Definitivamente, el Comandante Presidente Hugo Chávez es un mandatario con suerte, al tener una oposición tan discordante y disociada; meses atrás desde el imperio mandaron la línea de desacreditarlo moralmente y, a través de sus medios de comunicación, comenzaron a crear la matriz de opinión de que este Gobierno Revolucionario ha sido el más corrupto de toda nuestra historia, como había que darle veracidad a tamaña tramoya, entonces se inventaron el cuento del maletín con 800 mil dólares e involucraron en ello a un funcionario ligado a los servicios secretos del imperio, hoy protegido en Miami. Como también había que calificarlo de terrorista, entonces se inventaron el cuento de las computadoras de Raúl Reyes, afortunadamente, este cuento comienza a dar visos de haberse agotado, ya que muy poca gente se creyó tamaña mentira. Lo cierto es, que la oposición “venezolana”, por llamarla de algún modo, cada día se hunde más en su propio charco, perdiendo la poca credibilidad que todavía tiene en algunos sectores que han sido disociados por sus medios de comunicación (El Nazional, El Universal, Globoterror, RCTV, entre otros), ejemplo de ello, lo constituye el caso de los inhabilitados, que como bien sabemos, se trata de sancionados por realizar actos de corrupción, valga decir, de vulgares delincuentes de “cuello blanco”, como se les llamaba en otros tiempos.
Así, es bueno traer a colación por qué se sanciona a estos delincuentes, veamos:
Enrique Mendoza D’Ascoli, C.I. 3.150.830, es sancionado por la Contraloría General de la República, porque siendo Gobernador del Estado Miranda, adquirió bienes con prescidencia de los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones, omisión del control previsto al compromiso y al pago, artículo 113, numeral 1 y 16 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, LOCGR.
Oscar Jesús Pérez Torres, alias “cabeza de motor”, C.I. 6.201.842, es sancionado porque siendo Legislador del Consejo Legislativo del Estado Miranda, aprobó con sus votos, pagos ilegales y permitió la ordenación de pagos por obras no realizadas, sanciones previstas en el artículo 38 de la extinta Ley Orgánica de Salvaguardia del Patrimonio Público y en el artículo 113, numeral 10 de la LOCGR.
Leopoldo López Mendoza, C.I. 11.227.699, fue doblemente sancionado por la Contraloría General de la República en su condición de funcionario público. En primer término, siendo Analista de Entorno Nacional de Pdvsa, se le sanciona por celebración de contratos, con persona jurídica de derecho público; así como, concierto con los interesados para producir un determinado fin en la celebración de contratos públicos durante el ejercicio fiscal 1998, previsto en el artículo 113, numerales 5 y 7 de la LOCGR. En segundo término, ya como Alcalde del Municipio Chacao, se le sanciona por actuaciones simuladas en la administración o gestión de alguno de los entes y organizaciones señaladas en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo 21. Lo que nos dice claramente, que se trata de un corrupto compulsivo, pudiera ser genético, de allí que no entendemos por qué Transparencia Internacional, esa ONG que evalúa los niveles de corrupción en los países, recientemente, le otorga un reconocimiento a esta Alcaldía; evidentemente, que este reconocimiento desacredita a esta ONG, que desenmascara su papel como instrumento del imperio, utilizado para desacreditar a aquellos países independientes y soberanos.
El debate a que nos llama la oposición, al defender a estos delincuentes de “cuello blanco”, es si la sociedad venezolana debe hacerse la loca ante delitos de Lesa Patria, como los define la Ley Contra la Corrupción, y permitirles participar en la contienda electoral, a ver si ganan algún puesto público para que desde allí continúen haciendo fortuna, a costa del dinero de todos nosotros.
“Sin Moral pública no puede existir la República, ni hay libertad, Moral y Luces son los polos de una República; Moral y Luces son sus primeras necesidades...” De existir el Libertador Simón Bolívar, sería implacable con estos delincuentes, como lo fue el 16 de septiembre de 1824, al expresar: “Las funciones públicas pertenecen al Estado: no son el patrimonio de particulares, ni alguno que no tenga probidad, aptitud y merecimientos es digno de ellos...”, su propia experiencia lo convenció de la necesidad de aplicar medidas implacables, verdaderamente draconianas; es por ello, que en septiembre de 1813, decreta la pena de muerte a quienes defrauden la renta del tabaco. No somos partidarios de la pena de muerte, pero sí exigimos al Tribunal Supremo de Justicia no ceder ante los corruptos, lanzar el mensaje al pueblo venezolano de que la corrupción será castigada implacablemente en el marco de la Ley, eso si reclamamos. Y al Gobierno Revolucionario, ser consecuentes con su discurso contra la corrupción...
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