Con mucho musculo quedó el Acuerdo entre el gobierno y las Farc para dar seguridad a los combatientes revolucionarios que haran la movilizacion politica en la construccion de la paz.

El protocolo establecido es amplio y contundente para avanzar en la erradicacion del paramilitarismo ultraderechista que prepara la arremetida criminal y sangrienta para impedir a como de lugar el fin del conflicto social y armado.

Este acuerdo crea una institucionalidad completa, con presencia de los delegados de las Farc, para adoptar planes y estrategias contra la criminalidad en todas sus expresiones.

Se requiere un examen completo del texto sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Se trata de un formidable avance en la perspectiva de la apertura democratica.

Un componente de los acuerdos firmados el 23 de junio para el fin del conflicto social y armado es el referido a la seguridad de los combatientes guerrilleros en su tránsito a la movilización política y social, que una vez se refrenden el acuerdo final será responsabilidad de 60 guerrilleros autorizados a desplazarse desde los campamentos y zonas de ubicación para iniciar una intensa labor de movilización política revolucionaria y democrática.

La experiencia histórica con los casos de la Unión Patriótica, exterminada por el sicariato de la ultraderecha y de otros movimientos políticos y populares afectados por la arremetida criminal de militares, gamonales y paramilitares, planteaba el reto, para los negociadores de la paz en la Mesa de La Habana, de resolver este espinoso problema para la etapa futura de la construcción de la paz con justicia social y democracia ampliada.

El paramilitarismo y las roscas politiqueras y militares que lo financia están ahí, como una fiera dormida, dispuesta a actuar para impedir que el negocio de la violencia se extinga definitivamente.

Me refiero al caso del Quindío donde no obstante las denuncias que hemos hecho se da el impulso paramilitar por parte de poderosos narcotraficantes, uribistas para más señas, con la colaboración de las redes politiqueras que en los años recientes despojaron las regalías petroleras y mineras.

Las amenazas de Uribe Vélez y su banda criminal no se deben subestimar, son bien reales, pues constituyen el mayor foco de acciones predatorias contra los movimientos políticos que se organicen por los integrantes de las Farc, una vez termine la entrega de las armas y estén sentadas las bases de nuevas plataformas de agitación democrática y social.

El documento firmado por el gobierno y las Farc al respecto de esta materia se denomina acuerdo sobre "Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz".

Se trata de un conjunto armónico de medidas políticas, judiciales y de seguridad que van directo al corazón de los focos de la violencia política organizada, promovida y ejecutada por poderosas elites –locales, regionales y nacionales- rurales, bancarias, empresariales, políticas y militares. Son camarillas violentas que hacen de la guerra un turbio negocio.

Veamos los detalles de lo consensuado.

El pacto está dirigido a brindar protección y seguridad a:

a) todos los habitantes del territorio nacional; b) medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios; c) garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

Medidas necesarias.

Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz.

Esclarecer el paramilitarismo.

El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en la Mesa de conversaciones. (Ver punto5 de victimas).

Principios.

El acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios:

1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. El Estado es el garante del libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades en los territorios.

2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

3. Fortalecimiento de la administración de justicia. en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben contribuir a garantizar el acceso ciudadano a una justicia independiente, oportuna, efectiva y transparente, respetando y promoviendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, de manera que se garanticen los derechos fundamentales, la imparcialidad, impedir cualquier forma de justicia privada y hacer frente a las conductas y organizaciones objeto de este acuerdo. Estas medidas también deben contribuir a garantizar una administración de justicia efectiva en casos de violencia de género, libre de estereotipos basados en género o la condición sexual y sanciones proporcionales a la gravedad del hecho.

4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública. se enfrentarán las formas de economía ilegal y rentas criminales vinculadas al crimen organizado, entre otras, trata de personas, el narcotráfico, la extorsión o coerción ilegal, el contrabando, el lavado de activos, las cargas impositivas que estén por fuera del monopolio del Estado y la minería criminal. No podrá considerase como tal la minería artesanal tradicional.

5. Enfoque territorial y diferencial. En el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas de seguridad que se adopten deben tener un enfoque territorial y diferencial que tenga en cuenta las diferentes amenazas, particularidades y experiencias de las personas en su diversidad, de las comunidades y los territorios, con el fin de poner en marcha los planes y programas de construcción de paz y dar garantías a la población, incluyendo al nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil, para así contribuir a una mayor gobernabilidad, legitimidad y el goce efectivo de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos.

6. Enfoque de género. : se pondrá especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes han sido afectados por las organizaciones criminales objeto de este acuerdo. Este enfoque tendrá en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres contra su vida, libertad, integridad y seguridad y serán adecuadas a dichos riesgos.

7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la coordinación y corresponsabilidad entre todas las instituciones del Estado es necesaria para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en materia de seguridad, para lo cual se deberá asegurar la articulación de las instituciones del orden nacional, departamental y municipal.

8. Participación ciudadana.

9. Rendición de cuentas.

10. Garantías de No Repetición. el Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres y violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Compromisos del Gobierno y las Farc.

Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a:

Gobierno nacional.

El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática.

Compromisos de las Farc.

Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales.

Pilares de las medidas de seguridad.

1. Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional:

Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo y neoparamilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.

El Gobierno Nacional y el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, se comprometen a promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y movimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la Nación, la sociedad organizada y las comunidades en los territorios, sindicatos, el Consejo Nacional Gremial y los diferentes gremios económicos, los propietarios y directivos de los medios de comunicación, las iglesias, la academia e instituciones educativas, las organizaciones de mujeres y de diversidad sexual, de personas con discapacidad, jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las organizaciones de víctimas y de defensoras y defensores de derechos humanos y las demás organizaciones sociales.

Este Pacto Político Nacional que deberá ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos/as vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. En este sentido, el Gobierno Nacional se compromete a poner en marcha el proceso legislativo necesario para incorporar a la Constitución la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias. Además se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos/as.

2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad será presidida por el Presidente de la República, estará conformada por el Ministro del Interior, Ministro de Defensa, Ministro de Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Director de la Unidad Especial de Investigación -punto 74 de la Jurisdicción Especial para la Paz-, Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, dos (2) representantes del nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, dos (2) voceros en representación de las plataformas de derechos humanos y paz, y podrá invitar representantes de los partidos y movimientos políticos. La comisión podrá invitar organismos nacionales e internacionales especializados con presencia en los territorios y podrá apoyarse en experto/as sobre la temática cuando lo estime conveniente. La Comisión se conformará antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final. En la conformación de la Comisión se promoverá la participación efectiva de las mujeres.

3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.

4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2 "Participación Política", la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios.

Medidas complementarias.

El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias:

1. El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales objeto de este acuerdo.

2. La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo.

Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales.

Es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas.

Medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

La anterior es la plataforma establecida para determinar de manera puntual una ruta que lleve a eliminar las amenazas a la paz por parte de los grupos paramilitares.

En adelante lo que viene es un compromiso muy sólido para aplicar los acuerdos en esta materia y avanzar de manera consistente en la eliminación del paramilitarismo que sigue contando con amplios apoyos en los aparatos militares y policiales del gobierno con la financiación de los poderosos dueños de la economía en las regiones.

Vamos a examinar en detalle cada parte de este trascendental acuerdo que de hecho implica un replanteamiento de los aparatos armados del Estado, empeñados aun en seguir al pie de la letra los manuales de la contrainsurgencia anticomunista.