La Quinta República nació con la nueva Constitución, refrendada por la mayoría del pueblo venezolano en consulta pública. Ese 15 de diciembre de 1999, se decretó la refundación, con el fin de instaurar una sociedad “democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural…sin discriminación ni subordinación alguna…”
El preámbulo de la magna Ley recoge la esencia de la revolución bolivariana. Que reivindica la libertad y el conocimiento, entre otros derechos. Sin embargo, los pasos para que toda su letra tenga vida aún son lentos.
El proceso de secularización del occidente, en el que la razón y el conocimiento se enfrentan al dogma religioso y a la iglesia, se remonta a los siglos XV y XVI. Sin embargo, hoy cuando nos proponemos construir el socialismo del siglo XXI, en la televisión del estado venezolano se nos impone diariamente una ceremonia religiosa como lo es la misa católica.
No se trata de abrir un debate acerca de lo sagrado o lo profano. Pero estamos obligados a darle la dimensión justa tanto a la institución de la iglesia como a la religión, en una sociedad que se niega a ser dominada o influida por un saber, filosofía o poder en particular. Aun cuando muchos de los valores del socialismo del siglo XXI que se está construyendo colectivamente vienen del cristianismo por ser valores universales planteados en otras filosofías de la vida, religiosas o políticas, como la solidaridad, el amor, la equidad, se debe considerar la diversidad y respetar la multiplicidad de criterios.
La revolución bolivariana propugna la independencia del Estado, antes dominado por el poderío cuatripartito: político, económico, militar y religioso. Un Estado no-confesional, secular, laico, sin más tutelaje que la del pueblo organizado.
Esta sociedad decidida a diseñar su propia dinámica se pretende laica en la educación, pero se le impone implícitamente ser católica a través del canal del Estado, lo que va a contracorriente con el proceso de construcción de un nuevo paradigma de comunicación, con base en el respeto a los derechos constitucionales y los valores universales de convivencia de todos los ciudadanos y no de un grupo religioso determinado.
Una misa de la religión que fuere en la televisión del estado desconoce a las 40 etnias que existen en nuestro territorio nacional y echa por tierra todo un capítulo de la Constitución dedicado a nuestros aborígenes.
El mensaje y el contenido de la televisión pública no debe responder al capricho personal de quienes por costumbre o por fe practican determinadas doctrinas religiosas. Mucho menos hoy, cuando se abre un proceso de democratización del espacio radioeléctrico, y la sociedad, desde todas sus trincheras aporta para la construcción de un nuevo paradigma de comunicación, que rompa con los esquemas impuestos por el sistema de dominación, que se ha servido de la institución de la iglesia para amansar al pueblo, quien por fortuna se hartó de ser arreado y pasó a la condición de montaraz.
Los venezolanos y las venezolanas aspiramos y luchamos a diario entre otras cosas por tener libertad para manifestar nuestras inquietudes religiosas o espirituales y para buscar las respuestas a tales necesidades humanas. Y uno de los logros fundamentales de la revolución es la inclusión. Por razones lógicas -de tiempo y espacio- sería imposible solicitar que en el canal del estado se incluyeran las expresiones de todas las religiones existentes, inscritas en el servicio de Justicia y Culto del ministerio respectivo, pero sí es posible omitirlas todas para no discriminar a ninguna.
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