La Paz total no está tan muerta como lo proclaman a los cuatro vientos sus enemigos de la ultraderecha, de la derecha, de cierta izquierda delirante y del mundo académico trasnochado y nostálgico de los modelos de paz neoliberales.
La Paz total del actual gobierno es un pieza política innovadora y alternativa que refleja otra concepción en la superación de los conflictos armado para atacar de raíz las causas de la violencia sociopolítica y garantizar el cabal cumplimiento de los acuerdos y consensos alcanzados entre el Estado y las guerrillas agrarias. Su implementación ha registrado algunas dificultades, pero más por la inmadurez y la falta de pericia de algunos agentes gubernamentales con carencias en la gestión política de las negociaciones.
Pero, cuando hay sabiduría y tacto en el manejo de un fenómeno tan complicado como el de la violencia, las cosas parecen ser más plausibles e ir mejor encaminadas.
Que es lo que está sucediendo con la Mesa de diálogos y negociaciones adelantadas por el gobierno del presidente Petro con la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano que encabezan Walter Mendoza, Andrés Guerra y otros dirigentes de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Mesa en la que, Armando Novoa, como jefe de la delegación oficial, está desempeñando un papel clave por la ponderación de su gestión y la firmeza de sus posiciones, como lo estamos observando con el caso de la sorpresiva captura de Andrés Rojas, por parte de la Fiscalía en coordinación con la DEA en momentos que se desarrollaba el Tercer ciclo en Bogotá. Evento a todas luces desproporcionado, dada la confianza que debe prevalecer en un espacio de esos de tanta trascendencia para la paz del país. Queda claro que la Fiscalía actúo de manera perversa en un entrampamiento que recuerda las terribles maniobras del ex Fiscal Néstor Humberto Martínez contra el Acuerdo de paz del 2016.
Así, el Cuarto ciclo de la Mesa con la CN Ejercito Bolivariano, realizado en el municipio de la Hormiga, Putumayo, ha culminado sus labores con importantes acuerdos en varias áreas claves de los problemas por resolver.
Los consensos alcanzados comprenden temas como el de la sustitución de cultivos ilícitos, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la definición de una hoja de ruta hacia un acuerdo de paz definitivo.
Primer acuerdo sobre sustitución voluntaria de los cultivos de coca.
El primer acuerdo establece un plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, específicamente hoja de coca, que abarcará 30.000 hectáreas en dos de los departamentos más afectados por esta economía: Putumayo y Nariño. Cada uno aportará 15.000 hectáreas al proceso de sustitución voluntaria. Este compromiso busca ofrecer alternativas sostenibles a comunidades rurales que históricamente han dependido de los cultivos ilícitos para su subsistencia, con el objetivo de reducir la presencia de economías ilegales y fortalecer el desarrollo territorial con economías agrícolas licitas.
El principal compromiso de ambas partes es con un plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que abarcará 30.000 hectáreas: 15.000 en Nariño y 15.000 en Putumayo. Este programa se construirá con liderazgo gubernamental, acompañamiento de las delegaciones y con el aval autónomo de las comunidades.
Para contribuir al fortalecimiento del tejido social, la promoción de economías ilícitas, la consolidación de la paz territorial, las transformaciones territoriales y la sustitución concertada, voluntaria y gradual de los cultivos de uso ilícito, se propone la una ruta de acción específica, la cual tiene en cuenta las diferencias territoriales con enfoques diversos, en los departamentos del Putumayo y la Costa Pacífica Nariñense: Se priorizarán procesos de sustitución identificados mediante el ejercicio de micro focalización liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en los municipios donde se desarrollará este proceso.
En relación con el departamento del Putumayo, inicialmente en el municipio del Valle del Guamuez y otros, en donde se realizará un encuentro con las comunidades los días que se determinen, para identificar necesidades territoriales y sociales, con el liderazgo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito, la Consejería Comisionada de Paz y la Subcomisión de Transformaciones Territoriales.
Este pacto aleja el posible uso del glifosato en estos territorios, mediante la aspersión manual que, fue prohibido mediante un fallo de la Corte Constitucional en el año del 2017 y que sectores del militarismo y de la policía antinarcóticos se empeñan en ejecutar.
Segundo acuerdo sobre compromisos con el Derecho Internacional Humanitario
En una decisión que podría tener un impacto inmediato en la población civil, la CNEB se comprometió a acatar principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Entre las medidas acordadas entre las partes se destacan la no vinculación de menores de 18 años a sus filas, la prohibición del uso de minas antipersonal, el respeto por los bienes civiles y la garantía de acceso a misiones médicas en zonas bajo su influencia, respeto por los bienes civiles, no señalamiento, ni constreñimiento o amenazas a las comunidades, respeto a las formas de gobierno propio.
En respuesta al acuerdo humanitario, la Mesa de Diálogos de Paz conformó la Subcomisión de derechos humanos y DIH, iniciando en un término no mayor a 30 días con la definición de la ruta de retorno seguro y digno de las familias desplazadas por las confrontaciones sucedidas en los pasados días del mes de abril de 2025, en Jardines de Sucumbíos, Nariño, además de realizar la verificación de las denuncias e incidentes en el terreno, en búsqueda de su resolución.
Esta comisión estará conformada por dos facilitadores, dos delegados del Gobierno, un observador de la Fuerza Pública y la Iglesia como acompañantes del proceso, en articulación con el Sistema Integral de Atención y Reparación a las Víctimas, con el respeto de los liderazgos y las autoridades propias de las comunidades afectadas, para lo cual se contará con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Tercer acuerdo con la ruta hacia un acuerdo de paz definitivo
El tercer acuerdo alcanzado contempla la elaboración conjunta de una hoja de ruta y una línea de tiempo para construir un acuerdo de paz definitivo. Aunque no se detallaron los plazos ni los mecanismos específicos, ambas delegaciones manifestaron su voluntad de avanzar de manera progresiva y con enfoque territorial, reconociendo la complejidad del contexto y la necesidad de participación de las comunidades afectadas.
Aquí se recopilarán como acuerdos parciales los compromisos y avances de las subcomisiones instaladas en desarrollo de los puntos de la agenda temática.
Finalmente, las delegaciones ratifican que las subcomisiones organizadas realizarán el examen de cada punto de la agenda temática y será presentado a la Mesa para su aprobación así:
1. Transformaciones territoriales y desescalamiento de economías ilícitas.
2. Seguridad de los territorios y recuperación de la convivencia pacífica.
3. Víctimas como sujeto social transformador.
4. Resolución de la situación jurídica de los combatientes.
5. Participación política y paz territorial.
6. Implementación y verificación.
Desarrollo de la agenda temática: Se decide crear para el efecto las siguientes comisiones:
a. Subcomisión sobre el punto de Víctimas como sujeto social transformador
b. Subcomisión sobre el punto de Participación política y paz territorial
c. Subcomisión sobre el punto de Implementación y verificación.
Hay en todo este inventario de iniciativas una con especial proyección. Me refiero a la organización y realización de una "Constituyente Territorial" en el segundo semestre del 2025 como un mecanismo que sirva para consolidar los acuerdos en los departamentos donde se han gestado procesos sólidos de reconciliación.
Una "Constituyente territorial" en Tumaco o en la Hormiga sería un acontecimiento de gran trascendencia que bien puede adelantarse en otros territorios como una herramienta de paz y de promoción de otras formas de gobierno regional. Pienso en Arauca, Catatumbo, Choco, sur de Bolívar, Guaviare, Caqueta, Cauca, Norte de Antioquia y el Meta.
Felicitaciones a los integrantes de la Mesa de paz con la CN EB y a la delegación del gobierno que encabeza Armando Novoa por su excelente trabajo por la paz y la convivencia.