La Constitución de Pinochet fue aprobada en 1980 en un referendo muy cuestionado. Su texto resultó estar adaptado totalmente a los deseos e intereses del dictador. Estableció claras disposiciones antidemocráticas y autoritarias, como la imposibilidad de remover a los jefes militares y la designación de un cierto número de senadores por las fuerzas armadas y la Corte Suprema de Justicia. La carta magna era también considerada por buena parte de la población como de origen ilegítimo, pues fue dictada por una autoridad militar que se impuso a través de un golpe de Estado. Además, esa constitución casi eliminó la obligación del Estado de garantizar derechos ciudadanos básicos: seguridad social, salud y educación, y se desentendió de la prestación de los servicios esenciales de electricidad y agua potable.

De hecho, las grandes movilizaciones de 2019, referidas como un estallido social, protestaban por la existencia de desigualdades intolerables y exigían profundas reformas sociales. Las reformas previas de la constitución ocurridas en 2006, habían eliminado los aspectos políticos más groseros y enervantes, los cuales obedecían a las intenciones antidemocráticas de sus autores, que con gran cinismo o extrema "sinceridad" llegaron incluso a expresarlas concretamente en su momento: "La constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría (pues) el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario". Es decir, maniataron la democracia.

En octubre de 2020, el 78 por ciento de los chilenos aprobó en un plebiscito una nueva constitución. En mayo de 2021, votaron para elegir la "convención constituyente", que redactaría la propuesta de la nueva constitución. Ésta fue sometida a referendo el 4 de septiembre de este año y fue rechazada por el 62 por ciento de los votantes, sin que esto significara que quisieran mantener la Constitución de Pinochet. Es claro que los integrantes de la constituyente no fueron capaces de interpretar los deseos de los ciudadanos chilenos y prefirieron sustituirlos por los suyos. Olvidaron que una constitución debe ser producto de un consenso nacional muy amplio, y que no debe dividir al país en dos grupos antagónicos muy similares en fuerzas. Ya habían vivido eso los chilenos.

La oposición chilena atizó el miedo de los votantes, pero no lo que llevó al rechazo fue proponerle a la sociedad chilena cambios para los cuales no se había construido un consenso. Se quiso imponerlos con una mayoría precaria y la gente respondió negándoles su voto. Al rechazarla en bloque, es difícil saber cuáles aspectos desagradaron más a los chilenos. Sólo conjeturas podemos hacer. A lo mejor no se sintieron agradados con hacer de Chile un país plurinacional, ni con las autonomías territoriales, ni con los dos sistemas paralelos de justicia, pues las naciones indígenas sólo son un 12 por ciento de la población. Hubo quizás miedo de arriesgar la unidad de la nación chilena y su integridad territorial. Quizás no comprendieron el cambio del senado por una cámara de regiones. Ni les entusiasmó la reelección inmediata del Presidente, el carácter paritario del congreso, el aborto voluntario y la inclusión en el texto de las disidencias sexuales y la obligación de aplicar el enfoque de género.

El discurso del presidente Boric, luego de conocer el rechazo de la propuesta, estuvo bien alineado con lo que debe hacerse. Fue crítico y colocó en el centro la necesidad de un diálogo amplio, para construir un texto que los interprete a todos. El 62% de los chilenos no son "pinochetistas". No hay que serlo ni ser de "ultraderecha" para rechazar ese proyecto. A las fuerzas gobernantes les tocará estudiar y comprender mejor las causas del rechazo, con sentido autocrítico, sin soberbia vengativa, sin derrotismos, pero sabiendo que la inmensa mayoría debe ser interpretada y que la constitución debe atender los intereses nacionales chilenos por encima de los de parcialidades minoritarias.