El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto con más de 7 millones 300 mil votos, solicitó la aprobación de una ley habilitante al Poder Legislativo, máxima expresión de la representación popular. A su vez, la Asamblea Nacional decidió acudir a la Plaza Bolívar de Caracas para que sea el pueblo, depositario del poder constituyente, el que apruebe si otorga o no la habilitación solicitada por el Jefe del Estado. Una dictadura no perdería tanto tiempo para despacharse y darse los vueltos sin aviso y sin protesto. Ni siquiera el “totalitarismo light” con que sueña Teodoro se andaría con tantos rodeos.
No es necesario remontarse a los tiempos de Gómez o Pérez Jiménez para que la historia refrende el anterior aserto. El siglo XXI se despabiló fugazmente con una dictadura efímera en la persona de Pedro El Brevísimo. En un santiamén el relampagueante déspota abolió la constitución y disolvió todos los poderes constituidos, electos o no. Luego de auto juramentarse, se habilitó a sí mismo y se hizo de todos los poderes. “Así es que se gobierna”, gritaban en Miraflores en momentos de fascismo y autocracia, valga el pleonasmo.
Al presidente Chávez el pueblo y la Asamblea Nacional le otorgaron poderes especiales para legislar sobre materias específicas por un tiempo determinado, ni un día más ni un día menos. Cumplidos los 18 meses acordados, cesará su habilitación y así lo aceptará el Jefe del Estado. Otra forma de actuar y proceder tienen algunos concesionarios del mundo de la televisión. Al recibir una licencia para explotar una señal del espacio radioeléctrico, los sujetos se creen dueños y señores del país y se alzan con el santo y la limosna. No aceptan otras normas y otros plazos que los que ellos mismo se fijan y pautan.
El mandatario tiene un mandante que es el pueblo. El concesionario piensa que por encima de él, nadie. El mandatario acepta los lapsos que le fija el poder popular. El concesionario decide a su real gana cuánto dura su concesión, de acuerdo con su capricho. El mandatario está conteste en que la ley habilitante tiene límites. El concesionario considera ilimitada su concesión, incluso para usarla contra el mismo Estado que se la otorga. El mandatario se somete a las leyes del país. El concesionario las desconoce y se refugia en lo que él denomina “instancias internacionales”. El mandatario, el 12 de abril de 2002, estaba confinado en La Orchila. El concesionario, ese mismo día, estaba en Miraflores, haciéndole la alfombra a la dictadura.
El concesionario, por razones de supremacismo, subestima al mandatario, aunque éste, quizás por esa misma subestimación, lo ha derrotado en todos los escenarios. El concesionario, poseído de la soberbia que le es característica, anuncia que tiene ganada la batalla de la concesión y que ésta será eterna. El mandatario, sin aspavientos, le recuerda el día y fecha en que vence dicha concesión. El concesionario cree en el poder del dinero y en las “instancias internacionales”, léase “imperio”. El mandatario cree en las leyes de su país y en el poder popular. Veremos.
