Como estaba previsto la Asamblea Nacional con su mayoría opositora terminó por aprobar, en segunda discusión, la disparatada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que, si bien, fue maquillada con relación a la propuesta inicial, mantuvo en lo sustantivo la orientación primaria preconcebida por sus promotores.
Y ello, evidentemente, no podía ser de otra manera, pues, el propósito perseguido con tal instrumento jurídico no era el de propiciar la paz ni mucho menos la reconciliación entre los venezolanos, como lo han pregonado sus apologistas sino, como ha sido profusamente demostrado, eximir de responsabilidades a quienes han cometido y hasta reincidido en una diversidad de delitos, en ningún caso tipificados como de carácter político, más bien comunes, violadores de derechos humanos e incluso de lesa humanidad, que bajo ninguna circunstancia prescriben, es decir, no están sujetos a indultos ni a amnistía, tal cual como expresamente lo establece el 29 Constitucional.
Finalidad de la impunidad
Esta Ley convertida en emblemática por la oposición tiene doble finalidad, en primer término, dotar de impunidad a dirigentes opositores que arrastrados por la idea de derrocar al gobierno nacional, a través de la táctica conocida como la Salida, he allí, ciertamente, una intencionalidad política, auspiciaron y ejecutaron las tristemente conocidas y lamentables guarimbas insurreccionales, desarrollando, en 18 municipios del país, acciones anticonstitucionales, terroristas, de naturaleza no política, tales como, el deterioro de patrimonio de la nación, el cercenamiento de derechos ciudadanos, la generación de más de 800 personas heridas y el vil asesinato (más de 40) tanto de agentes policiales y militares que intentaban restaurar el orden público como de ciudadanos cuya único pecado fue el de transitar por las cercanías de las comunidades acosadas.
Haciendo extensivo tal propósito de inicua impunidad a quienes hayan cometido actos de violencia desde el primero de enero de 1999 hasta la actualidad incluyendo a personas incursas en delitos de corrupción administrativa (por tanto, tampoco, no prescriptibles), narcotráfico y fraude inmobiliario. Es decir, se está ante un engañoso proyecto con el que se pretende amparar hechos criminales y favorecer el terrorismo.
Pero además de todos estos exabruptos se comete la aberración de pretender el auto perdón de los victimarios olvidándose por completo de las víctimas, vituperable criterio este que niega, en términos absolutos, a las víctimas que son las únicas llamadas a ejercer el perdón y merecedoras de resarcimiento. Así ha sido en todos los actos de amnistía que en la historia del mundo se han dado en función de la verdadera paz y convivencia de los pueblos.
Finalidad golpista
Está visto que en este caso no es ese el propósito que anima a los proponentes de este adefesio legal, sino la impunidad de sus correligionarios, además de la otra finalidad recóndita, que es el plan golpista y subversivo que han venido amamantando desde los mismos inicios del proceso revolucionario, instrumentándolo infructuosamente en varias oportunidades (abril del 2002, 2003, 2004, etc.) y que ahora consideran que ha llegado el esperado momento de dar el zarpazo para hacerse con el poder político del país.
Para tal efecto, a partir del fallecimiento del Comandante Chávez han venido orquestando, monitoreados y financiados por la embajada estadounidense, toda una táctica envolvente en la que combinan diversas formas de lucha que pasa por la acumulación de fuerzas por la vía electoral, el trabajo sistemático en la sociedad civil, la inducción de guerra económica (bachaqueo, acaparamiento, desabastecimiento, contrabando de extracción, etc.) y perturbación del proceso productivo, la especulación monetaria, la guerra mediática y psicológica y la incentivación de la inseguridad criminal a través del paramilitarismo que concienzudamente han venido sembrando y extendiendo en varias zonas del país.
Así como, la presión de la derecha internacional y de los centros financieros, la manipulación de los precios en el mercado petrolero mundial para provocar de manera directa la caída abrupta de los ingresos que por ese concepto le entran al país, la gravitante amenaza imperialista yanqui que tiende arreciarse en la medida que se acorta la permanencia del criminal Barack Obama en la presidencia estadounidense que ansía llevarse el trofeo del derrocamiento del gobierno bolivariano al término de su mandato.
Todo un caldo de cultivo con el que calculan que con la zozobra, angustia e incertidumbre que han venido estimulando en el seno del pueblo y con los resultados favorables que les arrojó el proceso electoral del pasado 6D, están dadas las condiciones para arremeter y derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro.
Por todo ello, el guasón Ramos Allup inició su gestión al frente de la directiva de la Asamblea Nacional, dando un plazo de 6 meses para salir del gobierno y luego el bellaco fascista Freddy Guevara, de Voluntad Popular, se aventuró a señalar que en treinta días (que se vencen el 11 de abril) Maduro estaría fuera de Miraflores; pronósticos estos que todo indica que no se van a cumplir muy a pesar de los ilusos agoreros. Como siempre, los yanquis y sus lacayos subestimando al chavismo bolivariano.
Tibio y endeudado
Pues bien, dentro de ese marco es que se plantean la aprobación de esta Ley con la que pensaban que estarían levantando un envolvente movimiento de masas que serviría de espita par dar al traste con el orden constitucional. La montaña parió un ratón y Leopoldo López, rumiando su tibiera allá en Ramo Verde, ha quedado endeudado con el bufete de abogados que elaboró dicho mamotreto jurídico.
El Presidente Maduro ya envió a la Sala Constitucional del TSJ la solicitud para que, en sana jurisprudencia, se declare la inconstitucionalidad de esta Ley que, en esencia, no ha resultado más que un fallido dispositivo golpista.
