Como a la oposición venezolana se le acabó el libreto impuesto por el Comando Sur; la enmienda para la reducción del período de la presidencia de la República; la activación de la Carta Democrática Interamericana y el referendo revocatorio han fracasado hasta el presente. Y la única opción parece ser el diálogo con el Gobierno Nacional.
Antes de ello, la Mesa de Unidad Democrática retomó lo del cuestionamiento de la nacionalidad venezolana del Primer Mandatario Nacional, a pesar de que meses atrás, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil Colombia, le comunicaron a la Asamblea Nacional que no se encontraron datos sobre el registro civil de nacimiento ni cédula de ciudadanía de Nicolás Maduro.
Argumentando incumplimiento de requisitos constitucionales previstos en los artículos 41 y 227 de nuestra Constitución, según los cuales para ejercer el cargo de presidente de la República debe ser venezolano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, el diputado Henry Ramos Allup solicitó esa información.
Y con ello obvió que semejante acción es competencia del Poder Ejecutivo, el cual maneja la política exterior de Venezuela a través de la Cancillería. De igual manera, a la AN no le corresponde solicitar la aplicación de la CDI, sino al Ejecutivo, que recurre a este recurso cuando ha ocurrido una ruptura del orden constitucional, como un golpe de Estado.
Luego, la descalificación, puesta en marcha por la oposición después de todos sus fracasos, enfilada hacia que Maduro habría nacido en Colombia, expira con el pronunciamiento del TSJ: él nació en Venezuela y, por consiguiente, es venezolano por nacimiento.
En definitiva, la falsa nacionalidad del presidente Maduro se desenmascaró, como su juicio político, no contemplado en la Carta Magna, del cual se retractaron junto con la marcha hasta Miraflores, demostrando así que la MUD necesita de los oficios de un buen asesor.
