Tras los acontecimientos desestabilizadores suscitados en el país desde hace más de un mes, los medios de comunicación privados, ligados a la oposición, pretenden hacer creer que en Venezuela existe un descontento generalizado contra la administración del presidente Nicolás Maduro Moros.

Pese a que en los barrios y zonas populares la situación se mantiene en normalidad, el tratamiento periodístico de la derecha sugiere que un estallido social, similar al del 27 de febrero de 1989, podría generarse si el Jefe de Estado no corrige “la grave crisis económica” que se cierne en el territorio nacional y las políticas públicas que impulsa la Revolución Bolivariana.

Los actos vandálicos ejecutados por grupos de corte neofascista en algunas zonas donde habita la clase media son justificados por la prensa al calificarlos de “resistencia legítima” contra un “régimen opresor” que, a su vez, “limita el derecho a la protesta pacífica”, aún cuando los daños ocasionados a la nación superan más de 10 mil millones de dólares, según cifras oficiales.

¿GOLPE SUAVE?

El portal web de Corporación Británica de Radiodifusión (BBC, por sus siglas en inglés) publicó el pasado jueves 27 de marzo de este año un artículo titulado “¿hay un ‘golpe suave’ en marcha en Venezuela?”, en el cual desestima las múltiples denuncias hechas desde Miraflores sobre un plan internacional para derrocar a Maduro.

 “Desde hace casi mes y medio, en muchas ciudades de Venezuela se ven masivas movilizaciones opositoras que, eventualmente, terminan en violentos enfrentamientos con la policía”, detalla el escrito, cuyo autor, Carlos Chirinos, corresponsal de la cadena inglesa, pretende ocultar el origen de las protestas y los pocos lugares donde se suscitan.

Chirinos asegura que los focos de violencia, en su mayoría, se deben a la “represión” que, según él, ha protagonizado la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), “el único sector militar involucrado directamente en la crisis”.

“Por ‘golpe suave’ el gobierno entiende la confluencia de movilizaciones estudiantiles y de oposición, la llamada ‘guerra económica’, de la que acusa a sectores empresariales, y lo que considera injerencia extranjera, en la que incluyen desde el departamento de Estado de EEUU hasta infiltrados del paramilitarismo colombiano”, se mofa el autor, a pesar de las pruebas que han presentado los cuerpos de seguridad del Estado, en las cuales se refleja los casos de infiltración de grupos terroristas de otros países.

Ante lo expuesto por Chirinos, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información rechazó la nota por considerarla “sesgada y malintencionada”, con relación a la violencia promovida por sectores de la ultraderecha en el país.

“El golpe suave está dirigido por figuras de la derecha venezolana y apoyada desde Estados Unidos y, en esta etapa, representada por grupos violentos provenientes de la clase media (...) Esto está circunscrito geográficamente a unos pocos municipios gobernados por la oposición. El resto del país está en calma, aunque preocupado y sorprendido por los acontecimientos”, especifica la réplica de la cartera de Comunicación.

PROTESTAS DE RICOS

Una visión opuesta a la expresada por la BBC manifestó recientemente el diario británico The Guardian. El rotativo divulgó un reportaje en el cual específica que las manifestaciones de los militantes de la autodenominada Mesa de Unidad Democrática (MUD) se originaron en las urbanizaciones más ostentosas de algunos estados del país.  

“Las masas ‘descontentas’ tienen camionetas todo terreno Grand Cherokee de $40.000 portando el eslogan del momento: SOS VENEZUELA (…) No hay señales de que el país esté al borde de una ‘crisis’”, argumenta el autor del reportaje, Mark Weisbrot.

Weisbrot, quien funge como codirector del Centro para la Investigación Económica y Política, en Washington, explicó que las imágenes de las arremetidas policiales que recorrían las redes sociales, falsearon los acontecimientos, haciéndoles creer a muchas personas en el planeta que eso era lo que realmente sucedía.

“Pensé que también yo era inmune a los repetitivos retratos de Venezuela como Estado fallido en medio de una rebelión popular. Pero no estaba preparado para lo que vi en Caracas este mes: qué poco de la vida cotidiana parecía estar afectado por las protestas, la normalidad que reina en la gran mayoría de la ciudad. También yo había sido engañado por la imaginería mediática”, confesó Weisbrot, quien ha escrito múltiples informes de investigaciones acerca de política económica en varios países.

CON JUSTIFICACIÓN

“Represión”, una de las palabras que más uso le han dado recientemente televisoras, radios, revistas, periódicos y, con mayor fuerza, en las redes sociales. Cientos de géneros periodísticos y miles de comentarios se aglutinan por la autopista de la información para denunciar la supuesta “dictadura” que desde Miraflores se adelanta.

De acuerdo a Real Academia Española (RAE), de los cuatro significados que hay para este sustantivo, uno se adapta, propiamente dicho, al tema abordado: “Acto, o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”. Sin embargo, el control que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado ha frenado la propagación de la violencia hacia otros lugares.

El manual del Consejo General de Policía, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, establece que las alteraciones del orden público deberán ser disipadas, según el tipo de acciones que ejerzan los manifestantes.

Cuando se traten de daños severos a la propiedad pública y privada, trancas definitivas en calles, avenidas y vías principales; obstrucción de los servicios básicos, además de elevados niveles de hostilidad contra los cuerpos de seguridad, el Estado podrá utilizar recursos logísticos para la defensa como gases, perdigones y granadas de humo, ocurre en la mayoría del los países del mundo.

Para los medios, cuando estos insumos son utilizados, constituyen una “salvaje represión” contra “estudiantes” que sólo colocaban barricadas para defenderse de la “brutal actuación” de la GNB, aunque, paradójicamente, han sido asesinados, hasta ahora, seis efectivos castrenses en los enfrentamientos.

¿Podría calificarse de “pacífico” el cierre de calles y avenidas que limitan el acceso a otras personas? ¿Está ajustada a derecho la tala indiscriminada de árboles? ¿Es constitucional el asesinato selectivo? ¿Atentar contra bosques y parques, mediante incendios, está amparado en el marco jurídico nacional?, interrogantes que muchas personas, que incluyen a sectores de la oposición, se formulan en estos momentos.