Parece que en el espectro político a la izquierda del PSOE hubiera una vuelta a antes del 15M y una renuncia a los anteriores proyectos y discursos de ruptura con el Régimen del 78.
El fracaso político-institucional de esa izquierda en los últimos años parece crear una desorientación en su actuación o bien un acomodo a la gestión institucional de lo "posible".
El debate ahora está en la gestión de los Fondos Europeos, en el que no se cuestiona la primacía de las grandes empresas en la captación de fondos, o sea más de lo mismo. Un ejemplo. El gobierno central facilita una reducción de los caros peajes de la autopista AP9 de Galicia, largamente reivindicados. Ese descuento beneficiará a las personas y empresas que la utilizan, pero más beneficiará a la empresa concesionaria que recibirá unos 2.300 millones hasta el 2048,lo que previsiblemente incentivará más la circulación por una infraestructura cuya gestión proporciona un beneficio de 1 de cada 3 euros después de impuestos, merced a la privatización a precio de amigo del PP de Aznar. El dinero público para mantener los beneficios privados. Lo penoso es que en las izquierdas gallegas se establezca una competición para ver quien ha tenido más que ver en conseguir esa rebaja y se pase de puntillas sobre los beneficios de la concesionaria y la demanda de nacionalización de la autopista.
Con esta atonía se responde también a la aprobación de la OPA sobre Naturgy aprobada por el gobierno justo en el momento donde la ciudadanía soporta unos precios históricos de la electricidad sin que se plantee seriamente desde el gobierno un cambio en el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico.
La inversión de 1.700 millones para la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona es otro ejemplo. Una millonaria inversión que representará un atentado ecológico cuando, además, hay tantas necesidades sociales por resolver.
Esta semana conocimos más del entramado mafioso del Rey emérito, lo que junto a lo conocido de la operación Kitchen, los oscuros entramados policiales, judiciales, políticos y empresariales, la situación de la cúpula judicial, el agotamiento de un sistema autonómico delante del que nadie se atreve a proponer un nuevo sistema de financiación global. Se recuperan los beneficios empresariales a niveles pre pandemia y, sin embargo, sigue el incremento de la desigualdad y pobreza acelerado con la pandemia y un largo etc. que justifica más que nunca una apuesta republicana de ruptura desde la izquierda.
Así la nueva propuesta de unidad de la izquierda planteada por Yolanda Díaz no se hace desde esas bases si no sobre las de aglutinar el voto a la izquierda del PSOE para que esa pata en el gobierno tenga más o menos influencia, en una posición, de todos modos, subordinada.
El plan es la gestión en el gobierno para tratar de escorar hacia la izquierda al PSOE.
En relación a esto y al cumplimiento del programa del gobierno progresista esta semana conocimos que se vuelven a incrementar notablemente la compra-venta de casas auspiciadas por un incremento de precios del alquiler, pero nada sabemos de la Ley de la vivienda que garantice el control de precios y el derecho constitucional a la vivienda, como tampoco sabemos nada de la derogación de la reforma laboral o de los planes de reforma fiscal.
Con la hoja de ruta republicana e independentista en Catalunya poco clara vuelve la negociación económica y de trasferencias dentro del marco estatutario con el Estado lo que puede agravar la crisis del sistema autonómico con una subasta continua de difícil encaje para que satisfaga a todos.
Existen todas las razones objetivas para pensar que sigue vigente una apuesta republicana y de ruptura que hay que construir.
