El Tribunal Supremo de Justicia y los órganos competentes han de darle seguimiento y llegar a las conclusiones pertinentes del caso, con respecto a la diputada, María Corina Machado, por lo que se debe iniciar exhaustiva investigación y sentar un precedente sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria, destitución inmediata de su condición de diputada y establecerle la responsabilidad penal por los crímenes que se suscitaron por la incitación al desacato y desconocimiento del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Esto ha de ser extensible a todo y toda funcionaria de la Administración Pública que haga llamado público, notorio y comunicacionales a desconocer y derogar por la vía ilegal el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y de esta manera sentar jurisprudencia al respecto.

Dicta el texto constitucional en su: TÍTULO IV. DEL PODER PÚBLICO. Capítulo I. De las disposiciones fundamentales. Sección tercera: de la función pública. Artículo 149. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional.

TÍTULO V. DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL. Capítulo I. Del Poder Legislativo Nacional. Sección primera: disposiciones generales.

Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:

Numeral: 13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.

Todos los aspectos legales aquí expuestos, dejan a las claras, además del desconocimiento de la normativa legal, el desaire a la República, a sus electores y desmarcaje de su condición de diputada que se debe a un cuerpo regido por un reglamento surgido del pleno de la Asamblea Nacional y de acatamiento disciplinado.

Por todo lo anterior se debe iniciar investigación sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria, destitución inmediata de su condición de diputada y establecerle la responsabilidad penal por los crímenes que se suscitaron por la incitación del trío de personajes –entre esos, ella- al desacato y desconocimiento del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Ya por mayoría de los y las diputadas de la Asamblea Nacional se acordó remitir a los órganos competentes para que establezcan la responsabilidad de dicha diputada por su llamado a la desobediencia y desacato a la legislación nacional, con su desconocimiento y derrocamiento del gobierno nacional, lo cual fue público, notorio y comunicacional, actuación llevada a cabo con articulación de personeros de la política nacional, representantes de sectores de la ultraderecha, a saber: Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular, Antonio Ledezma, dirigente principal del partido Alianza Bravo Pueblo; así como con Alcaldes de los distintos partidos representados en la Mesa de la Unidad Democrática, instancia donde confluyen todos los sectores de la Ultraderecha partidista en Venezuela, en santa alianza y con el apoyo irrestricto del gobierno de EE.UU., así como con otras potencias internacionales y el respaldo abierto y frontal del gobierno saliente de Ricardo Martinelli de Panamá.

La consigna y las acciones de calle del MADURO VETE YA orientada por el trío antes mencionado, llenó, las calles de sangre, con los asesinatos de hombres, mujeres y efectivos militares, así como la destrucción de instalaciones gubernamentales y privadas, así como el secuestro, agavillamiento y concierto para delinquir de quienes instrumentalizaron la orientación de los propiciadores -que palabras más o palabras menos- era y es en esencia, un Golpe de Estado, cuando el presidente constitucional no tenía ni 10 meses en el ejercicio de la presidencia de la República.

La respuesta popular fue resistir argumentalmente y el exhorto a la paz antes quienes desaforadamente llamaban al desconocimiento de la Constitución y las leyes.

La Ultraderecha utilizó la estrategia de infiltrar las instituciones y aplicó la táctica de las diferentes formas de penetración del Estado y del gobierno para el logro de sus objetivos y pensaron que el 12 de febrero era la ocasión propicia para asaltar el poder. Los hechos siguieron su curso, el gobierno asumió el diálogo para dirimir las diferencias, eso lo apreció la Ultraderecha y el Imperio, como una debilidad. El cerco de los propios errores de la Ultraderecha se estrechaba y cometieron desatinos, mal visto, tanto a nivel nacional e internacional.

La diputada aceptó sin consultar a la Asamblea Nacional cargo institucional de Embajadora Alterna de parte del gobierno saliente de Panamá para buscar un respiro a la retahíla de errores de la Ultraderecha y reposicionar la propuesta de salir de Maduro a nivel internacional, porque a pesar de contar con todas las redes sociales, los medios de comunicación a nivel internacional e internos, no pudieron doblegar a un pueblo que estaba con su gobierno, ese fue el mismo error del Golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y del Paro Petrolero del 2002-2003, el pueblo no cuenta para nada, además como lo dijo el Embajador en la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton Matos, desestimaron que el Presidente Chávez dejó también un aro protector internacional a favor de Venezuela.

Para la ultraderecha y sus sectores federativos económicos y de clase burguesa, la Constitución no vale un bledo, ya la rompieron en el mismo seno de la Asamblea Nacional, hasta la han quemado en público ambos hechos con transmisión directa por los medios televisivos. Hay que reforzar la validez libérrima que hizo el pueblo al aprobar por mayoría la presente Constitución. La Sala Constitucional, así como el TSJ en pleno han de marcar un precedente “para el nunca más” limpiar el piso de Caracas con el texto constitucional por parte de los sectores oligarcas y de la Ultraderecha y que las calles de Venezuela se entinten con sangre para dirimir las diferencias, cuando en Venezuela hay puerta franca para el ejercicio democrático.