El 5 de julio de 2015, el resultado del referéndum convocado por el gobierno de Alexis Tsipras y el Parlamento heleno demostró que el pueblo griego rechazaba masivamente la continuación de la austeridad que continúan queriendo imponer las instituciones que antes actuaban bajo el nombre de Troika. Fue una hermosa victoria de la democracia.

Sin embrago, si se pusiera en práctica el acuerdo concluido el lunes 13 de julio por la mañana, significaría la prosecución de la austeridad en el marco de un nuevo acuerdo plurianual. Y eso está en total contradicción con el resultado del referéndum.

Esa propuesta incluye el abandono de una importante serie de compromisos tomados por Syriza durante su campaña electoral, que, por cierto, le permitió obtener una victoria histórica el 25 de enero de 2015. Syriza comprometió su responsabilidad ante el pueblo griego y sería trágico que no respetara ese compromiso, tanto más cuando ese pueblo le otorgó su claro apoyo tanto el 25 de enero como el 5 de julio.

Las concesiones hechas a los acreedores por el gobierno griego afectan a las pensiones, con una nueva reducción de sus montos (aunque Syriza se había comprometido a reponer el 13er mes para las pensiones inferiores a 700 euros por mes) y un retraso en la edad de jubilación, los salarios continuarán reducidos, las relaciones laborales estarán aún más precarizadas, el aumento de los impuestos indirectos, incluidos los que afectan a los ingresos pequeños, la continuación y aceleración de las privatizaciones, la acumulación de nuevas deudas ilegítimas con el fin de reembolsar las precedentes, la transferencia de activos griegos a un fondo independiente, la continuación del abandono de importantes elementos del derecho de autodeterminación, la limitación del poder legislativo en beneficio del de los acreedores….

Contrariamente a lo que se afirma, que a cambio de estas nefastas concesiones, Grecia obtendrá tres años de respiro y podrá relanzar de manera importante la actividad económica, la realidad mostrará que con el mantenimiento de la compresión de la demanda de las familias y del gasto público será imposible conseguir el excedente presupuestario primario anunciado en el plan.

Las consecuencias nefastas son ineludibles: en algunos meses o a comienzos del año próximo como muy tarde, los acreedores atacarán de nuevo a las autoridades griegas por el no cumplimiento de sus compromisos en términos de excedente presupuestario primario y avanzarán nuevas exigencias. No habrá ningún respiro para el pueblo y para el gobierno griegos. Los acreedores amenazarán con no desembolsar las sumas previstas si no se adoptan nuevas medidas de austeridad. Las autoridades griegas se verán cogidas en el engranaje de las concesiones. |2|

El Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia instituido por la presidente del Parlamento griego estableció en su informe preliminar, que se hizo público los días 17 y 18 de junio de 2015, que la deuda reclamada por los actuales acreedores debe ser considerada ilegítima, ilegal y odiosa. |3| El Comité también demostró que su reembolso es insostenible. Sobre la base de estos argumentos fundamentados en el derecho internacional y en el derecho interno, el gobierno griego puede suspender de manera soberana el pago de la deuda hasta que se obtengan los resultados finales de la auditoría. Esa suspensión de pagos es totalmente posible. Desde febrero de 2015, Grecia pagó 7.000 millones de euros a los acreedores sin que estos hayan desembolsado los 7.200 millones de euros que debían pagar a Grecia según el programa que concluyó el 30 de junio de 2015. Pero hay otros montos de dinero que deberían haber sido abonados a Grecia y no lo fueron: los intereses percibidos por el BCE sobre los títulos griegos, el saldo previsto por la recapitalización de los bancos, etc. Si Grecia suspende el pago de la deuda con los acreedores internacionales, puede economizar cerca de 12.000 millones de euros, que se supone que debe pagar de aquí a fines de 2015. |4| Al suspender el pago de la deuda, las autoridades griegas llevarían a los acreedores a hacer concesiones. Podrían resultar en una reducción radical del monto de la deuda, ya sea por medio de una negociación o de un repudio de la misma.

Es posible permanecer en la zona euro al mismo tiempo que se toman, de manera soberana, medidas de autodefensa y de relanzamiento económico.

Todos hemos podido comprobar que es imposible convencer, mediante una simple discusión, a la Comisión Europea, al FMI, al BCE y a los gobiernos neoliberales en el poder en los otros países europeos de que deben tomar medidas que respeten los derechos de los ciudadanos griegos, así como los de los pueblos en general. El referéndum del 5 de julio, que combatieron, no los convenció. Por el contrario, burlándose de los derechos democráticos fundamentales, radicalizaron sus exigencias. Sin tomar fuertes medidas soberanas de autodefensa, las autoridades y el pueblo griego no podrán terminar con la violación de los derechos humanos perpetrados por las exigencias de los acreedores. Se debería tomar, a escala europea, toda una serie de medidas para restablecer la justicia social y la auténtica democracia. Técnicamente, no es complicado, pero se debe ser consciente de que en el contexto político y con la relación de fuerzas que predominan en la Unión Europea, los países con gobiernos progresistas no pueden esperar ser escuchados ni respaldados por la Comisión Europea, el BCE ni el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Al contrario, tanto esas instituciones, así como el FMI y los gobiernos neoliberales de los otros países europeos, combaten activamente la experiencia que se desarrolla en Grecia con el fin de demostrar a todos los pueblos de Europa que no existen alternativas al modelo neoliberal. En cambio, con medidas fuertes, las autoridades griegas podrían arrancar verdaderas concesiones o simplemente obligar a los acreedores a tomar nota de las decisiones soberanas. Es también fundamental crear una estrategia alternativa suscitando movilizaciones populares masivas en Grecia y en los otros países de Europa. Las autoridades griegas podrían apoyarse en eso para impedir las tentativas de aislamiento que, sin ninguna duda, organizarán las fuerzas opuestas a cualquier modificación en favor de la justicia social. En cambio, un proceso de ese tipo del gobierno griego reforzaría las movilizaciones populares y la confianza en sus propias fuerzas de los ciudadanos movilizados.

Para acompañar la suspensión del pago de la deuda ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible, propongo aquí algunas medidas que se deberían someter con urgencia a un debate democrático, ya que su naturaleza permitiría ayudar a que Grecia se pusiera de nuevo en pie.

1.- Las administraciones públicas griegas constituyen por lejos el accionariado mayoritario de los grandes bancos griegos (que representan más del 80 % del mercado bancario griego) y deberían, por lo tanto, ejercer plenamente el control sobre los bancos con el fin de proteger el ahorro de los ciudadanos y relanzar el crédito interno para sostener el consumo. Por una parte, sería conveniente hacer una valoración de las consecuencias de la participación mayoritaria del Estado en los bancos y conferirles un estatus de empresa pública. El Estado debería organizar una quiebra ordenada de los bancos, vigilando la protección de los pequeños accionistas y de los ahorradores. Se trata de recuperar el coste del saneamiento bancario sobre el patrimonio global de los grandes accionistas privados, ya que son ellos los que han provocado la crisis y luego abusaron del apoyo público. Se podría crear un «banco malo» para aislar los activos tóxicos en vista a una gestión hacia la extinción. Es necesario, que una vez por todas, los responsables paguen por la crisis bancaria, se sanee en profundidad el sector financiero y se lo ponga al servicio de la población y de la economía real.

2. Las autoridades griegas deberían intervenir el Banco Central. Cómo máxima autoridad, se encuentra actualmente Yannis Stournaras (nombrado por el gobierno de Antonis Samaras), quien pone toda su energía en impedir el cambio deseado por la población. Es un verdadero caballo de Troya al servicio de los grandes bancos privados y de las autoridades europeas neoliberales. El Banco Central de Grecia debe ponerse al servicio de los intereses de la población del país.

3. Las autoridades griegas tienen también la posibilidad de crear una moneda electrónica (emitida en euros) para el uso interno en el país. Las administraciones públicas podrían aumentar las pensiones así como los salarios de la función pública, pagar las ayudas humanitarias a las personas, abriéndoles un crédito en moneda electrónica que podría utilizarse para múltiples pagos: facturas de la electricidad, el agua, el pago del transporte público, de impuestos, la compra de alimentos y bienes de primera necesidad en los comercios, etc. Contrariamente a un prejuicio infundado, incluso los comercios privados tendrían interés en aceptar voluntariamente este modo de pago electrónico, ya que, al mismo tiempo, les permitiría vender sus mercaderías y pagar sus cuentas con la administración pública (pago de impuestos y de los diferentes servicios públicos utilizados). La creación de esta moneda electrónica complementaria permitiría disminuir la necesidad de euros que tiene el país. Las transacciones en esta moneda electrónica podrían ser realizadas a través de los teléfonos móviles, como se hace en la actualidad en Ecuador.

El gobierno podría igualmente emitir títulos en papel bajo la forma de IOY (I owe you: yo le debo), equivalentes a billetes de 10 euros, 20 euros…. para hacer frente a la escasez de billetes en circulación. Presentan la ventaja, en relación con la dracma, de que dejan la puerta abierta a una negociación y permitirían a Grecia permanecer formalmente en la zona euro…

4. El control de movimientos de capitales debe mantenerse, así como debe establecerse un control de precios al consumo.

5. El organismo encargado de las privatizaciones debe ser disuelto y reemplazado por una estructura pública de gestión de los bienes nacionales, previa la suspensión de todas las privatizaciones. Estaría encargado de proteger el patrimonio público al mismo tiempo que generaría ingresos.

6. Las nuevas medidas deberían adoptarse en un marco de justicia fiscal, con el fin de reforzar en forma muy clara las medidas ya tomadas, con la decisión de imponer fuertes impuestos al 10 % más rico (y en particular al 1 % más rico), tanto sobre sus ingresos como sobre sus patrimonios. Asimismo, conviene aumentar fuertemente el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas privadas y de acabar con la exención fiscal de los armadores. También es necesario incrementar los impuestos que paga la Iglesia Ortodoxa, ya que en 2014 solamente desembolsó algunos millones de euros en impuestos.

7. Debería decretarse una reducción radical de los impuestos sobre las rentas bajas y sobre los pequeños patrimonios, lo que beneficiaría a la mayoría de la población. Los impuestos sobre los productos y los servicios de primera necesidad deberían reducirse radicalmente. Una serie de servicios de primera necesidad deberían ser gratuitos (electricidad y agua limitadas a un tipo de consumo, transportes públicos, etc,). Estas medidas de justicia social relanzarán el consumo.

8. La lucha contra el fraude fiscal debería intensificarse con la implantación de medidas muy disuasivas contra el gran fraude fiscal. De ese modo, podrían recuperarse sumas importantes de dinero.

9. Un amplio plan público de creación de empleo debería implementarse para reconstruir los servicios públicos devastados por años de austeridad (por ejemplo, en los ámbitos de la sanidad y de la educación) y para poner los primeros jalones de la necesaria transición ecológica.

10. Este apoyo al sector público debería acompañarse de medidas que tengan por objetivo un sostén activo a la pequeña iniciativa privada, que tiene un papel esencial actualmente en Grecia por medio de las microempresas.

11. Realizar una política de empréstitos públicos mediante la emisión de títulos de deuda pública dentro de las fronteras nacionales. Efectivamente, el Estado debe poder pedir créditos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo, realizando trabajos de utilidad pública. Algunos de estos trabajos pueden financiarse por el presupuesto corriente gracias a opciones políticas muy firmes, pero los empréstitos públicos pueden posibilitar la realización de trabajos de mayor envergadura, por ejemplo, para pasar del «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los transportes públicos, desarrollar el recurso a las energía renovables respetuosas del medio ambiente, crear o restaurar los ferrocarriles de proximidad en todo el territorio, comenzando por el urbano y semiurbano, y también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo el consumo energético y agregándoles comodidades de calidad. Se debería también financiar un amplio plan de creación de empleos propuesto más arriba.

Se debería definir urgentemente una política transparente de empréstito público. La propuesta que hacemos es la siguiente: 1) el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida que rompan con la lógica de la destrucción del medio ambiente; 2) el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva con el fin de disminuir las desigualdades. Por ello, proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas estén coaccionadas por via legal a comprar, por un monto proporcional a su patrimonio y a sus ingresos, obligaciones del Estado al 0 % de interés y no indexadas por la inflación, el resto de la población podría adquirir de manera voluntaria obligaciones públicas que garantizarían un rendimiento real positivo (por ejemplo del 3 %) superior a la inflación. De ese modo, si la inflación anual se eleva a un 2 %, el tipo de interés efectivo pagado por el Estado para ese año sería del 5 %. Una medida como ésta de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en Estados Unidos, contra las castas de la India o contra la desigualdad de género) permitiría avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigual de las riquezas.

Finalmente, las autoridades griegas deberían velar por la prosecución de los trabajos de la auditoría y de las otras comisiones que trabajan sobre los Memorandos y los daños de guerra.

Por supuesto hay otras medidas complementarias, que discutidas y decididas con urgencia pero democráticamente, sean susceptibles de completar ese primer dispositivo de urgencia, que puede ser resumido en los cinco pilares siguientes:
La toma del control por el Estado del sistema bancario y de una parte de la creación monetaria.
La lucha contra el fraude fiscal y la implantación de una reforma fiscal justa que aporte al Estado los recursos necesarios para la realización de su política.
La protección del patrimonio público y su puesta al servicio del conjunto de la población.
La rehabilitación y el desarrollo de los servicios públicos.
El sostén a la iniciativa privada de proximidad.

También, es muy importante que Grecia se comprometa en un proceso constitucional con una participación ciudadana activa, con el objetivo de permitir cambios estructurales democráticos. Para realizar este proceso constituyente, hay que convocar, mediante una consulta con sufragio universal, la elección de una asamblea constituyente encargada de elaborar un proyecto de una nueva Constitución. Una vez que ese proyecto se haya adoptado por la asamblea constituyente, la que deberá funcionar recibiendo también las propuestas y los requerimientos que emanan del pueblo, deberá ser sometido al sufragio universal.

En el caso de una exclusión de la zona euro provocada por los acreedores, o en el caso de una salida voluntaria de la zona euro, las medidas indicadas pueden adaptarse, en particular la socialización de los bancos, como fue la nacionalización del sistema bancario que se hizo en Francia después de la Liberación. Estas medidas deberán ir acompañadas con una importante reforma monetaria redistributiva que podría inspirarse en la reforma monetaria realizada después de la Segunda Guerra Mundial por el gobierno belga. Esta reforma tiene por fin tasar fuertemente los ingresos de los que se enriquecieron a costa de los demás. El principio es simple: se trata, durante el cambio de moneda, de no garantizar la paridad automática entre la antigua y la nueva moneda (un euro contra una dracma nueva por ejemplo) que hasta un determinado nivel.

Por encima del mismo, la suma excedentaria debe ser depositada en una cuenta bloqueada y su origen debe ser autentificado y justificado. En principio, lo que excede el nivel de referencia se cambia a un tipo menos favorable (por ejemplo, dos euros contra una dracma nueva); en caso de que se compruebe un origen delictuoso, el dinero puede confiscarse. Una reforma monetaria de este tipo permite repartir una parte de la riqueza de manera socialmente más justa. Otro objetivo de la reforma es el de disminuir la masa monetaria en circulación para poder luchar contra las tendencias inflacionistas. Para que esta reforma sea eficaz, es necesario establecer un control estricto sobre el movimiento de capitales y sobre el mercado de cambios.

He aquí un ejemplo (por supuesto, los baremos pueden modificarse después de un estudio del reparto del ahorro líquido de las familias y la adopción de criterios rigurosos)

De este modo. Se desarrollaría una verdadera lógica alternativa. Y Grecia podría finalmente dejar de estar sometida a sus acreedores. Los pueblos de Europa reencontrarían la esperanza en un cambio a favor de la justicia.

Traducido por Griselda Pinero