraba en la administración del doctor Salvador Allende.
Esta vez, para total desconsuelo de los fundamentalistas de la derecha, el porcentaje de chilenos que desea tales cambios supera con largueza el 70% del padrón electoral y el 80% de la sociedad civil.
Por esos motivos entonces, para algunos parlamentarios como Hernán Larraín, pedir perdón y mostrar arrepentimiento por lo hecho y no hecho durante los 17 años del genocidio, resulta ser un paso necesario en orden a evitar que a la derecha y a sus asociados sigan escapándoseles los votos que serán vitales para el mantenimiento del statu quo legislativo a través de la aplicación de vetos.