Desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anuncia que una “delegación” de esta controvertida organización visitará La Paz “para expresar al presidente boliviano, Evo Morales, sus inquietudes” sobre la ley antirracista que, según afirma esta asociación de empresarios de la prensa, “amenaza la libertad de expresión”.
La campaña de la SIP contra Bolivia es característica de las operaciones de propaganda desarrolladas por este grupo radicado en la Florida en contra de los gobiernos latinoamericanos que se niegan a someterse a las orientaciones de Estados Unidos.
Según la agencia española EFE, la “misión” estará encabezada por el presidente del llamado Instituto de Prensa de la SIP y director del diario derechista La República de Lima, Perú, Gustavo Mohme.
La delegación pidió una audiencia con el presidente Evo Morales “y también prevé reunirse con las asociaciones bolivianas de medios y periodistas, con parlamentarios y con representantes de la Iglesia”.
Desde que fue recuperada, hace décadas, por el coronel Jules Dubois, la SIP se convirtió en una agencia de inteligencia más del gobierno norteamericano que permite al Departamento de Estado influir de manera directa en la prensa de todo el continente.
En el curso de los años, la asociación de magnates intervino en la UNESCO, para defender el control de la información por la empresa privada; participó en la propaganda sucia contra el gobierno democrático de Salvador Allende; se mantuvo bien callada durante el golpe contra el presidente Hugo Chávez que desde entonces ataca de manera obsesiva.
La organización evita recordar que dos de los principales conspiradores del cuartelazo que llevo a la expulsión del Presidente hondureño Manuel Zelaya son también sus principales (y casi únicos) miembros hondureños.
Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras (1998-2002) y dueño del periódico La Tribuna y Jorge Canahuati Larach, el multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo aparecen entre los conspiradores que han iniciado el proceso golpista en el país centroamericano.
Para muchos observadores, la SIP es un organo de injerencia comparable a la USAID que viola, de manera continúa, la soberanía de las naciones, ubicando el mensaje y los intereses de Estados Unidos por encima de la independencia y de las leyes de los pueblos.
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