Calificaciones diversas, gritos destemplados, sonidos vociferantes, imputaciones descabelladas, acusaciones de todo tipo se han hecho presentes en los últimos meses en los medios privados de comunicación por parte de los mismos personajes que insisten de manera perniciosa en decir que en Venezuela no hay libertad de expresión.
Apreciaciones interesadas recalcan que en el país hay violación a los derechos humanos, persecución a periodistas, inducción a la autocensura (?), límites para el ejercicio del periodismo, presión por medio del otorgamiento de pautas publicitarias y, en síntesis, no hay libertad de opinión, ni de información, ni de expresión. Estos señalamientos no tienen asidero en la realidad. Todo ello forma parte de la persistente campaña de los sectores más conservadores del país y de la derecha del continente en contra del gobierno nacional.
Foros, congresos, debates y encuentros, financiados por organismos "neutrales" de Europa y Estados Unidos, se han dado en Venezuela. Vemos la reiterada publicación de costosos remitidos de organismos universitarios en el mismo tono. Las Escuelas de Comunicación Social, públicas y privadas, se hermanan en esta cruzada: todos "contra el gobierno dictatorial".
Siglas van y vienen. "Inocentemente" tercian en el tema.
Desde los más trillados: SIP, AIR, RsF, IPyS, HRW, Súmate, hasta las nuevas adquisiciones para la gran batalla: Upla, GDA, CPJ, que abogan por la aplicación del Tidh (Tratado Interamericano de los Derechos Humanos). "Sesudos" análisis e investigaciones son preparados por encargo en los laboratorios del Norte con un único fin: condenar al gobierno venezolano ante los foros internacionales.
En seis años (2001-2007), la conspiración mediática ha hecho las peores y más cruentas campañas que se recuerden para desprestigiar a gobierno alguno. De manera perversa, manipulando y enarbolando la mentira, algunos periodistas, locutores, docentes universitarios y comunicólogos le hacen el juego a los jerarcas de la industria mediática. Epílogo: la Cidh, organismo de la OEA, acaba de demandar al Estado venezolano por supuesta violación de los derechos humanos y laborales en el caso Rctv.
Amenaza estéril que no prosperará. ¡Qué casualidad, el dictamen surge en esta fecha! Periodista/Prof. universitaria
