Con el objetivo de combatir la impunidad, la corrupción y la criminal influencia de las mafias del narcotráfico y de los grupos paramilitares, el presidente Gustavo Petro ha presentado una brillante terna de candidatas integrada por las doctoras Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra, destacadas y reputadas juristas cuya trayectoria en el sector judicial no tiene tacha alguna, comprometidas en la lucha contra las mafias de la droga, la corrupción y la violencia contra los líderes sociales.

Como era de esperarse la iniciativa presidencial no fue de buen recibo entre los clanes oscuros que prevalecen en el poder judicial colombiano, permeado y secuestrado por poderosos grupos delincuenciales. Para las potentes redes del crimen enchufadas a las castas oligárquicas, mantener el control de la Fiscalía es de vida o muerte, pues la impunidad de sus delitos depende de ese mecanismo de subordinación y sometimiento de miles de funcionarios judiciales y policiales. Bien es sabido que el poder judicial es clave en la permanencia de la hegemonía oligárquica, asentada en la represión violenta y la coacción judicial con montajes policiales de los grupos subalternos pertenecientes a las clases populares.

Contra las ternadas por el presidente Petro se han utilizado todo tipo de argucias y maniobras desleales para anular los nombres de dichas abogadas. Desde la Corte Suprema de Justicia, un togado interpuso una acción de tutela en el Consejo de Estado, exigiendo la inclusión de un hombre en el listado para subsanar cualquier tipo de discriminación de género, a sabiendas de la situación de exclusión contra las mujeres en los cargos directivos de la Fiscalía desde su creación en 1992.

Lo más repudiable es la dilación implementada por los miembros de la Corte Suprema de Justicia para dejar por un largo tiempo las cosas tal cual las hereda el anterior Fiscal Barbosa quien puso al frente de esa entidad a un personaje muy cuestionado por sus vínculos con las mafias de la droga en Buenaventura y Cali; se trata de la señora Mancera, a quien el ex Vicepresidente de la Republica, doctor Humberto de la Calle, le ha pedido la renuncia para evitar profundizar la rampante crisis judicial del país.

Pero más allá de estos acontecimientos inmediatos el punto de fondo en la disputa judicial en curso entre las fuerzas progresistas y el bloque reaccionario a propósito del nombramiento de la nueva Fiscal, es la pestilente y hedionda podredumbre del sector judicial colombiano, carcomido por la corrupción, la impunidad y la generalizada compra y venta multimillonaria de fallos judiciales, de recursos de casación, de acciones de tutela y de acciones populares en las altas cortes, en los tribunales regionales, en la judicatura y en los juzgados de todo orden que conforman la rama judicial nacional.

En la Corte Suprema de Justicia se enseñoreo un repugnante "Cartel de la Toga" dedicado a realizar escandalosas transacciones para suspender investigaciones a los corruptos de cuello blanco, a ex gobernadores y ex alcaldes, a jefes paramilitares y a los capos del narcotráfico.

En la Fiscalía de Barbosa una funcionaria de mucha confianza, procedente de la ultraconservadora Universidad Sergio Arboleda, organizó una potente banda en asocio con jefes del narcotráfico que aun hoy fungen como confidentes de los directivos de esa entidad, con el beneplácito de la DEA.

Precisamente, la idea del presidente Gustavo Petro al presentar la terna en mención es la de enfrentar con vigor toda esta descomposición judicial que se refleja en el descredito de sus instituciones y principales cabezas. Los corruptos jueces y magistrados han entrado en pánico, pues no quieren perder privilegios y fortunas. No quieren que una nueva Fiscal los coloque en la picota publica y los mande con todos sus trapitos a las penitenciarías correspondientes, o los extradite como ocurrió con el famoso magistrado Lozada del Cartel de la Toga.

En esa nefasta estrategia concurren los grandes medios de comunicación que han hecho el montaje del golpe a la independencia y autonomía de la Corte Suprema de Justicia.

Lo hecho por la gran prensa es ambientar aún más el golpe blando contra el presidente para impedir a toda costa cualquier cambio, por mínimo que sea.

Sabemos que no todas las manzanas están podridas en la Corte Suprema de Justicia y en las otras Cortes, pero se necesita que sus voces se hagan sentir para tomar distancia del juego sucio de los corruptos togados que se escudan en la justicia para seguir con sus fechorías criminales.