En Brasil se ha ido configurando una situación muy peligrosa en términos de estabilidad democrática. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder desde 2003, produjeron una redistribución más equitativa del ingreso lo que redundó en la inclusión de una gran cantidad de ciudadanos y la salida de la situación de pobreza de unos 30 millones de ellos. El presidente Lula abandonó el gobierno en medio de altos índices de popularidad. Sin embargo, a su salida de la más alta magistratura del país, se comenzó a producir un desgaste en el apoyo nacional a la gestión del PT y sus aliados. En las elecciones presidenciales de 2014, su sucesora Dilma Rousseff, que aspiraba a la reelección obtuvo el 51,64%, solo un 3% más que su rival el senador Aecio Neves del Partido de la Social Democracia Brasilera (PSDB).
Cabe destacar que en la primera vuelta de estas elecciones la ex ministra del gobierno del Presidente Lula, Marina Silva obtuvo un 21, 3% y la candidata del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) un 1,55 % de los votos, lo cual es un reflejo del desgaste del PT y la reducción de su capacidad de establecer alianzas. En esa misma elección el PT logró solo 5 gobernaciones de estado, de los 27 que tiene el país.
Así mismo, de los 531 miembros de la Cámara de Diputados, el PT logró elegir a 57 y sus aliados más cercanos 141 para un total de 198 y en el Senado, conformado por 81 miembros, el PT eligió 8, sus aliados 14 para un total de 22.
Estas cifras dan una idea de la extrema debilidad política con que fue elegida la presidente Dilma Rousseff. Esta correlación de fuerzas que ya era conocida incluso desde antes de iniciar su primer gobierno, la llevó a repetir para este segundo mandato lo mismo que Lula en los dos suyos: una alianza de gobierno con el derechista Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB) y con otras fuerzas conservadoras, a fin de que le aportaran la mayoría legislativa necesaria para gobernar con cierta comodidad. Los aliados de derecha del PT, ocuparon entre otros, los cargos de vicepresidente de la república y los importantes ministerios de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; Minas y Energía, Pesca y Turismo, entre otros, así como el estratégico ministerio de Hacienda, asumido por Joaquim Levy, economista con una vasta trayectoria en altos cargos de la banca privada y de reconocida orientación neoliberal. En política, no se debe ser enemigo a priori de alianzas incluso con sectores adversos, el problema de fondo es quien mantiene la hegemonía y, para la izquierda, mantener la hegemonía, significar establecer un profundo enraizamiento con los sectores populares que la llevaron al gobierno. El olvido de esta elemental condición, se suele pagar muy caro.
Las alianzas decididas fueron conduciendo a la autoridad a tomar medidas que iban en contra de los intereses populares, restándole espacio y apoyo en las organizaciones sociales que habían sido el bastión fundamental para la creación de una sólida base de sustentación de los gobiernos del PT. Dilma se apartó de las organizaciones populares, tomando distancia de sus necesidades. Todo esto fue debilitando su base social de sustentación.
Cuando los escándalos de corrupción comenzaron a involucrar a importantes personeros del gobierno y del PT, la derecha encontró una vía para hacerse del poder, tras su cuarta derrota electoral continua y ante la debilidad de Dilma en su relación con los sectores populares que la llevaron a la presidencia.
Sin embargo, esto es un tema y otro, es pretender involucrar a la presidenta y al ex presidente en hechos de corrupción, lo cierto es que no se ha encontrado ningún delito por parte de Lula ni de Dilma. Ha quedado perfectamente claro que se está usando la figura del impeachment para dar un golpe de Estado parlamentario, tal como se hizo en Honduras en 2009 para destituir al presidente Manuel Zelaya y en Paraguay en 2012 contra el Presidente Fernando Lugo. Todo esto, está sentando un precedente nefasto en la historia de América Latina cuando se pone en evidencia que la elección de un presidente puede ser revertida por el parlamento, sin que necesariamente haya pruebas de que se ha cometido un delito. La judicialización de la política, es decir el intento de obtener objetivos políticos por vía supuestamente legal, apoyándose en un poder judicial extremadamente conservador que el pueblo no ha elegido, le va a hacer un daño de incalculables consecuencias a la democracia, augurando un período de inestabilidad política y continuas protestas ciudadanas, no descartándose la realización de acciones violentas.
Lo que se observa en Brasil "es la voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima de respeto por el pluralismo y la aceptación de la diferencia" como lo señala en su blog "Socialismo y democracia" el sociólogo chileno Fernando de la Cuadra, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.
Lo irónico de la acusación contra la Presidenta Rousseff es que de los 513 diputados del Congreso de Brasil, 318 están bajo investigación o enfrentan cargos, igualmente 8 de los 21 senadores que forman la Comisión encargada de dar continuidad a la acusación contra la Presidenta, incluyendo al máximo líder del Senado, Renán Calheiros, al propio ex candidato presidencial derrotado Aecio Neves y al Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha quien ha sido suspendido de su cargo como diputado y jefe de la Cámara Baja del legislativo brasileño, .por su implicación en el caso corrupción de Petrobras, además de haber sido enjuiciado por la comisión de ética de la Cámara de Diputados por mentir sobre la tenencia ilegal de cuentas bancarias en el exterior. Tal vez sea el primer caso en la historia en que un Jefe de Estado es juzgado por virtuales delincuentes.
La decisión de la Cámara de Diputados favorable a la destitución de la Presidenta Rousseff el pasado 17 de abril, traslada la responsabilidad por la decisión final al Senado. Pero antes, los senadores tendrán que decidir por mayoría simple si se justifica seguir adelante con el proceso. No hay un plazo establecido para que esto ocurra y la votación podría demorarse por eventuales apelaciones de la defensa de la Presidenta ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia brasileña.
Si al menos 41 de los 81 senadores votasen a favor de iniciar el juicio político, lo cual a todas luces parece decidido, la presidenta se vería obligada a separarse del cargo por hasta 180 días, mientras que el Senado decide su destino. Entonces, asumiría temporalmente la presidencia el actual vicepresidente Michel Temer, cuyo Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el mayor grupo del Congreso, rompió recientemente con el gobierno, consumándose un nuevo hecho de traición, ya común en la política de estos días.
Las nociones de respeto a la pluralidad, soberanía popular, representación, vocación de servicio, honorabilidad y honestidad administrativa entre otras, vinculadas al quehacer cotidiano de la democracia y la política han sido sustituidos por discernimientos de carácter económico como costo-beneficio, intereses personales, posibilidades de obtener ganancias y poder, lobbies empresariales, financiamiento de campañas y recuperación de la inversión, que han hecho que el discurso con el que durante siglos nos han atiborrado el sentimiento y la razón, no sea más que verborrea barata o dicho en buen castellano, masturbaciones mentales para capturar incautos.
Los sucesos de Brasil demuestran fehacientemente que el poder político está desapareciendo para dar paso a la dictadura de las empresas, los mercados y los poderosos que tienen capacidad de comprar cualquier cosa, incluyendo a los políticos, la mayoría de los cuales no parecen tener problemas en ponerse precios en el mercado. En esa medida, también como lo señala la experiencia brasileña, los partidos políticos han sido desplazados por los medios de comunicación (en particular la cadena Globo) como los creadores de la agenda.
Para revertirlo, hay que cambiar el carácter de la democracia, afirmar su verdadero carácter participativo en el que los pueblos a través de sus organizaciones tengan el papel protagónico, es lo único que garantiza la profundización de un proceso de transformación y la consolidación de su condición de irreversibilidad.
