Todavia faltan condiciones muy importantes para que se firme un Acuerdo final de paz entre Santos y las Farc.

La Mesa de dialogos debe definir una nueva hoja de ruta para la paz, en la que el tema del exterminio de lideres populares y sociales por los grupos paramilitares oficialistas, es un asunto de la mayor importancia.

Las elites oligarquicas que represetan Santos y De La Calle siguen haciendo politica con armas y masacres de campesinos y lideres de derechos humanos.

La imagen que acompaña este articulo es la foto de Adriano Quintero Moreno, Lider afro de la ciudad de Buenaventura asesinado hace pocos dias por los grupos paramilitares santouribistas del Valle del Cauca y el Pacifico.

Una vez despejados los interrogantes y las cuestiones que rondaban a propósito del 23 de marzo como fecha determinante para la finalización de las conversaciones de paz y la firma del acuerdo de cierre entre el gobierno del señor Santos y las Farc, para los meses por venir se está perfilando otro horizonte de trabajo cuyo objetivo sea la finalización del conflicto social y armado.

Es natural que un proceso tan complejo y con tantas aristas como el que ocurre en La Mesa de diálogos de La Habana tenga ajustes y rediseños a la luz de la experiencia concreta y los resultados tangibles que se han dado hasta el momento.

Todo indica que se hace necesaria una nueva Hoja de ruta para la paz.

Sabemos que todo se inicio con el Acuerdo especial de paz de La Habana de agosto del 2012 y que durante el año 2015 se dieron cambios metodológicos para dar vía a las sub comisiones encargadas de avanzar en puntos álgidos de la Agenda.

Como bien lo ha dicho el señor Humberto De La Calle todavía hay asuntos muy complejos para evacuar y las diferencias son muy radicales entre las delegaciones.

El punto del Fin del conflicto, con los sub temas determinados (Cese bilateral, ZUTs, movilización política de las Farc, eliminación del paramilitarismo, revisión de la situación judicial de los integrantes de las Farc), la refrendación, la implementación y la verificación del cumplimiento de los pactos, demandan debates y formulaciones muy precisas para dejar bien sentadas las bases de una paz con justicia social y duradera.

Un elemento central de las problemáticas pendientes está referido al espinoso nexo de la política con las armas. Las castas oligárquicas dominantes en las regiones y los espacios estratégicos de la nación, se niegan a dejar de utilizar grupos paramilitares y bandas criminales para eliminar los líderes campesinos y populares. A lo largo del 2015 y en los primeros meses del año 2016, ya son centenares de integrantes de organizaciones agrarias, de derechos humanos, indígenas y afros acribillados por pistoleros pagados por poderosos políticos, generales y empresarios. La limpieza social en las grandes y medianas ciudades sigue su curso. En Armenia, por ejemplo, grupos sicariales, financiados por poderosos núcleos de la ciudad, adelantan una arrasadora acción de limpieza y erradicación de habitantes de la calle y de personas consideradas peligrosas por los dueños de la capital quindiana.

Las elites oligárquicas que representan Santos y De La Calle son implacables en el uso generalizado y sistemático de las armas oficiales y de contrabando para prevalecer en todos los ámbitos de la sociedad y el Estado.

Pretenden utilizar la paz para mantener este sistema violento y buscan nuevas ventajas mediante presiones para la dejación de las armas por los guerrilleros en condiciones que en la práctica implica su rendición y consiguiente exterminio en las conocidas Zonas de Ubicación transitoria/ZUT, establecidas de manera unilateral por la reciente reforma al artículo octavo de la Ley de Orden público.

El plebiscito, las facultades de paz para Santos, la Comisión legislativa que ordena un Acto Legislativo en trámite en el Congreso de la República, son elementos que enturbian y dilatan las negociaciones pues con dichas herramientas se pretende desconocer todos los acuerdos hechos hasta el momento en materia agraria, de participación política, erradicación de cultivos de uso ilícito y derechos de las víctimas.

Para despilfarrar los dineros originados en la venta de Isagen, que se repartirán los gamonales del clientelismo oficialista, la Casa de Nariño sigue empeñada en un absurdo plebiscito que contamina los más importantes progresos para terminar la guerra.

Santos se niega a una necesaria e inexorable Asamblea Constituyente como mecanismo adecuado e histórico de confirmación y validación de los pactos de paz.

Una Constituyente de paz, popular y soberana es el instrumento idóneo para iniciar una nueva etapa política en Colombia. Su elección y composición deberá hacerse mediante un sistema electoral alternativo que, con acciones afirmativas, permita la representación mayoritaria de los sectores populares y democráticos de la sociedad nacional.

Así como se pacto una Justicia especial de Paz en el documento con los derechos de las víctimas, distinto a la Jurisdicción ordinaria existente, será necesario establecer un régimen electoral especial, paralelo al corrupto de los caciques y gamonales afectos al régimen, que de garantías por su transparencia y calidad democrática.

Los anteriores son los componentes del repertorio aun pendiente de debates en la Mesa de La Habana.

Desde luego, no se puede obviar que con el pasar de los meses será necesario mirar los vínculos de las conversaciones de La Habana, con el tema de la sucesión presidencial y la escogencia del reemplazo de Santos en la Casa de Nariño.

A la paz y su continuidad no le es ajena la persona que vaya a ocupar el principal cargo del gobierno y el Estado para el periodo 2018-2022.

Lo cierto es que Vargas Lleras está ahí y se trata de un sujeto violento y arrogante cuya prioridad no es la reconciliación entre los colombianos.