Igualmente nos convencemos de que difícil es hacer una revolución pacífica y sorteando las trampas que nos tiende la democracia burguesa, que aún cuando hemos tratado de desarticularla continúa vivíta y amenazando el proceso si no nos ponemos las pilas.
Un caso patente y patético del poder de esa canalla, es la situación que estamos viviendo como consecuencia de una tímida medida que de paso tenía que haberse tomado pero en forma drástica, hace 7 años, cuando la mafia mediática traspasó los límites de la tolerancia democrática y se convirtió en homicida y apátrida a través del golpe de estado de abril de 2002, cuando le dio una patada a la constitución y a todas las instituciones democráticas para justificar el secuestro e intento de asesinato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías y la masacre del pueblo en la calle por orden del sátrapa “Pedro El Breve”.
Es una realidad que no sabemos como calificarla. ¿Es posible que un atajo de delincuentes,que durante décadas robó al pueblo venezolano y violentó principios fundamentales de nuestro estamento jurídico estén hoy día subvirtiendo el orden a través de la acción mediática por el solo hecho de que el Estado está tratando de poner las cosas en su sitio? ¿No hay forma de a parte de bajarle el suiche por ilegales a los cañones de perversión y conspiración que manejaban estos delincuentes, también se les pueda poner los ganchos y llevarlos a buen recaudo, donde merecen estar hace años? ¿Será que es necesario que el Comandante Chávez se pare en un Aló Presidente y le hale las orejas a alguien para que se haga justicia? El latrocinio cometido por los latifundistas del espectro radioeléctrico no puede quedar impune y mucho menos permitir el desbordamiento obsceno de la canalla mediática llamando a la insurrección popular en defensa de sus intereses particulares.
La acción de Conatel, que en reiteradas oportunidades había sido reclamada por sectores académicos y populares y que hasta el mismo presidente preguntó varias veces que hacia ese organismo, al fin se ha visto y como era de esperarse ha exacerbado el golpismo, que cada día toma más vigor a través de la manipulación mediática, engañando al colectivo, haciéndole creer que la medida justa y necesaria que tomó el estado venezolano atenta contra la libertad de expresión, contra el derecho a oír música que tiene la población, contra el derecho que tienen los provincianos a saber lo que ocurre todos los días en la Gran Caracas, por supuesto que todo lo negativo, porque lo positivo es un secreto bien guardado por parte de los propietarios y conductores de medios del espectro radioeléctrico.
Frente a esta desenfrenada arremetida de la canalla tiene que activarse el poder popular, los comités de usuarias y usuarios tienen que fortalecer la contraloría social, para ahora que hay autoridad, que está dispuesta a quebrar el espinazo a la perversa mafia que enferma al pueblo, acopiar información y proceder a la denuncia correspondiente.
Hay que activar
los frentes en defensa del espectro radioeléctrico como propiedad colectiva
y solicitar que los circuitos sean proscritos,porque es la manera más
perversa no solo de coartar la libertad de expresión, sino de chantajear
y someter a los radiodifusores independientes y de torpedear la política
de producción independiente impulsada por el estado venezolano, como
forma de democratizar el hecho comunicacional.
El pataleo de los dueños de circuitos,que reiteramos deben ser imputados por haberse apropiado indebidamente con fines de lucro de un bien que es de propiedad colectiva, como es el caso del espectro radioeléctrico, que de paso lo han utilizado también para atentar contra el bienestar y la salud mental del pueblo venezolano, obedecen precisamente a que les cierra el chorro de dinero que ilegalmente se metían mensualmente a costa de sus víctimas, pequeños propietarios de emisoras a quienes sometían a través de sus cadenas para expoliarlos y al final muchas veces para quedarse con la concesión de manera ilegítima. Estos sujetos en Estados Unidos de Norteamérica, que es su patria putativa, estarían en una cárcel de máxima seguridad y seguramente con una cadena perpetua como mínimo, por lo que han hecho.
La medida debe ser drástica y las concesiones nuevas deben estar dirigidas a colectivos culturales, comunitarios, a los excluidos que a través del tiempo solo han sido esclavos de los mafiosos del medio y además con nuevas condiciones.
Las nuevas concesiones tienen que darse bajo condiciones bien precisas y su revisión debe ser de cortos períodos para que nadie piense que se trata de una propiedad privada y hereditaria y mucho menos de una patente de corso para delinquir y enriquecerse a costa de lo que sea, incluyendo la soberanía y seguridad de nuestra patria.
Se impone
una nueva legislación para el uso del espectro radioeléctrico y debe
hacerse ya, para no dar tregua en la lucha contra la canalla desbordada,
que se aprovecha de la impunidad.
*Periodista:
