A los 15 municipios del departamento de la Guajira, cuya población más pobre vive una situación dramática como consecuencia de la sequía y pobreza, les cabe una gran responsabilidad en la solución de los actuales problemas sociales, por desgracia eso lo impiden los grupos mafiosos imperantes.
El Departamento de la Guajira está organizado en 15 municipios. Riohacha, Maicao, Uribia, Dibulla, Fonseca, Albania, El Molino, Distracción, San Juan del Cesar, Barrancas, Hato Nuevo, La Jagua del Pilar, Manaure, Urumita y Villanueva, son las jurisdicciones locales de esta región colombiana.
La Constitución nacional y las leyes reglamentarias en la materia, definen al municipio como la entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.
Pero si de algo no cabe hablar en el caso de la Guajira es de desarrollo social, de bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes e indígenas Wayuu. Esta zona del país, periférica, es un ejemplo del subdesarrollo y el atraso. Depositaria de una amplia riqueza minera que facilita la explotación del carbón, el gas y los hidrocarburos, costa afuera, la misma no se refleja en las condiciones de vida de los casi 900 habitantes que allí hacen sus vidas. Las multinacionales se llevan todo merced al despojo arbitrario de los recursos.
La institucionalidad existente, reflejada en la Gobernación y las Alcaldías, son estructuras controladas por poderosas mafias del narcotráfico y el contrabando de gasolina, cuyos presupuestos son desviados hacia núcleos sociales y políticos minoritarios, mediante la corrupción y apropiación delincuencial de la contratación y el gasto social.
Adicionalmente, los 15 municipios de la Guajira, están sumidos en un agudo deterioro institucional. A pesar de que en años recientes se han adelantado planes para fortalecer su capacidad de gestión, la manipulación hecha por los grupos políticos tradicionales, los han convertido en desvencijados dispositivos sin ninguna fortaleza para asumir las problemáticas sociales, políticas y económicas.
En esos municipios no existen las herramientas modernas de la Nueva Gestión Pública. Contratan a dedo, no hay planeación adecuada y el control social sobre el gobierno no se permite porque los mecanismos de la democracia participativa se desconocen, manipulan, sobornan o se destruyen con la violencia de las bandas criminales que operan al servicio de los mas reconocidos jefes políticos. Es frecuente el asesinato de veedores ciudadanos y las rendiciones de cuentas de los Alcaldes es una lista interminable de mentiras.
Alcaldías como la de Dibulla, El Molino, Barrancas, Riohacha, Albania, San Juan del Cesar y Villanueva, presentan fallas protuberantes en sus estructura administrativa y de gestión, propiciando la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia y la ineficacia en la inversión de sus importantes recursos fiscales que han sido ampliados recientemente con las transferencias de las Regalías petroleras.
En el panorama general de la municipalidad colombiana, compuesta por 1012 alcaldías, Dibulla ocupa la posición 1078, El Molino la 1064, Barrancas la 958, Riohacha, la capital, la 763, Albania, la 737 y San Juan del Cesar, la 708.
Estas ubicaciones son el síntoma de la fuerte decadencia de dichas entidades y de la responsabilidad que les cabe en la actual crisis social provocada por la sequía y el agravamiento de la pobreza de amplios núcleos poblacionales.
El deterioro institucional de los municipios guajiros es el perfecto caldo de cultivo de las redes criminales que actúan libremente por toda la geografía, imponiendo sus sangrientos planes. Hay poderosas familias, como los Geneco, los Ballesteros y otros que, en complicidad con los aparatos armados y judiciales, utilizan las entidades públicas y sus presupuestos para consolidar poderes mafiosos.
La Guajira es un territorio sin Dios ni Ley. A merced de los peores delincuentes.
La Guajira necesita fortalecer su sociedad civil, y esto es posible mediante la construcción de un amplio movimiento democrático que reúna las diferentes organizaciones sociales de la región.
Para el lunes 11 de agosto está anunciada una importante movilización popular que presenta un calificado nivel de estructuración y que debe ser el punto de partida de una acción colectiva para cambiar las cosas en el Departamento. Los ejes centrales de esta presencia colectiva están referidos a la democracia, la paz, la lucha contra la pobreza, la defensa de lo público y al rescate de las instituciones locales y regionales, para arrebatárselas a las bandas criminales que ya han sido caracterizadas e identificadas, pero que para ser erradicadas necesitan de la voluntad del gobierno central, con un plan muy efectivo de lucha.
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