El asesinato del custodio del Presidente y el de Eliècer Otaiza, ex custodio de Hugo Chávez, alto funcionario comunal y cofundador del chavismo, confirman que hemos ingresado a una fase terrorista, selectiva, del proyecto de instalar una guerra civil en el país, para derrocar al chavismo y derrotar el proceso revolucionario. El terror, el miedo, el pavor a escala social, es un instrumento vital para el proyecto de desmadrar la gobernabilidad venezolana con recursos de guerra civil.

La Colombia de la década pasada y la Siria actual, nos hablan de dos de sus resultados. En la primera instaló la hegemonía cultural conservadora, anti popular, que le permite a una senadora uribista pedir la hoguera para Fidel y el Gabo en medio de un duelo mundial por su muerte. En la segunda, el desquiciamiento de una sociedad tranquila.

Las mesas de negociación y paz no son la negación de esa estrategia. A largo plazo la pueden complementar, dependiendo de sus resultados. Si de las Mesas salen debilitados el gobierno y el movimiento social chavista, se fortalecerá la ultraderecha y matará más.

Quienes instalaron en medio planeta que en Venezuela el gobierno mata “inocentes estudiantes que reclamaban libertad” tienen co-responsabilidad criminal en los actuales resultados. Ayudaron a incentivar la violencia contra el gobierno. Corporaciones de medio, como la CNN, NTN24 o canales y diarios como TN, Fox, Miami Herald, El País, El Mercurio, El Comercio. En Argentina es notoria la responsabilidad criminal de diarios como Clarín y periodistas y conductores como Jorge Lanata, entre otros, o diputados como Federico Pinedo y Elisa Carrió. Todos ellos mintieron sobre los hechos y difundieron información falsa sobre la oposición y el gobierno, invirtiendo la causalidad de los sucesos y sus responsables. El resultado son 44 asesinatos. ¿Quién los paga?

El “mundo del revés” de María Elena Walsh no alcanza para contener el grado del absurdo construido alrededor de la violencia desatada por el brote fascista desde febrero. Para medio planeta, los asesinos han sido convertidos en las víctimas y los violentos en “inocentes estudiantes”

Veamos los hechos que desmontan la mentira y establecen responsabilidades, tanto adentro como afuera del país. (Baso este informe en tres fuentes: Informes de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Amnistía Internacional, Red de colectivos La Araña Feminista, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, el diario web Aporrea y el informe escrito por el periodista venezolano Luigino Bracci del 15 de abril de 2014, quien tiene el mérito de haber hecho el primer análisis taxonómico de las muertes)

            Entre el 12 de febrero y la segunda semana de abril los muertos sumaron 44 personas. El resto se divide en dos tipos de personas:

a) 15 vecinos y vecinas sin actividad política, o sea, ni chavistas ni antichavistas.

b) Los otros 18 caídos mortales eran chavistas o bolivarianos de tres tipos: 9 militantes del PSUV y agrupaciones sociales chavistas, 10 miembros de los cuerpos de seguridad pública del Estado (GNB, PNB y el SEBIN) y 1 fiscal del Ministerio Público.

Los muertos de la oposición

El total de opositores muertos suma 15 personas. De ese total, el gobierno se hace responsable de 8 victimas. Las otras siete (7) cayeron por efecto de sus propias acciones, dentro de las barricadas o accidentes individuales. La Fiscalía llamó a este tipo de casos “muerte indirecta”, porque no hubo intencionalidad, pero si hay una causa políticamente identificada: las barricadas organizadas por los estudiantes opositores.
            Los casos de responsabilidad política o estatal no pasan de ocho (8). En solo tres (3) casos de opositores muertos, se verificaron disparos de militantes chavistas que defendían sus comunidades u organizaciones en las ciudades de Caracas y Valencia. Otros tres militantes opositores murieron por sus propias manos: a uno le explotó un mortero que preparaba contra la Guardia Nacional, otro se electrocutó derribando una valla publicitaria para hacer una barricada y el tercero se cayó de una terraza en un barrio rico de Caracas.

Los otros cuatro opositores murieron por efecto de las barricadas y guarimbas armadas por ellos, no por acciones de la Guardia Nacional.

Los muertos del chavismo

El total de chavistas y funcionarios del Estado caídos a causa de balas disparadas por estudiantes opositores suma 18 personas.  La pregunta salta sola: ¿Como es que los muertos por disparos intencionales es más del doble entre chavistas que entre estudiantes opositores, teniendo el Estado el monopolio de las armas? Según diputados como Federico Pinedo, periodistas como Lanata, novelistas como Vargas Llosa o gobernantes como Macri, en Venezuela hay una dictadura que mata: ¿Qué tipo de dictadura es esta que debe registrar 9 agentes de seguridad muertos por bala, un Fiscal (bicho extraño en una dictadura), 2 jefes políticos y 9 militantes asesinados, contra solo 8 caídos por acción del chavismo entre los “rebeldes” estudiantes pacíficos,  desarmados y civiles? Pinochet y Videla deben sonreir con sorna ante una dictadura tan débil.

El gobierno se hizo responsable por las acciones de sus miembros. Destituyó al Jefe policial que desobedeció la orden presidencial de no disparar y mantiene a una decena de guardias nacionales procesados judicialmente, en algunos casos por ejercer actos de violencia personal.

Se puede opinar que el Gobierno fue débil durante los primeros días de la violenta “revuelta de ricos”; en ese caso, desmentiría a quienes lo acusan de dictadura y “asesino de estudiantes”.

El mapa de la muerte

Dos ciudades concentraron el 52% de los caídos: La Capital (Caracas + Miranda) y Valencia. Un detalle: De las 12 muertes de Caracas, 9 ocurrieron en los barrios del Este de la ciudad producto de accidentes en las barricadas. Mérida con 4 muertos y San Cristóbal con 6, registran el otro dato político, militar y social preocupante. Estos cuatro sectores urbanos (Este de Caracas, norte de Valencia, Mérida y San Cristóbal) son los cuatro bastiones de concentración opositora. En estas cuatro circunscripciones los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia tienen gran cantidad de adherentes y cuadros, además de relaciones regulares con paramilitares colombianos y grupos de malandros pobres.

El resto de los caídos son cinco (5), se reparten en cuatro ciudades: 3 en Aragua, a una hora de Caracas, donde la violencia derechista se focalizó en tres barrios de clase media alta controlados por Voluntad Popular: El Limón, El Castaño y Las Delicias. Otros 2 se registran en la vieja ciudad petrolera de Maracaibo, tradicionalmente anti chavista, ganada por el chavismo hace apenas un año. Luego hubo 1 muerto en la lejana ciudadela oriental de Cumaná y 2 en Barquisimeto, del Estado occidental de Lara, una de las tres regiones del país donde funciona la mayor cantidad de comunas, consejos comunales, cooperativas y movimientos sociales chavistas.

¿Quién se hace responsable?

¿Quién se hace responsable de los muertos de Venezuela? Ni la prensa que mintió, incluso usando imágenes falsas, ni los diputados que invirtieron la realidad para convertir en víctimas a los victimarios, se atreverían a usar los datos de las fuentes que presentamos.

Esta imagen de disociación evoca a la de Vargas Llosa gritando en Caracas el 25 de abril, ante casi 30 micrófonos y cámaras de televisión que en Venezuela hay censura de prensa porque “el pueblo se equivocó con Chávez como los alemanes se equivocaron con Hitler”.

Otro hecho que cuestiona informes periodísticos y declaraciones de diputados, en Venezuela y Argentina como en el mundo, es el de la responsabilidad pública.

Algunos chavistas, por error conceptual o ingenuidad política, han llamado “exceso policial” a los pocos casos puntuales de tortura, como si en esencia fuera distinta a la que sufrimos o combatimos antes del chavismo. El sistema político chavista tiene el mérito de no usar la violencia policial/militar ni la tortura como sistema o recurso regular de Estado, pero no podemos negar los hechos cuando aparecen. Se trata del mismo Estado con sus misma lógica de control social punitivo. Se extirpa o  reaparecerá.

Para comprender la diferencia entre el sistema político chavista y el anterior, recordemos que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, publicado en agosto de 1992, en el diario El Nacional de Caracas, mostró que entre 1969 y 1989, los cuatro gobiernos previos al chavismo asesinaron en las calles a 11 estudiantes promedio cada año, un total de 211; y que durante el Caracazo, en febrero de 1989, fueron asesinados cerca de 3 mil personas, decenas de ellos en ocultados en tumbas sin nombre descubiertas al este de Caracas. El gobierno de AD aceptó su responsabilidad en una lista de 364 muertos, como si se tratara de un consuelo para una estadística pavorosa solo comparable con la arrojada por dictaduras del Cono sur y América Central o la democrática Colombia.

Esta actitud responsable como gobierno de Maduro, se contrapone a la de la oposición venezolana y sus diputados aliados en Argentina y el mundo.

Hasta el 20 de abril, o sea, casi dos meses después, solo 7 de los 18 partidos opositores venezolanos aceptaron condenar “la violencia venga de donde venga”, pero con una diferencia: sin asumir que 35 de esas muertes fueron provocadas por sus barricadas o por disparos de sus estudiantes-militantes y paramilitares uribistas.

El Ministerio del Interior ha presentado las evidencias de la participación militar activa de por lo menos 21 paramilitares de origen colombiano, entre una lista de medio centenar de sicarios extranjeros. A nadie sensato que sepa de América latina, le cabe duda sobre la participación de la Fundación Internacionalismo para la Democracia, dirigida por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Las marcas de la bestia

Las evidencias judiciales prueban la participación de por lo menos 5 Policías Municipales de la oposición en cinco actos criminales. Los Alcaldes y cuerpos policiales de los Municipios de Chacao (Caracas), de San Cristóbal (Táchira), de San Diego (Valencia), de El Limón (Mario Briceño Iragorry, Maracay) y de San Antonio de los Altos (Estado Miranda). Los actos fueron: proveer insumos para armar barricadas, proveer armas de fuego a los grupos opositores, señalar y perseguir chavistas reconocidos del municipio, amparar paramilitares colombianos, financiar malandros para asesinar Guardias Nacionales. Dos de las consignas pintadas en paredes que incitaron al asesinato de chaviastas, fueron:  “Venezuela necesita de ti, mata a un chavista” (Chacao, este de Caracas). Otra:  “La paz a los cementerios, la guerra a la calle” (barrio San Diego, norte de Valencia)

Se registraron alrededor de 240 barricadas entre el 12 de febrero y el 4 de abril. No se conoce de una sola barricadas organizada por los chavistas. Hubo cacerías sobre  87 personas chavistas en cinco ciudades. Dos de ellos son reconocidos artistas y deportistas, dos funcionarios estatales, tres sindicalistas, un diputado y su hija en Mérida, y el asesinato de una detective del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) a manos de cuatro agentes de PoliChacao.

Contra esa cacería masiva de chavistas, solo se sabe de una acción similar contra un activo opositor que había participado en la quema de la Fiscalía, Roberto Rendón, seguido por motorizados y asesinado el 12 de febrero a la noche en una calle de Chacao.
 

Quién se hace responsable

No existe una legislación internacional que imponga penas o regule la criminalidad de la mentira mediática. Ni siquiera se considera crimen mentir con una imagen falsa o un informe periodístico trucado. Sin embargo, es fácil probar que fueron colaboradores indirectos en los resultados fatales de Venezuela y otros escenarios de violencia reciente.

¿Qué organismo penaliza a la CNN, NTN24, El Nacional (de Venezuela), El País (de España), El Nuevo Herald (de Miami) o al Senador Rubio de EEUU y al periodista Jorge Lanata de Argentina, por falsificar hechos, informes e imágenes para acusar de los muertos al Gobierno de Venezuela?

El diputado argentino Federico Pinedo y el Bloque del Pro en la Legislatura porteña aseguraron desde el 12 de febrero que el gobierno de Maduro “mata estudiantes”, “persigue opositores” y “censura a la prensa”. Ellos y otros diputados organizaron una acción parlamentaria de más de 300 diputados con el mismo argumento falso.

Su grado de amoralidad política les aconsejó, desde finales de marzo, acomodar el argumento. Ya no hablan de dictadura, salvo disociados como Vargas Llosa. Ahora están preocupados “por la violencia” en el país, como si ésta fuera una entidad sin rango humano y ellos no tuvieran responsabilidad indirecta al apoyar a quienes la iniciaron, la potenciaron y arrojaron los resultados de muerte y desastre en Venezuela.