Recuerdo que caía la noche en Caracas mientras recorría varios lugares donde las guarimbas habían descargado toda su violencia en las últimas semanas. Al sortear los obstáculos colocados en la vía observé los destrozos; las bolsas de basura, troncos y piedras esparcidos; la soledad lúgubre y tensa de calles y plazas desiertas, un par de guayas templadas que apenas podría ver un incauto motorizado; la sensación triste de transitar una zona en conflicto, pintarrajeadas las paredes y el asfalto de las calles con consignas alusivas a la libertad sin mas explicación, muchos no a la dictadura y otros tantos s.o.s que invitan a la acción interventora de no se quien.
Cavilaba sobre esto y sentenciaba: ciertamente, el parapeto de una guarimba no es aquella barricada cargada de largas jornadas de historia, ni trinchera de lucha popular; pues le falta pueblo dispuesto a jugarse el pellejo; pueblo organizado y movilizado incluyendo la fuerza armada, poniendo el alma en el compromiso de transformar un orden socialmente injusto y políticamente represor. Esa no es la realidad hoy, cuando el proceso bolivariano y socialista avanza, aún en medio de contradicciones, en el propósito de hacer realidad otro mundo posible. La ausencia de pueblo llano y de un proyecto político popular le quita toda fuerza moral, legitimidad política y justificación histórica a la guarimba como símbolo de lucha
Guarimbas y guarimberos son expresión de la extrema derecha, capaz de recurrir al terrorismo y enemigos jurados de todo proyecto social que sea nacionalista, democrático en el discurso y la práctica, incluyente socialmente y transformador de la realidad social, política y económica circundante. La guarimba encarna el interés de sectores minoritarios, disfrazada de lucha, pero que se soporta deformando el significado de términos como dictadura, paramilitarismo o democracia para movilizar y avalar discursivamente la acción política, explotando oportunistamente la institucionalidad del régimen democrático. Ella es además pieza en la jugada de laboratorio preparada como golpe suave, siguiendo el formato de rebelión social ensayado en Ucrania. En ese patrón que argumenta la tesis del Estado fallido hacen parte gobiernos extranjeros, particularmente los Estados Unidos (por aquello del patio trasero), empresas transnacionales apenas visibles en alianza con emigrantes que se exhiben como supuestos perseguidos políticos en ese país.
Todo lo anterior es sostenido por un complejo mecanismo de financiamiento y soporte logístico que encaja con las operaciones de guerra de cuarta generación, particularmente la guerra mediática para afianzar una matriz de opinión que haga creíble la versión de las manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por un régimen político que supuestamente viola los derechos humanos. Es un discurso simplón en apariencia, pero efectivo para el propósito de aislar diplomáticamente y crear animosidad cuando no indiferencia que justifique con la menor resistencia, cualquier injerencia externa y una eventual intervención extranjera preventiva. Así se explican las veladas amenazas del Jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry y las opiniones del Jefe del Comando Sur, Jhon Kelly acerca de la supuesta descomposición económica y política en Venezuela. Al final, contrario a la mayoría de países de la región que siendo parte de UNASUR y ALBA apoyan el diálogo democrático en el marco del respeto a la soberanía nacional, Estados Unidos anuncia que emprenderá acciones de presión y deja entrever que invocará la Carta Democrática Interamerica. .
En el marco de la guerra mediática desatada, nada se dice y en cambio se oculta que las muertes ocurridas en estas semanas transcurridas, en su mayor parte han sido causadas por las acciones de los guarimberos contra ciudadanos comunes, otros copartidarios y las fuerzas de seguridad que intentaban restablecer el orden público; o bien que, los casos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad están siendo investigados y los funcionarios ya se encuentran encausados judicialmente.
La guarimba es mera táctica de acción terrorista a la que recurren los grupos radicales de la extrema derecha, junto con delincuentes y paramilitares en su afán de desestabilizar, infundiendo intranquilidad y terror en la población. Los guarimberos encerrados tras los parapetos y escombros semejan náufragos que sobreviven en una isla; o más bien se parecen a carceleros que mantienen privados de libertad de movimientos a los vecinos, quienes se ven impedidos para desplazarse fuera del territorio controlado por aquellos y delimitado por los espacios de acceso y salida que parecieran tristes puestos fronterizos de control.
Entretanto, el liderazgo de este intento orquestado de desestabilización o golpe suave cuya urdimbre alcanza a la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), maneja intencionadamente un discurso ambiguo cargado de posturas oportunistas y llamados a no desfallecer, a continuar en la calle, mantener la lucha porque la caída del régimen está cerca. Pero a la vez sostienen que apoyan las manifestaciones pacíficas, pero sin condenar enérgicamente a los partidarios violentos y menos aún cooperar para dar al traste con la violencia que representa la guarimba. Esto se constata en la actitud de doble moral y la reticencia de los alcaldes opositores para asumir sus competencias y como autoridad local restablecer el orden público en sus municipios, cooperando con las autoridades nacionales de ser necesario para alcanzar la paz y orden público que anhelamos la mayoría.
Hacer frente a los intentos desestabilizadores de la derecha extrema que aunque lo nieguen se abraza al fascismo pretendiendo como objetivo la salida de Maduro, y derrotando en última instancia, las pretensiones imperiales en iniciar una nueva guerra por el petróleo y las fuentes de energía en nuestro territorio, sólo podrá lograrse si asumimos en forma consciente el compromiso de lucha en defensa de la Constitución Nacional como proyecto de país que hará posible la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Debemos cerrar filas con el Presidente Nicolás Maduro y la convocatoria a la Conferencia Nacional de Paz, por ser la instancia de diálogo por antonomasia. Al mismo tiempo, ante quienes violando la ley continúan perpetrando actos vandálicos contra el patrimonio público, cometen asesinatos e incitan con su discurso al estallido de violencia, la institucionalidad del Estado de Derecho y la ley deben actuar con firmeza y sin contemplaciones.
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