Las cifras de contagios aumentan por toda Europa. No se está inmunizando a la velocidad esperada. No hay bastantes vacunas ni en Europa, ni en buena parte del planeta. Existe capacidad para producirlas, pero anteponer los derechos de patente (el monopolio y los beneficios) del puñado de milmillonarios que dirigen las farmacéuticas, como están haciendo la UE y los gobiernos de los diversos países de la misma impide afrontar con todos los medios posibles dos problemas principales: la situación sanitaria y la recuperación económica. Hace falta ya, urgentemente, suspender patentes, ampliar la aprobación del número de vacunas aprobadas a todas las contrastadas y producirlas con cuantos recursos hay disponibles. Se trata de un deber inexcusable para proteger la salud y los ingresos de la mayoría de la población. Es un oxímoron observar cómo vuelven los confinamientos para la población autóctona a la par que los vuelos de los touroperadores para los turistas foráneos. Bolsa para los súper ricos y empobrecimiento para el resto. Esa es la verdadera medicina que nos reparten.
Falta voluntad política, que no mayorías parlamentarias en las actuales Cortes, para sacar adelante medidas concretas e imprescindibles para mejorar, sobre todo bajo la pandemia, la vida de la población. La reciente aprobación de la ley de eutanasia por el Congreso de los diputados así lo demuestra. Esa falta de voluntad política aparece en la constante dilatación o en la terca negativa de la parte del PSOE en el Gobierno de coalición para poner en marcha medidas clave en el programa firmado. Nos referimos a la derogación de la reforma laboral y las leyes mordaza, o al desarrollo de normas que protejan el derecho a la vivienda a través de regular el precio de los alquileres y detener todo desahucio que no tenga una alternativa habitacional.
Esa falta de voluntad obedece a una autoridad que nadie vota, pero que constituye el verdadero poder en la segunda restauración borbónica: la oligarquía, sus intereses, su proceder, su manera de explotar la fuerza de trabajo, de garantizarse así sus ingresos. En definitiva, de organizar la sociedad bajo las normas que la amparan: la Constitución del 78 y sus instituciones. Los intereses de ese poder son los que defiende Ábalos con su negativa a controlar alquileres o los que sostiene Nadia Calviño en su empeño por mantener la reforma laboral de Rajoy.
Para doblegar el brazo a ese poder falta mucha unidad, mucha movilización y una gran conexión entre la calle y la política. De la calle nos llegó el éxito de la huelga en la comarca de Ferrol y también las movilizaciones por la vivienda en muchas ciudades. La primera fue masiva, las segundas, valientes, pero todavía pequeñas. De momento, el próximo 4 de mayo habrá elecciones en la Comunidad de Madrid. Allí tenemos la ocasión, a través del voto, de sustituir el actual gobierno corrupto del PP, que hasta anteayer fue conjunto con C’s, por uno decente. Solo un programa claro de rescate social de emergencia y la unidad y movilización de las tres izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) pueden hacerlo posible. Las recientes palabras de Gabilondo, candidato del PSOE, contrarias a un acuerdo con Unidas Podemos son un tiro en el pie que solo beneficia a la derecha neoliberal y debilita al propio Sánchez y su alianza gubernamental.
