Sí, así como lo digo en el título de este artículo: tienen razón el alcalde metropolitano Antonio Ledezma y los gobernadores César Pérez Vivas (Táchira) y Pablo Pérez (Zulia), cuando dicen que en el país se viola flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tales aseveraciones la suministraron a la prensa internacional cuando viajaron a Washington, luego de entrevistarse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. Aunque, cada quien por su lado, siempre lo han dicho y lo siguen diciendo, para dolor nuestro, pues por lo menos yo como simpatizante de esta revolución me desvivo por desmentirlos, gritarles conspiradores, traidores, pero por la verdad murió Cristo.
Como decir que no se transgrede la Carta Magna, si el alcalde Ledezma llegó al ayuntamiento metropolitano y botó a casi tres mil trabajadores por el sólo hecho de identificarse con la revolución. Luego los tribunales de justicia fallaron a favor de los despedidos, pero se da el lujo de no querer reengancharlos y menos pagarles, arrojando a la basura sus legítimos derechos.
Qué se podría hacer para negar la inviolabilidad de nuestro texto jurídico si en Táchira más de tres mil niños dejaron de percibir sus respectivos alimentos, porque Pérez Vivas no les suministró los recursos que les envió el Gobierno nacional. Ya el Tribunal Supremo de Justicia decidió a favor de un recurso de amparo interpuesto por la Fundación Niño Simón y ordenó la cancelación de 14 millones 400 mil bolívares.
Podríamos decir que se hizo justicia, ¿pero creen ustedes que es justo que esos muchachos pasaran hambre porque no le bajaran la plata? ¿Y quién les paga los daños y perjuicios causados durante el proceso judicial? ¿Es que los gobernadores pueden hacer los que le da la gana con esta Constitución? Legalmente no, pero este es un ejemplo de que se quebrantan las leyes.
Dejé para último el Zulia, tratando como zuliano, de encontrar un pretexto para decir que aquí ese librito rojo no se viola, pero como lo escribo cuando estamos cansados de ver a un grupo de viejitos protestando al frente de la Gobernación y no hay forma de que les cancelen su jubilación.
En la administración anterior se cansaron de manifestar y no lograron sus beneficios y ahora con el gobernador Pablo Pérez todo indica que la situación continuará igual, a juzgar por el humo que ya han tragado. Ahora bien, yo no sé nada de leyes, pero creen ustedes, mis amigos lectores, que para esos ancianitos hay Estado de Derecho. Pienso que no, y estoy seguro que eso lo contempla nuestro ordenamiento legal, sólo que sencillamente se infringe.
*Periodista
