A principio de año le envié una carta al ministro Andrés Izarra y un legajo de papeles adjunto. Allí le proponía la creación el Premio Nacional de Comunicación Alternativa, Libre y Comunitaria, así como la declaración de un día consagrado a estos medios y a sus promotores y trabajadores. Me tomé la solidaria tarea de redactar la exposición de motivos, un borrador de decreto y las bases por las cuales habría de regirse el reconocimiento propuesto. En el Ministerio de Comunicación e Información me recibieron los documentos con receptividad que agradezco.

Pasaban los días y ya empezaba a preocuparme cuando, para mi grata sorpresa, me entero por la prensa que la creación del premio fue aprobada por el presidente de la República en Consejo de Ministros. No se trata sólo de un acto de justicia por la labor que en la Venezuela bolivariana cumplen estos medios, sino de un reconocimiento al papel que jugaron en los momentos críticos que ha vivido el país y su proceso de transformación. Hoy día, sin lugar a dudas, el estímulo y apoyo a la comunicación alternativa, libre y comunitaria es un asunto de soberanía y seguridad nacional.

El golpe del 11-A fue montado sobre una plataforma mediática que se activó desde 2001. Sobre lo que realmente ocurría en el país se construyó una realidad virtual cuyo objetivo no era otro que el derrocamiento del gobierno, la aceptación del zarpazo anticonstitucional y su justificación. La campaña mediática fue planificada milimétricamente. Los medios no sólo ocuparon el papel de los partidos políticos de oposición, sino que los subordinaron a sus directrices. Lo que empezó como una estrategia encubierta en las informaciones y sus titulares, terminó a partir del paro patronal de diciembre de 2001 en manifestarse abiertamente, sin tapujos ni disimulo. En función de esta causa que a la larga resultaría perdida, al margen de cualquier código de ética periodística, se hizo una sola de cosa de lo que es información, propaganda y publicidad. A la ley de una asonada, los medios se jugaron a Rosalinda.

Es en este contexto donde entran en juego los medios de comunicación alternativa, libre y comunitaria. Estos empezaron a crecer desde 1999 como una de las expresiones más auténticas y genuinas de la democracia participativa y protagónica. El poder mediático privado, que al principio los vio con desdén, encendió sus alarmas. Las primeras reacciones, con base en el ordenamiento jurídico de la difunta cuarta república, fue acusarlos de ilegales, sobre todo a las estaciones de radio y a uno que otro canal de televisión. Estos medios abrían una brecha en la gigantesca y costosa campaña propagandística (a veces encubierta en la información y otras en la publicidad) que se desató contra el proceso bolivariano y su líder, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero incluso entonces, con la arrogancia del poder, sólo los veían como una incómoda piedra en el zapato. Ya se la sacudirían.

No hubo tal sacudimiento. Los días del golpe de abril, los medios alternativos se convirtieron en una trinchera inexpugnable. No por casualidad, sus conductores fueron perseguidos y hechos presos. Cuando callaban a Radio Perola o Catia TV, otra emisora comunitaria, otro periódico, respondía desde algún lado, con coraje y audacia. Se trataba de una guerra de guerrillas mediática, o si lo prefieren, de una guerra comunicacional asimétrica, desigual. El día que los grandes medios privados le impusieron la oscuridad del silencio informativo al país, la comunicación alternativa y comunitaria derribo ese muro de oscuridad y silencio. Lo demás, para derrotar la conjura, lo hicieron el pueblo y la Fuerza Armada en las calles. Por todo esto, me satisface que el gobierno bolivariano haya acogido y aprobado mi propuesta en cuanto a la creación del Premio Nacional de Comunicación Alternativa, Libre y Comunitaria, y que el mismo, más allá del reconocimiento, se traduzca en apoyo permanente para que la honda de David llegue más lejos y con más fuerza.