De forma insistente y hasta -si se quiere- sincera, la derecha ha dejado ver el talante de lo que haría si llegara a obtener la mayoría de diputados en las próximas elecciones parlamentarias y de alcanzar el poder eventualmente -por cualquier vía- en Venezuela. Anticipado por sus más connotados representantes, este escenario implicaría entorpecer la gestión gubernamental de Nicolás Maduro, en un primer momento, y hacerle lo mismo que le hicieron los grupos políticos conservadores al presidente Lugo en Paraguay. Todo en el marco «legal», interpretando que los resultados favorables obtenidos en las elecciones expresan la voluntad unánime de toda la población venezolana para que proceda desde la Asamblea Nacional en este sentido.
No hace falta, por consiguiente, esmerarse mucho en explicar las acciones que, tarde o temprano, adoptaría -de permitírsele- un régimen de derecha en Venezuela, dado que sus principales aupadores siempre se han mostrado renuentes en aceptar como positivo todo aquello que fuera promovido por Hugo Chávez durante su mandato presidencial, incluso los logros socio-económicos a favor de las mayorías excluidas; es decir, su gestión estaría orientada a eliminar todo lo que le dio visibilidad y dignidad a los sectores populares excluidos, gracias a una mejor redistribución de la renta petrolera por parte del Estado. Al parecer, este es un punto de honor del cual no podría prescindir la derecha, sin negarse a sí misma y extinguirse.
Al respecto, quizás alguien de la derecha alegue que todo ello es falso, que para superar la crisis de desabastecimiento y especulación fomentada por ella misma, sencillamente lo que se tendría que hacer es darle impulso a los sectores productivos del país, representados por los dueños del capital, asegurándoseles además el respeto irrestricto a la propiedad privada y la liberalización del mercado, lo que al final sería dejar a los sectores populares a merced de los intereses capitalistas. De ahí que sea interesante observar las demandas sostenidas desde tiempo atrás por el sector empresarial ante el gobierno presidido por Chávez y, ahora, por Maduro; respaldadas sin cuestionamiento alguno por los grupos políticos opositores, en un empeño interesado por no perder el respaldo financiero obtenido tanto de éste como de sus mentores extranjeros.
A simple vista, una mayoría parlamentaria de la derecha podría desembocar en el establecimiento de un régimen de derecha. Esta última posibilidad significaría para el pueblo ajustarse a las condiciones de flexibilización laboral, de libre mercado y de privatización de los servicios públicos y empresas estratégicas en manos del Estado (especialmente PDVSA, la muy codiciada gallina de los huevos de oro), todo lo cual le empujaría a preocuparse nada más que de su situación particular y a olvidarse de los valores de convivencia, solidaridad y participación protagónica que les fueran inculcados por el Comandante Chávez para transformar el actual orden establecido.
Ciertamente, coartar esta posibilidad pasa forzosamente por abrir espacios para que los sectores populares se expresen, se organicen y asuman el papel protagónico y participativo que les corresponde para trascender el orden vigente, construyendo -en consecuencia- un nuevo tipo de Estado, así como un nuevo orden económico que se diferencie ampliamente del regido por el capitalismo; todo lo cual exigiría, sin duda, como lo diría el poeta Aquiles Nazoa, “creer en los poderes creadores del pueblo”, más allá de cualquier cúpula, sea cual sea su esencia y propósitos.-
