Aun no alcanzamos a interpretar el terremoto político registrado el pasado domingo 26 de agosto en que casi 12 millones de colombianos, -con su modo de ser, con su cultura política-, salieron a expresar un generalizado repudio a la corrupción que carcome al Estado y sus instituciones políticas, secuestradas por una casta podrida organizada en facciones delincuenciales cebadas en el despojo y el asalto descomunal de las rentas públicas.
La potencia de la multitud, para evocar a Negri, se expresó en forma muy contundente y ese mensaje hay que asumirlo en toda su fuerza y disposición.
Al igual que las recientes votaciones legislativas y para Presidente de la Republica, en la Consulta asistimos a un salto político sin antecedentes históricos. En la sociedad, en el pueblo y en la nación han madurado unas condiciones muy particulares que llevan a concluir que la transición hacia una democracia ampliada, deliberativa y pluralista es un hecho.
La parte más lucida de la sociedad y sus líderes más audaces, está haciendo el corte con el viejo y vetusto régimen de dominación oligárquica heredado del sistema colonial y del sistema de supeditación servil que prevaleció por casi 200 años.
Me parece importante que se haga un trámite legislativo de proyectos de ley que recojan las siete preguntas de la Consulta y que además tengan prioridad sobre el paquetazo neoliberal de Carrasquilla, el tecnouribista que se apresta a imponer una reforma tributaria para favorecer a la plutocracia financiera, ahondar la pobreza de millones de colombianos y precipitar la ruina de las clases medias profesionales.
La rebelión de la Consulta es contra esta brutal arremetida del nuevo Ministro de Hacienda. Es inadmisible que se quiera ahondar más el saqueo de las clases populares y medias para que los políticos del régimen sigan muy campantes robando y acumulando riqueza.
Adicionalmente las Cortes deben escuchar el reclamo cívico para que los procesos que se adelantan por corrupción a más de 260 políticos santouribistas arrojen resultados ciertos y rápidos.
En la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia se encuentran paralizados miles de expedientes e investigaciones en las que están involucrados reconocidos personeros del régimen bipartidista en su versión santouribista. Eso no da más espera.
Cito el caso de la ex gobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y su esposo Toto, pareja que se mueve a sus anchas en Armenia y en el Quindío, pues su vargasllerismo es una especie de patente de corso que los protege con el Fiscal Martínez y la Fiscalía 14 delegada ante la Sala Penal de la CSJ.
Hay muchos otros casos que deben ser desempolvados y colocados en el espacio público para impedir la impunidad tal como lo demandan 12 millones de votos de la Consulta.
