En correspondencia con la conducta de irresponsabilidad internacional que mantiene Estados Unidos sobre sus crímenes de guerra, violaciones graves de Derechos humanos y otros delitos de Lesa Humanidad; el gobierno de la República de Colombia pretende que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se declare incompetente para conocer la denuncia sobre los Crímenes de Estado cometidos por miembros de las Fuerzas Militares durante la violación del territorio de la República de Ecuador, en donde, entre otros, fue asesinado con objetos contundentes el ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla y, así como en el caso de la ejecución extrajudicial de varios civiles – incluyendo dos magistrados – durante el asalto de sus Fuerzas Militares a la Corte Suprema, la cual había sido tomada por un comando armado del desaparecido grupo guerrillero Movimiento “19 de Abril”, M-19.
En las audiencias celebradas esta misma semana, los representantes del Estado Colombiano, desconociendo su condición de Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto De San José) y suscribiente de su protocolo facultativo, el cual le atribuye competencia a la CIDH para juzgar violaciones de derechos humanos de los Estados Partes de la Convención, esgrimió argumentos falaces e inconsistentes, con el propósito evitar la segura condena del Estado – y con ella sus gobernantes y jefes militares y policiales - de dos crímenes de Estado sobre los cuales, ni en Colombia ni en la comunidad regional, existen dudas sobre la responsabilidad política, penal y civil del Estado Colombiano.
Tal posición del gobierno colombiano no sorprende pero debe ser preocupante para sus vecinos porque, en lo fundamental, se trata de que el Estado Colombiano esta construyendo, al igual que hace tiempo lo hizo Estados Unidos, una posición política y jurídica firme de desconocimiento de la competencia de los Tribunales Internacionales, con el fin de generar una IMPUNIDAD frente a los crímenes de Estado que los gobernantes colombianos, especialmente, el presidente Uribe, sus ministros y jefes militares y policiales, han cometido durante el desarrollo del conflicto armado que los enfrenta a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el curso del cual se crearon, adiestraron, armaron y asociaron con grupo narcoparamilitares para asesinar cerca de 30.000 civiles no combatientes, de los cuales 2.000 son partes de los llamados ” falsos positivos”, por haber sido ejecutados y luego presentados como combatientes guerrilleros.
Los Estados democráticos y pacíficos como la República Bolivariana de Venezuela, que han suscrito y ratificado los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario y, observan escrupulosamente sus principios y normas, deben observar la conducta de la CIDH respecto a las actuales denuncias contra del Estado Colombino y demás Estados Partes, e incluso, en contra de aquellos que, como Estados Unidos, no habiéndolos ratificados, cometen impunemente violaciones graves y continuas de tales derechos, porque, en el caso de que tales Estados pretendan sustraerse de tal jurisdicción internacional, entonces, el Estado Venezolano, en el ejercicio de su sobernía y en defensa de los intereses superiores de la Nación, debería considerar invocar el principio de “Igualdad Jurídica de los Estados”, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, para establecer el Derecho a la SIMETRIA JURIDICA en Derechos Humanos, mediante la denuncia o suspensión parcial o total de su firma o adhesión a tales instrumentos, solo respecto de aquellos Estados que, potencialmente, pudieran realizar una agresión armada en contra de nuestra Nación. “Lo que es igual, no es trampa”.
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