La oposición venezolana emergió de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre cual guapetón de barrio, producto de su relativo avance electoral, intentando acorralar a un gobierno bolivariano ciertamente acusando los golpes del desgaste de su gestión por deficiencias y errores propios , pero también, y en medida nada despreciable, debido el nefasto efecto de la guerra mediática de sus enemigos internos y externos, la derecha recalcitrante nucleada en la Mesa de la Unidad, y el imperialismo norteamericano, que no cesa.
Mientras los bolivarianos, tanto los que militan en el Psuv, como los que no, se dedicaban en el marco del debate de ideas, a indagar sobre el porqué de merma electoral en circuitos anteriormente conquistados ampliamente, y su incidencia en el no cumplimiento de la meta propuesta de 110 diputados, o sea los dos tercios de la nueva Asamblea Nacional, la derecha se dedicaría en una acción propagandística envolvente a ‘‘tomar’’ la iniciativa política, o mejor dicho, esas fueron sus pretensiones, que con el transcurrir de los días no pasaron de ser eso: pretensiones, como veremos.
Una cadena de acciones de calle comenzarían a producirse dejando al descubierto por dónde vendrían los tiros de la oposición derechista, siendo uno de lo más reveladores del estilo del fascismo criollo, encabezado por Leopoldo López y su micro partido ‘‘Voluntad Popular’’, el secuestro de los pasajeros de un vagón del metro de Caracas y la paralización vio lenta del servicio de transporte subterráneo caraqueño con el argumento de que se trataba de una protesta “pacifica” contra la ineficiencia de los gerentes de este servicio público, es decir, del gobierno nacional.
¿Un primer movimiento?
Aunque no puede asegurarse, es justo en ese momento cuando estalla la crisis inmobiliaria consecuencia de la estafa cometida por empresarios del sector contra famitas compradoras de apartamentos y viviendas a nivel nacional, lo que podría llevarnos a creer que la acción emprendida por el gobierno nacional para resguardar los intereses de las familia afectas, fue un primer movimiento de contraataque revolucionario.
Lo mismo pudiera decirse, pero ya en el plano de la soberanía alimentaria, sobre la decisión del Ejecutivo de nacionalizar la empresa agropecuaria Agroisleña, que llevaba 52 años controlando monopólicamente la venta y distribución de insumos para la agricultura, con o que ello significó para los campesinos y pequeños productores del campo en materia de empobrecimiento y quiebra.
Ante estas acciones bolivarianas, la derecha se dedicaría a descalificarlas con los ya desgastados clisés, tales como que el país se “encamina hacia una dictadura comunista”, y que pretende “acabar con la propiedad privada”, llegando al extremo de la manipulación cuando los medios de difusión privados intentaron, recurriendo como siempre lo han hecho al factor miedo, intentaron infructuosamente posicionar la matriz de que el gobierno bolivariano al intervenir los desarrollos habitacionales de las empresas involucradas en la estafa inmobiliaria, le entregaría las apartamentos y viviendas a otras personas y no a sus legítimos propietarios.
Todo el país pudo ver cómo agradecidos propietarios han recibido inmediatamente las llaves de sus viviendas ya culminadas, y como el Gobierno Nacional dispuso de un importante monto de recursos financieros, provenientes de los ahorros acumulados en el Fonden y de dividendos de empresas del Estado, para culminar la enorme cantidad de desarrollos habitacionales privados diseminados en varios estados del país, que habían sido paralizados criminalmente por sus dueños, sumiendo en la peor de la incertidumbres a centenares de familias que habían entregado cantidades ingentes de sus ahorros de años.
Atraídas por la publicidad engañosa de los estafadores en cuanto al tiempo de entrega, ese momento nunca llegaría, obligándolos por el contrario a ceder ante las presiones de éstos por incrementar el precio inicial de adquisición dizque para poder culminarlos; y que, como parece ser, estos “empresarios capitalistas” desviaron hacia desarrollos inmobiliarios de lujo en Panamá, lo cual estaría siendo investigado.
El colmo de la desfachatez política
Más que por causa de la naturaleza propiamente dicha, y sí más bien por la grave deformación en la ocupación del espacio geográfico venezolano, propiciada en el pasado tanto por el populismo adeco al inducir a partir de 1960 la ocupación de las zonas de riesgo de nuestras ciudades, en particular las pendientes más inclinadas de los cerros, y así recuperar el dominio electoral en Caracas, favorable entonces a la izquierda; como por la voracidad capitalista, que por muchas vías, incluidas las fraudulentas, se hizo de los terrenos planos de nuestras grandes ciudades para dedicarlos al jugoso negocio inmobiliario, unas 35 mil familias venezolanas debieron ser trasladadas a refugios luego que lluvias fenoménicas por encima del índice pluviométrico manejable, provocaron deslaves, inundaciones, desbordamiento de presas y ríos, en magnitudes inimaginables.
Todos los organismos del Estado con competencia en estas situaciones, de manera particular la Fuerza Armada nacional Bolivariana, debidamente articulados en sus responsabilidades concurrentes a nivel nacional, estadal y municipal, estuvieron monitoreando la situación para cuando los especialistas en meteorología así lo indicaran, fuese declarado el estado de emergencia en los estados más afectados, como en efecto ocurrió, siendo testigo la opinión pública nacional de un rápido y efectivo cuan eficiente dispositivo de prevención y atención de las víctimas de las torrenciales lluvias como nunca antes visto.
Nuevamente saldría la derecha, representada por los voceros de la Mesa de la Unidad (MUD) a tratar de sacarle provecho político a una situación y a un momento que, por el contrario, exigía la unidad nacional para afrontarla exitosamente. Titulares malintencionados de periódicos opositores dejaban colar matrices de opinión sobre una supuesta negativa del gobierno nacional de querer articular con los gobiernos locales, pero sobre todo los regionales en manos de la oposición. Ante la contundencia de la reacción del Ejecutivo nacional, la canalla mediática no le quedó más salida que seguir con su estrategia antibolivariana de siempre: silenciar y ocultar la verdad de lo exitoso del abordaje de la grave situación social generada esta vez por las intensas lluvias, sobre todo en Caracas, Miranda, Falcón y Zulia.
El colmo de la desfachatez política con la que ha venido actuando la derecha venezolana en estos 11 años, quedaría sintetizada en la impostura del gobernador del estado Miranda, Enrique Carriles Radonsky, que en una muestra fehaciente de la insensibilidad humana que los anima en sus actuaciones públicas, y tratando a la vez de opacar el éxito gubernamental bolivariana y ocultar la ineficiencia de su gestión como gobernador, saldría a descalificar la decisión de Gobierno nacional de utilizar temporalmente las instalaciones turísticas privadas desocupadas en la ciudad de Higuerote para albergar a los damnificados ocasionados por su inundación, tildando la decisión de una ataque a la propiedad privada.
Insensibilidad humana que de seguida y no menos estruendosamente, ha quedado evidenciada esta vez en los voceros de la MUD que, utilizando de nuevo el “trapo rojo” de la dictadura chavista, descalifican la urgencia de una nueva Ley Habilitante como la vía más expedita para atender una calamidad que como ha quedado evidenciado requiere de acciones gubernamentales extraordinarias en el plana tributario, económico, militar, de defensa civil y de infraestructura, vivienda y vialidad, por un largo período de al menos un año.
La payasada radonskiana sería más sonora al mostrar sus cámaras a un gobernador que incapaz de imitar bien su maestro y tocayo Enrique Mendoza, quien en las aciagos días del deslave de diciembre de 1999, hace 11 años, por lo menos se atrevió a zambullirse hasta el cuello y ponerse una curita en el pómulo, apareció apenas con una barba de dos días y su mirada desquiciada que no lo abandona nunca.
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