Según se ha publicado, echando un vistazo al siglo XXI, el mayor escándalo registrado ha sido el caso Watergate en Estados Unidos, y el cual costó la presidencia a Richard Nixon. También ocupó un lugar prominente el caso Lewinsky, que puso en riesgo a la presidencia de William Clinton. Si Ud. analiza los hechos concretos de estos acontecimientos, encontrará la relativa envergadura de ambos. El primero consistió en que el mandatario trató de sacar ventaja política, monitoreando lo ventilado en la sede del Partido Demócrata. Se intentó conocer las estrategias secretas y públicas del partido contrario. Nixon, sorprendido in fraganti en su tropelía jurídica, acabó por renunciar.

El caso Lewinsky versó en torno a las relaciones sexuales y su ocultamiento por el presidente Clinton. Se debatió un asunto moral y ético del Presidente. Después de un proceso escandaloso y morboso, Clinton fue exonerado por el Congreso.

Sin embargo, ambos presidentes debieron pagar caro sus ilegalidades y errores durante el período que duró la crisis en el seno del poder político de los Estados Unidos.

Si esto ha sido así en estos dos ejemplos que presentan justificaciones diferentes, ¿por qué no ha ocurrido algo similar en el caso de George W. Bush, que es realmente más grave y justificado?

Las razones para que el Congreso le incrimine en un proceso político son tan manifiestas que se pasaría poco trabajo en demostrar cada uno de los cargos posibles. Lógicamente, también un proceso penal cuenta con pruebas suficientemente irrebatibles.

George W: Bush y sus pandillas electorales, incluyendo a la mafia cubano.norteamericana, ejecutaron un hecho de mayor gravedad que el de Watergate contra el Partido Demócrata. Simplemente le robaron unas elecciones y, por lo tanto, el acceso al poder durante dos mandatos. Cómplices hubo en todos los niveles del sistema político y judicial de los Estados Unidos.

Bush, con su inacción vacacionista durante la etapa inicial de su mandato, y su incuria de gobernante mediocre, desestimó las informaciones de alta sensibilidad para la Seguridad Nacional sobre la preparación de agentes extranjeros para ejecutar probables actos terroristas en territorio norteamericano, como se confirmó meses después con el derribo de las Torres Gemelas.

Bush y su equipo ultraconservador de gobierno, decidieron implantar, a partir del 11 de septiembre, una política nacional e internacional que estaba contemplada previamente en el programa estratégico de dicho grupo de poder. Con ello cercenaron libertades fundamentales de los derechos del pueblo norteamericano e hicieron trizas postulados sagrados de la Constitución norteamericana.

Bush y sus halcones de mano dura, decidieron iniciar sus pronosticadas guerras infinitas contra sesenta o más rincones oscuros del planeta, sin respetar el derecho internacional ni la Carta de las Naciones Unidas. La llamada guerra preventiva contra el terrorismo fue la excusa y el instrumento esgrimido para hacer añicos la legalidad norteamericana e internacional.

Bush y su cofradía mintieron descaradamente sobre las causas que los impulsaban a invadir a otros países y a imponer sus guerras ilegítimas. Todos los supuestos motivos para asumir tal decisión, que expusieron como reales ante el Congreso norteamericano y ante las Naciones Unidas, se ha demostrado que eran falsos, y ha sido reconocido así hasta por los mismos personajes subalternos a quienes obligaron a mentir. Las más colosales y costosas mentiras del Presidente y sus acólitos aún esperan la sanción moral y legal.

Bush y sus seguidores han aplicado una política que califica para su enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional por delitos contra la paz, por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Los hechos están fundamentados en declaraciones de invadidos e invasores, en documentos fílmicos de la más variada procedencia, en documentos escritos públicos y secretos. Las vidas de cientos de miles de iraquíes y de miles de norteamericanos, son parte de los hechos que merecen la consideración de crímenes de distinta naturaleza definidos por la legislación internacional.

En fin, existen razones suficientes para preguntar al Congreso y al pueblo de los Estados Unidos, ¿por qué no se ha juzgado a George W: Bush? ¿Cuándo será juzgado, atendiendo estrictamente a sus merecimientos criminales? La humanidad espera.

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