El magistrado de la Audiencia Nacional del Reino de España, Baltazar Garzón, es una de los referentes mas emblemáticos de la actual Judicatura española, a quien ha asumido casos tan relevantes como el enjuiciamiento de los independentistas vascos y la ilegalización de sus partidos, periódicos y hasta bares, detener temporalmente en Europa al fallecido criminal chileno Augusto Pinochet, perseguir a miembros de la solidaridad española con el pueblo colombiano y abrirle juicio a criminales de Argentina, Chile y Uruguay, responsable de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos españoles en América del Sur, promoviendo una doctrina sobre la Justicia Internacional que pretende darle competencia supranacional a los tribunales españoles.
Su bien ganado prestigio de hombre de la “Justicia” del Estado Monárquico de los Borbones, sin embargo, esta a punto de culminar por la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo del Reino de abrirle juicio penal por el delito de PREVARICACION, por haber aceptado iniciar una investigación sobre los fusilamientos sumarios - y sin sumario - de decenas de miles de españoles republicanos, comunistas, anarquistas o simples antifacistas, por parte de las tropas del General Francisco Franco y Bahamonde, “Generalísimo por la Gracia de Dios”.
Esta decisión de la Audiencia Nacional, uno de los más tenebrosos vestigios de la Justicia Franquista, sobreviviente del Pacto de la Moncloa, de 1976, es la culminación de un consistente proceso de presiones, acosos y aperturas de investigaciones contra este magistrado de “voz de niño y puño de hierro”, casualmente iniciado a partir del caso de corrupción “Gurtell”, en los cuales aparecen como indiciados herederos del franquismo del Partido Popular, de José María Aznar y Mariano Rajoy, y que, pese a todos los esfuerzos del magistrado Garzón, no ha sido posible que las “efectivísimas” Judicatura y Policía del Reino de España, hayan podido concluir con el procesamiento y condena de los responsables de esta trama político-criminal de la élite española.
Lo destacable de este hecho no es tanto la posibilidad de que un magistrado sea llevado a juicio y que, incluso, pueda ser condenado y enviado a prisión, sino el hecho de que detrás de esta conspiración de las elites pos-franquista del Reino de España, esta el deliberado propósito de impedir – a toda costa - que se abra a la investigación nacional e internacional, los crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad cometidos por el fascismo franquista, lo cual no solo llevaría al banquillo de la historia al criminal de Guerra Francisco Franco y Bahamonde, sino que terminaría de despojar de toda legitimidad y moralidad a la misma Monarquía decretada por Franco y el Pacto de las viejas y nuevas españolas que sirve de base a eso que llaman Estado Español.
Esta visto, que en la sociedad de clases, el límite del Derecho y la Justicia están dados por la preservación del orden y los intereses de las clases dominantes y, frente a ello, son irrelevantes los servicios prestados por sus más destacados servidores civiles y militares, la “sacralizad” de sus instituciones y la “perfección” de sus leyes, por lo que en el Reino de España, como en todos los países sometidos a la dictadura del Capital y el dominio de la burguesía, solo podrá permitirse la Justicia cuando ella sirve a tales intereses. Y se sacrificará todo lo que haya que sacrificar con tal de garantizar la preservación o recuperación del orden establecido. Hoy, a Garzón le llegó su hora. Lo demás, no son más que palabras leguleyos y discursos de politiqueros.
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