La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 194.000 en la actualidad. Una pérdida del 54% que continúa ahogando al sector con políticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y La Naval son ejemplos recientes de mala gestión del Gobierno y las diputaciones vascas.
Euskal Herria es a veces considerada un referente en relación a la forma de articular la política industrial, lo que se supone que atañe a la intervención de los gobiernos forales y autonómico en el apoyo a las actividades industriales. Pero la crisis industrial de las últimas cuatro décadas es un proceso inequívoco, y algunos casos recientes de gestión por parte del Gobierno Vasco demuestran que la inacción y la defensa patronal son la norma de actuación.
La crisis económica de finales de los 70 y 80, unido a las imposiciones de la Unión Europea, llevaron a los gobiernos del PSOE y PNV a impulsar un perfil de política industrial neoliberal acelerando la destrucción de empleo y reestructuración de grandes sectores industriales y empresas emblemáticas, con fortísimo impacto sobretodo en Bizkaia. Los sectores más afectados fueron la siderurgia integral (Altos Hornos de Vizcaya), aceros especiales (Echevarría, Olarra, Aceros de Llodio, Pedro Orbezogo, Forjas Alavesas, Tubacex y Tubos Reunidos), construcciones mecanicas (Babcock Wilcox, Mecánica La Peña), construcciones eléctricas (Westinghouse, General Eléctrica), construcción naval (astilleros Euskalduna, La Naval, Astilleros Reunidos del Nervión), química (Dow Chemical), electrodomésticos línea blanca (Fabrelec, entre otras). En muchos de estos casos los despidos o cierres estuvieron sujetos a políticas estatales, por ser grandes sectores del Estado, que perjudicaron mucho más al tejido empresarial vasco frente al de otros territorios.
Según datos del último trimestre de 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba ha pasado de suponer un 49% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1977 a un 29% en 2007, situándose en el 24% en 2018. El empleo industrial pasó de 423.000 empleos en 1975 a 274.000 en 1986 y 194.000 en 2018, lo que supone una pérdida de 229.000 empleos netos en este periodo. Desde entonces, los niveles de paro oficial y ampliado —los desempleados que ya no buscan trabajo—, el subempleo, la exclusión social y la pobreza se mantienen estructuralmente altos, a falta de tomar medidas más allá de leves paliativos.
Al inicio de la última crisis, la industria vasca se encontraba ya en un naufragio permanente, con causas que van más allá de una política gubernamental que no ha implementado acciones eficaces para detener el proceso de desindustrialización. De hecho, la última década perdida se salda con 24.000 personas ocupadas menos en la industria gipuzkoana, 20.000 en la bizkaina, 10.000 en la alavesa y 12.000 en la navarra. Habiéndose dado una mayor pérdida de empleos hasta 2014, la mitad de los puestos de trabajo industriales se recuperaron en 2015 y 2016, inducidos por la demanda internacional, el relajo de la austeridad troikana y el bloqueo legislativo y gubernamental. En 2017 y 2018, sin embargo, la industria bizkaína ha vuelto a perder 16.000 puestos de trabajo, siempre según el INE, anulando buena parte de la recuperación en solo dos años, mientras que Navarra sumaba casi 8.000 empleos industriales adicionales en el mismo periodo. Las recientes caídas en Gipuzkoa y Araba han sido más moderadas, como también lo fue la mejora anterior.
Intervención pública
Los datos expuestos son la consecuencia de un modelo de política económica en la que los procesos de inversión y desinversión son gobernados por el mercado capitalista y las patronales, no por las potencialidades industriales del territorio, las necesidades de una estructura económica y modelo de desarrollo endógeno ni la implementación de mejoras sociales. El fracaso de la política industrial del PNV se resume en un modelo de intervención soft que no pueda perjudicar los intereses capitalistas y su control empresarial. Esto provoca destrucción de empleo y pérdida de dinero público. Asimismo, bloquea la capacidad de influir en la marcha de las empresas con una política industrial activa que conlleve un control de los sectores y empresas estratégicas de la economía vasca.
Entre las muchas dimensiones que tiene la política industrial, es determinante para el mantenimiento de la industria aquella que interviene en los procesos de anticipación al cambio económico y de crisis empresarial, tengan estos una dimensión sectorial o de empresa. Así pues, el Gobierno Vasco por medio del Departamento de Desarrollo Económico y sus organismos específicos de Industria, elabora programas y propuestas de actuación en relación con las empresas en dificultades coyunturales y promueve teoricamente su relanzamiento para el mantenimiento de puestos de trabajo y actividad industrial, además de intervenir en zonas con especiales necesidades de reindustrialización y de promover una política de clústers sectoriales.
La buena política industrial de anticipación consiste en hacer un seguimiento de la situación de las empresas para la determinación de ayudas, avales o préstamos posibles. Igualmente, requiere una búsqueda de nuevos inversores industriales, existiendo la opción de entrada en el accionariado de las empresas por parte de los gobiernos. Es necesario para ello hacer un seguimiento de estas inversiones, así como una supervisión de los planes de viabilidad industrial. En teoría, todo ello se completa con compromisos por parte de las empresas de devolver los créditos, de no cerrar plantas ni realizar deslocalizaciones de la producción y de mantener el empleo y las condiciones de negociación colectiva.
La política industrial del PNV, sin embargo, carece de un protocolo para la detección temprana de empresas en dificultades, estableciendo muy poca comunicación con los sindicatos y un escaso apoyo a los mismos. Se realiza, además, en ausencia de coordinación entre los propios Departamentos gubernamentales y direcciones de Industria, Trabajo (e Inspección de Trabajo), eventualmente Economía Social, con nula voluntad de intervención en los procesos de concurso de acreedores desde el inicio y en sus diferentes fases. Otro patrón de comportamiento en los últimos años ha sido la falta de apoyo efectivo a las empresas en crisis, en vez de intervenir activamente vía los mencionados instrumentos públicos disponibles. Es más, en empresas donde existe participación de capital público o préstamos del Gobierno Vasco, la supervisión y seguimiento de las mismas es deficiente y negligente. Por el contrario, existe una tendencia de desprenderse de participaciones industriales de origen público con el visto bueno del Ejecutivo. A todo lo anterior hay que sumar que tampoco la política clúster tiene una dimensión de defensa del tejido industrial en riesgo, pese al abundante dinero público que reciben los clusters en el País Vasco, ni tan solo tienen un papel relevante en este cometido las Agencias de Desarrollo Local o Comarcal, con el objetivo de anticipar y gobernar el cambio económico con defensa de los intereses de la mayoría social trabajadora.
En los últimos años, este modelo de gestión arroja una serie de ejemplos de cierres de centros de trabajo, deslocalización de la producción y despidos en empresas industriales viables que no han encontrado en el Gobierno Vasco y las Diputaciones vascongadas una oposición real. Es el caso de las plantas de Arkema (Alonsotegi), General Electric (Ortuella), Zardoya-Otis (Mungia), Eaton (Derio), Foseco (Izurtza), Productos Tubulares y Tubos Reunidos (Sestao-Trápaga y Amurrio), Laminaciones Arregui -Celsa Group- (Gasteiz y Urbina), Aernova Estructuras, Industrias Galycas y BSH Electrodomésticos (Gasteiz), Arcelor-Mittal (Zumarraga), Candy Hoover (Bergara), Ingemar (Usurbil) o TS Fundiciones y GRI Castings (Zestoa), y varias más. Otras con préstamos de dinero público o con participación en capital público del propio Gobierno Vasco, como pueden ser Cegasa (Gasteiz), Alfa (Eibar), Grupo Gallardo Corrugados (Azpeitia), Baltogar (Mungia), Vicrila (Leioa) o Troquenor (Sondika), también se han dejado caer siendo viables.
Recordemos, especialmente, la pésima gestión con Fagor Electrodomésticos y la entrega en situación de preconcurso a la compañía de 40 millones de euros, vía los fondos públicos Ekarpen y Socade, que no se han recuperado. El Departamento de Desarrollo Económico no ha jugado ningún papel para el mantenimiento del empleo ante la segunda crisis del grupo catalán CNA, que adquirió la actividad de Fagor, llevando al despido a toda la plantilla que se mantenía en producción. Además, en los últimos años, empresas con accionariado público vasco han pasado a manos de compañías extranjeras, como Acería Compacta de Bizkaia (Arcelor-Mittal Sestao), Gamesa, Euskaltel, ITP, Cementos Lemona o Naturgas. Su puesta en marcha se ha dado con grandes inversiones de dinero público que han terminado beneficiando intereses de capital privado, algo que ha sucedido también en muebles Xey, la papelera CEL y el astillero La Naval, entre otras muchas.
Fraude
La empresa Xey de Zumaia, con 170 personas en plantilla, se dedicaba a la fabricación y venta de muebles. En el verano de 2017, la plantilla fue despedida después de varios meses en los que el empresario dejó de pagar las nóminas. La mala gestión provocó el colapso de una empresa en la que el Gobierno vasco tenía el 30% del accionariado por valor de 2,2 millones de euros y préstamos otorgados. El Departamento de Desarrollo Económico ni detectó ni denunció ninguna irregularidad. No realizó ningún seguimiento de la empresa previo a la presentación del concurso de acreedores. El pasado 3 de enero de 2019, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia publicó sentencia por la cual califica de culpable el concurso de la empresa Xey y lo que supondrá, a falta de resolución de recursos de las partes, tres años de inhabilitación al empresario.
Los principales motivos para declarar la culpabilidad empresarial en Xey son, según información del sindicato ELA, irregularidades contables relevantes, inexactitudes graves documentales en inventario, derechos de cobro de clientes y tesorería, además de salidas ilegales de bienes. Se completa con una descapitalización fraudulenta, a través de una serie de sociedades vinculadas a los gestores de la concursada. El Gobierno vasco no aportó ninguna alegación al informe de la administración concursal, ni analizó las cuentas, ni la actuación de la dirección. Tanto en su papel de accionista como en el de acreedor de dinero público ha actuado con negligencia y corresponsabilidad en la culpabilidad del concurso.
Negligencia
La papelera CEL, con 62 millones de facturación y un resultado operativo positivo de 1,2 millones en 2016, contaba en la comarca de Enkarterri más de 254 empleos directos, 300 si sumamos las contratas. El Gobierno vasco tenía la propiedad de un 40% de las acciones. La dirección decide dejar de pagar las facturas de la luz a principios de 2017, provocando el bloqueo de la actividad. Un atropello que ni la propiedad, ni el Ejecutivo, ni la Diputación de Bizkaia resolvieron. En este contexto, el Gobierno decidió desprenderse de las acciones el 18 de mayo de 2017 a un precio irrisorio. Los préstamos pendientes de cobro abocaron a la empresa al concurso de acreedores a falta de un inversor industrial que continuara con la actividad. La plantilla se enteró dos semanas después y por la empresa, pese a haber tenido una reunión con el Departamento de Desarrollo Económico justo después de esa venta.
El proceso de concurso de acreedores continuó y la administración concursal planteó un despido colectivo ante la falta de actividad e inversión. Finalmente, el sindicato ELA y el grupo italiano Lucart llegaron a un acuerdo y se adjudicaron las plantas al mismo, con 183 empleos de inicio y una bolsa de empleo para quienes habían sido despedidos. Ante todo ello, los sindicatos denunciaron que la Diputación foral de Bizkaia, propietaria de algunas máquinas, no se había implicado, y que el Gobierno vasco no había cumplido con su función y responsabilidad de intermediación para la búsqueda y acompañamiento de inversores industriales.
La Naval
Después del proceso de privatización impuesto por la Unión Europea en los años 2000, con una aplicación por parte del gobierno del PSOE en aquellos astilleros de construcción naval civil, las empresas propietarias de La Naval privatizada pasaron por diferentes fases. En la última hay fuertes indicios de descapitalización del astillero por parte de sus principales accionistas —Ingeteam y Astilleros Murueta—. El colapso financiero produjo su cierre en un momento en que la empresa tenía suficiente carga de trabajo, ante la falta de inversores industriales serios que le permitieran seguir con la actividad.
Arantza Tapia y el Gobierno Vasco apoyaron la rescisión de los contratos de construcción vigentes a principios de 2017, para encarar la liquidación del astillero sin interferencias. Tanto el PNV como el PSE negaron la posibilidad de rescate de la actividad, de la compra pública de los activos para blindarlos para su uso industrial, o de crear eventualmente una empresa pública con la que relanzar la actividad. Se ampararon en una supuesta limitación "europea", pese a que la Dirección de la Competencia de la UE negó esa limitación en reuniones con Podemos y el sindicato de astilleros CAT.
La coalición Elkarrekin Podemos ha tratado de que el Gobierno Vasco tuviera una implicación real, empezando por promover la posibilidad de compra pública del astillero ya en septiembre de 2017. El Ejecutivo se ha negado a implicarse en el concurso, así como a apoyar la elaboración de un plan de viabilidad para el mantenimiento de la actividad. Tampoco se ha mostrado dispuesto a realizar una búsqueda activa de nuevos inversores industriales o a intervenir como Departamento de Trabajo (PSE) en el despido colectivo para evitar vulneraciones de derechos laborales y fraudes mercantiles. Lo mismo se puede decir de la actitud del Gobierno español del PSOE y la ministra de Industria Reyes Maroto.
Una vez más, han sido los sindicatos con presencia en el astillero, principalmente CAT y ELA, y la izquierda vasca los que han defendido de forma activa la intervención con control público del astillero, para mantener los más de 2.000 empleos directos e indirectos que genera en Ezkerraldea. Los trabajadores han llegado incluso a proponer la compra de acciones con el dinero de las indemnizaciones. También el sindicato CAT encargó un informe jurídico que acotara las posibilidades de intervención pública, cuya realización fue incumplida por el Gobierno Vasco.
Fuente: http://www.elsaltodiario.com/industria/industria-vasca-naufragio-permanente