El pasado lunes unas veinte organizaciones sociales compuestas por lo que en Argentina se conoce bajo la denominación de "piquetero", fueron duramente reprimidos frente al edificio del Miniserio de Desarrollo Social cuando acampaban en horas de la noche para reclamar los planes-puesto de trabajo que el gobierno había ofrecido días atrás.
La Policía Federal metió preso a cuatro de los acampantes, tres pequeños y a Pablo Solana, uno de los referentes nacionales del Frente Darío Santillán, que cumplía responsabilidades dirigenciales en la protesta frente al edificio del Ministerio. Además de apresarlos sin causa ni acusación ni motivo (excepto el político de clase y segregatorio), la policía golpeó hasta dónde pudo al grupo de piqueteros.
La diligencia inmediata de abogados del Servicio de Paz y Justicia (del Premio Nóbel Pérez Esquivel y otros abogados defensores de derechos humanos) logró soltar a Solanas y luego a otros, dejando en la comisaría al más golpeado, con la posible intención de evitar un reconocimento médico-forense de las medidas policiales de tortura a un niño piquetero.
Todo por pedir lo que ofrecieron
Hace unos dos meses, acuciada por las demandas sociales de trabajadores (Kraft, etc) y de otros oprimidos que no tienen ese "privilegio", de un lado, y ante la pesión desquiciante de una nueva derecha argentina decidida a desplazar al kircnerismo del poder en 2012, por el otro, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció un plan contenedor de 100.000 puestos de trabajo con sueldos de hasta 1.300 pesos mensuales (unos 370 dólares)
El gobierno había acordado distribuir los planes entre todas las organizaciones sociales, incluso a las que no participan del gobierno ni apoyan sus políticas. En el camino, los Intendentes del Partido Justicialista (más conocidos como los "caciques del Conurbano) se quedaron con los 100.000 planes.
Esto significa para los movimientos que no son kirchneristas que deben someterse a los "caciques" (lo más similar a un caudillo local adeco en la antigua Venezuela de hace apenas 10 años), para recibir un derecho constitucional, que se supone corresponde a una política pública de Estado, no de partido.
La acción piquetera movilizó a más de 20 organizaciones con unos 5.000 habitantes de los barrios pobres de la Capital y Gran Buenos Aires. Se movilizaron y acamparon este lunes cuando descubrieron que el Gobierno no les daría ninguno de los 100.000 puestos aprobados.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha esgrimido dos argumentos: uno, que estos movimientos se oponen al plan de los 100.000 puestos anunciado por la Presidenta, que es como decir que esos movimientos tienen vocaciòn suicida; el otro argumento del Min istro es que el objetivo de estos movimientos es manejar las asignaciones. El tercer argumento fue más claro y lo dieron los policías que se llevaron presos y golpearon a los niños piqueteros este lunes a la noche: el acampe ante el edificio del Ministerio de Desarrollo Social es para robar a los buenos ciudadanos.
Así, como era inevitable, el Estado se develó tal cual es en sus distintas voces: simulador, clasista, segregador por porte de imagen y cuando le toca, pues represor también.
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