Tenemos cerca de 40 años ejerciendo el periodismo de manera ininterrumpida, desde que egresamos de la Escuela de Comunicación Social de la honorable e ilustre Universidad del Zulia.

Creemos que durante todo este tiempo, valga decir, largo y transitado, nos asiste al menos el derecho y la moral para cuestionar algunas acciones indebidas en la práctica del ejercicio del periodismo, que viola o rompe con la función real que debe cumplir un verdadero Comunicador Social.

En anteriores entregas hemos dicho, hasta la saciedad, que el deber que tiene un periodista, consigo mismo y con los postulados de la profesión, es lograr que nuestras sociedades vivan bien, vivan en paz, en armonía, pero sobre todo lograr que las familias mas vulnerables puedan tener acceso, al menos, a sus alimentos y medicinas.

No obstante vemos que muchos periodistas, de manera errada, promueven hoy en día la instigación, la confrontación y el odio, que se traducen en perjuicio de la población de nuestro país.

También aseguramos que un periodista, serio, responsable y apegado a los principios de convivencia y de paz, no puede prestarse a que un disociado lo utilice para estar publicando llamados que no contribuyen en nada, en el caso de Venezuela, a lograr la reconciliación y el camino ideal para impulsar a la nación por los senderos de la tranquilidad, la felicidad y la propia prosperidad económica.

Un periodista, bien preparado, debería saber muy bien a diferenciar lo bueno de lo malo.

Así pues, que creemos que ha llegado el momento de deponer las actitudes contrarias a los intereses de la República, a los intereses de la generación de relevo que nos cuestiona y nos observa cansados de tener que ver como el país se nos escapa de las manos.

Incluso, en esos anteriores escritos, llegamos a exhortar a la directiva actual del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) para que depongan y corrijan esas actitudes que alientan a que se agrave el conflicto.

Hasta ahora no hemos visto que nuestro gremio haga algo para evitar los llamados que incitan a que se produzca una invasión contra el país, sino por el contrario, la alientan, sin tomar en cuenta las implicaciones y las consecuencias que hayan a lugar.

Pero también dijimos que "gran parte de la crisis que vive nuestra nación es corresponsabilidad directa de los Medios de Comunicación Social, en especial de las redes, y de los propios periodistas, por cuanto vemos que muchos en vez de llamar a la paz y a la reconciliación, promueven llamados nada acordes que permitan el diálogo y el reencuentro que tanto necesita la nacion.

Es preciso señalar, en este sentido, que la nueva "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela (RBV)", establece en su Art. 8, referente a los delitos, lo siguiente: "Toda persona que promueva, invoque, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población, por parte de un Estado extranjero o grupos de Estados, será sancionado con prisión de 25 a 30 años.

Con la misma pena será sancionado quien promueva, invoque, respalde "financie" o participe en acciones de gobiernos, entidades grupos o personas extranjeras contra la integridad territorial de la RBV o sus instituciones republicanas".

El Art. 9 reza: " Toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la RBV, será inhabilitado políticamente".

El Art.14, dedicado a la responsabilidad civil, dice taxativamente: "Sin perjuicio y con independencia de la responsabilidad penal aplicable, le persona que ejecute, promueva, invoque o respalde la adopción de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población responderá civilmente por los daños causados".

Ahora bien, el Art. 17, que trastoca el ejercicio del periodismo, por demás poco ético e indebido, relacionado con la divulgación de mensajes, dice así: "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposicion de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la RBV serán sancionados con la revocatoria de la concesion y multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre cien mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor publicado por el BCV , de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia.

Con la mismas penalizaciones se sancionarán los medios electrónicos, redes sociales y medios impresos.

Así vemos, pues, que por fin se promueve una ley que meterá en cintura, no solo a los Medios de Comunicación Social, incluyendo tambien a las redes, sino a los propios periodistas, que incurran en violar la nueva disposición legal porque se han apartado de los verdaderos preceptos que deben existir en un Comunicador Social, que debería estar preocupado por promover un buen periodismo y al mismo tiempo alentar el bienestar del país.