La decisión del presidente Nicolás Maduro de estudiar para su promulgación de un proyecto de Ley que le entregó el abogado constitucionalista Germán Escarrá Malavé, hombre de leyes, ecuánime, ubicado en una posición que muchos seguramente calificaran de cómoda, otros que se trata de la más difícil de las posturas, por cuanto está expuesto al fuego de las dos tendencias en pugna. Pero definitivamente ha mantenido una posición muy digna, preservando su libre albedrío y de allí que por su formación académica, su condición de estudioso del derecho y su ponderación al analizar los casos jurídicos, pensamos que esa propuesta entregada al presidente, debe ser una magnífica colaboración para el fortalecimiento del marco jurídico que rige al país.
Desde hace tiempo hemos venido planteando la necesidad de legislar contra el terrorismo y delitros informáticos, que en nuestro país se vienen manifestando desde siempre. Primero el terrorismo de Estado, desarrollado durante la IV República, con las torturas, los allanamientos ilegales de morada, secuestros y desapariciones forzosas, como método de combatir al adversario político, que dejó más de 10 mil asesinatos, durante los 40 años del bipartidismo en el gobierno.
Con la irrupción del liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías, que lo llevó al poder en 1999 y con el la revolución bolivariana, que cambió totalmente la historia contemporánea, desapareció el terrorismo de Estado y se abrieron las alamedas de la democracia, las cuales han sido copadas y secuestradas por los herederos de la IV, que han confundido el debate político electoral, con la vendetta de las bandas criminales contra el establecimiento, que les ha privado de sus privilegios y abusos contra el pueblo.
Esta situación ha despertado los demonios del fascismo, que llevan 15 años llenando de violencia las ciudades de la patria y en los últimos 50 días, una treintena de homicidios y mas de 100 heridos producto de las arremetidas terroristas de las bandas armadas de la MUD, contra los vecinos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la cual cada día intentan descalificar y satanizar, mientras justifican sus atrocidades, calificándolas de manifestaciones pacíficas, en las cuales han asesinado a vecinos y a oficiales y clases de la Guardia Nacional Bolivariana, mientras removían los obstáculos colocados para cerra calles y evitar el libre tránsito de la ciudadanía, hechos suscitados en los sectores de clase media, donde la ciudadanía ha permanecido secuestrada por semanas y sometiéndose al cobro de peaje, para salir y entrar a sus urbanizaciones.
Durante estos 50 días han quemado quince universidades, varias bibliotecas y edificaciones públicas, donde han puesto en peligro la vida de trabajadores. Este martes 1° de abril, fue el colmo de la actividad criminal cuando los vándalos paramilitares que se hacen llamar estudiantes, enardecidos porque su jefa política no pudo entrar a la Asamblea Nacional, quemaron una dependencia gubernamental y unos 60 infantes, hijas e hijos de trabajadoras y trabajadores de la institución, que son atendidos en la guardería, estuvieron a punto de perecer calcinados por las llamas del incendio provocado por estos fascistas, en el Este de Caracas. La rápida intervención de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, junto con el Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador, evitó la tragedia, que habría enlutado a numerosos hogares y sacrificado a esa cantidad de seres inocentes.
Esas tropelías así como los ataques físicos contra artistas de la escena y la TV, identificados con el proceso, a quienes han intentado asesinar, como los casos de Winston Vallenilla y su señor padre ambos ligados a la farándula, el de Roque Valero, su esposa y su pequeño hijo, víctimas de atentados mientras almorzaban en restaurantes del Este de la ciudad· El Asalto y quema de unidades de transporte de alimentos, de combustible de transporte público y otros actos que atentan contra la salud mental de la
población y especialmente de niñas, niños y adolescentes, son hechos que están fuera de la actividad político-partidista y se inscriben en el terrorismo, que en el mundo tiene legislaciones que no les dan a los imputados ningún beneficio, tal como la Ley Patriota en Estados Unidos, donde los sospechosos son detenidos y llevados a cárceles fuera del territorio nacional, para que no se puedan acoger a las pocas garantías de juicio justo que le quedan a la constitución de la Unión.
En Venezuela, es urgente una legislación contra el terrorismo y la traición a la patria, porque son delitos que diariamente se cometen en nombre de la democracia y la libertad y nadie paga por ellos, pese a la existencia de una dictadura que diariamente denuncian los capos de la MUD, que son los jefes del terrorismo que azota al país. Lo que es peor dentro de esos autores hay ciudadanos oriundos de otras latitudes y que en la patria de Bolívar se le abrieron las puertas y se les concedió la nacionalidad, para que vivieran en paz y seguros en esta patria grande y soberana, a la cual le han pagado con desprecio y traición.
El caso es que los abusos de esos grupúsculos criminales están colmando la paciencia del pueblo. En la manifestación de los ecologistas, como de las mujeres por la paz, pudimos advertir en el gesto de muchas y muchos declarantes, la impotencia y rabia, frente a la agresión a la patria, a la familia venezolana, a la fuerza armada y la ausencia de un castigo ejemplar para estos mercenarios, asalariados del imperio y eso es sumamente peligroso. No basta con los implorantes llamados a la paz, necesario es enfrentar con todo a los enemigos de la patria. Una forma de darles duro, donde les duele, es con una legislación antiterrorista, que contemple la confiscación de bienes y que les obligue incluso a resarcir con trabajo los daños causados a la propiedad pública y privada, para que esos vagos y maleantes trabajen al menos alguna vez en su vida. El terrorismo hay que combatirlo con la Ley.
Periodista*
CNP 2414
