Durante el “caracazo” aquel 27 de febrero del 1989, docenas de miles de venezolanos y venezolanas tomaron las calles del país en protesta a las medidas de privatización impuestas por el entonces gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez. Miles de personas fueron desaparecidas y asasinadas, y otras heridas; todos arriesgando sus vidas para no dejar su país terminar en manos de las grandes multinacionales y intereses económicos que no favorecen la mayoría del pueblo y su desarrollo. Madrid en octubre del 1994 fue el escenario del comienzo de la consolidación del movimiento anti-globalización/anti-privatización internacional durante el 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial En Seattle, Washington, EEUU, durante la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 30 de noviembre del 1999, una de las más grandes mobilizaciones en contra del capitalismo y la privatización global tomó lugar. Alrededor de 600 personas fueron arrestados, miles fueron heridos por las reacciones violentos de la policia y docenas de negocios representando el mundo capitalista y expansionista (como McDonalds, Starbucks, Nike, etc) fueron destruidos por los manifestantes. Luego, la protesta en Genoa, Italia, en contra de la Cumbre del G8 y su politica capitalista neo-liberal (anti-humano) resultó una de las manifestaciones más sangrientes de la historia contemporánea de la Europa Occidental. Cuatro días de violencia durante el 18 al 22 de Julio del 2001, culminaron en cientos de heridos, hospitalizados, detenidos y hasta la muerte del joven italiano Carlo Giuliani.
Durante la crisis económica en Argentina en el 2001/2002, millones de ciudadanos tomaron las calles protestando la política neoliberal, explotadora y fracasada de las instituciones financieras internacionales, las multinacionales y la política capitalista del entonces Presidente Fernando de la Rua que habían causado tanta pobreza y problemas sociales en ése país. Lograron la renuncia del presidente de la Rua y el comienzo de una nueva etapa hacia un estado más socialista y no dependiente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En Venezuela en abril 2002, otra vez el pueblo venezolano tomó las calles para derrocar un golpe de estado nefasto de la derecha neoliberal, retornando al país a su estado democrático y revolucionario.
Todos estas protestas se fundamentan en la lucha para garantizar y preservar el derecho a una vida digna y la erradicación de la pobreza y miseria. Ciudadanos y ciudadanas ordinarios arriesgan sus vidas para demandar el respeto a los derechos humanos, reclamando a sus gobiernos la necesidad de una política más enfocada en el desarrollo social y el bienestar de los pueblos que va por encima de los intereses económicos.
Pero la oposición – la contrarevolución – en Venezuela no cuadra con esta historia contemporánea de protesta y lucha por los derechos humanos y en defensa a la humanidad, a pesar de que utilizan el lenguaje de la misma para promover una imagen distorcionada de sus acciones e ideales. Ironicamente, la oposición venezolana se toma las calles y arriesgan sus vidas para defender los derechos (no-existentes) de las multi-nacionales, las corporaciones y la élite económica como si fueron seres humanos con derechos y privilegios bajo la ley. El caso más recién de la no renovación de la concesión pública para ocupar un canal en el espectro televisivo a la empresa IBC (RCTV) demuestra esta perversión del espiritu de lucha de los pueblos. Solamente en el mundo del escualidismo se marchan en las calles con la cara pintada color de patria y con pancartes reclamando derechos humanos para defender una corporación. Solo en ése mundo hay ciudadanos y ciudadanas que tan facilmente se manipulan para pensar que una corporación tiene el derecho de la “libre expresión”. Esa visión es tan perversa como la de la hierarquía católica venezolana criticando la Ley Seca durante Semana Santa.
Hay que estar muy claro sobre este tema: las corporaciones no tienen derechos humanos, ni siquiera el derecho a la libertad de expresión. En lo técnico y legal, la ley favorece 100% al estado venezolano en su decisión de no renovar la concesión a la empresa IBC. Legalmente, esta acción no significa la cierre de un canal de televisión sino la negación a una empresa para ocupar un espacio en el espectro público – algo totalmente dentro de la discreción de las entidades gubermentales.
El show que estan armando los dueños de la empresa 1BC y sus seguidores políticas de la derecha venezolana por el mundo entero intentando convencer a diferentes gobiernos, organizaciones internacionales y grupos políticos que se esta violando la libertad de expresión en Venezuela con esta médida es un triste chiste. Por supuesto que encontrarán el apoyo de la derecha y de la élite económica internacional que lucha por la dominación global de las transnacionales y que aboga por una disolución de estados para reforzar el control y el poder de las corporaciones sobre los pueblos. Pero cualquier entidad o grupo serio no se unirá a este espectáculo perverso que intenta usurpar los derechos de los seres humanos para aplicarlos a las empresas.
Desde Europa nos llega esta noticia: “La Comisión Europea reaccionó con incredulidad y disgusto cuando una delegación de venezolanos opositores, encabezada por el empresario Marcel Granier de la 1BC y el derechista Julio Borges, se presentaron en su edificio sede, ubicado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, después que se les había manifestado con mucha anterioridad que no los podrían recibir.
“Me parece una gran irresponsabilidad de su parte,” dijo una funcionaria de bajo rango visiblemente molesta.
Granier y la oposición también se fueron con las manos vacías del Consejo de la Unión Europea al no ser recibidos por el Secretario General, Javier Solana. En su lugar, fueron atendidos por algunos funcionarios de la oficina de América Latina, quienes les dejaron claro que no emitirían ningún pronunciamiento sobre las denuncias de Granier, al tiempo que los invitaban a dialogar de manera constructiva con el gobierno venezolano.”
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