Artículo 72 Constitución Bolivariana: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. (…) Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. (…) Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. (…) La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. (…) Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.”
Compatriotas, vamos a hablar claro y sin tapujos. Una vez esté seguro el presidente Chávez en el poder durante los próximos seis años de su nuevo mandato, debemos afrontar una tarea absolutamente vital para la defensa de la Revolución en marcha, que nuestro Comandante nos ha pedido ya en múltiples ocasiones. Basta ya de denuestos e imprecaciones estériles en contra de los mandatarios locales y regionales “bolivarianos” que, tocados con una boina roja y muy dados a soltar encendidos discursos revolucionarios, a la vista del pueblo han dedicado la mitad de su mandato en curso a fomentar la ineptitud, la indiferencia oficial, el burocratismo, el clientelismo y las corruptelas, divorciados de las premisas y líneas estratégicas trazadas por nuestro Presidente en consonancia con las normas de la Bolivariana que, ejerciendo vigorosamente nuestra Soberanía, nos dimos nosotros mismos. Se aproxima la hora en que el Poder Constituyente entre en acción contra el Poder Constituido que, disfrazado de Revolución, ha traicionado a la Revolución.
La Constitución y el actual marco legal confieren al pueblo soberano el poder de exigir que los administradores del erario público rindan cuentas de su gestión; el poder de exigir a los mandatarios electos por el voto popular, que cumplan escrupulosamente con su trabajo en beneficio de las comunidades que le competen; el poder, en fin, de castigar a los burócratas corruptos, SOLICITANDO LA CONVOCATORIA DE UN REFERENDO PARA REVOCAR SU MANDATO. Aquel siniestro grupo de asalariados al servicio del Departamento de Estado de los EE.UU., llamado Súmate, se apropió del artículo 72 constitucional para tratar de deponer a nuestro Primer Mandatario Nacional. Démosle ahora a la citada figura del Revocatorio un uso más honroso y adecuado a su propósito original, para revocar el mandato de quienes, diciéndose pueblo, traicionan al pueblo. La nueva etapa de la Revolución Bolivariana que arranca a partir del próximo 4 de diciembre exige, ante todo, una profunda DEPURACIÓN INSTITUCIONAL, para deslastrar la Administración de toda aquella basura que frena o dificulta la marcha del Proceso.
Nótese que hago énfasis sobre aquellos representantes regionales y locales identificados con los colores del Proceso. Si un gobernador, alcalde, concejal, presidente de junta parroquial, al incumplir con su trabajo, entorpecer y sabotear los planes de gestión pública, negarse a permitir el desarrollo de las figuras y procedimientos de participación comunitaria, hacerse la vista gorda ante los negociados y corruptelas denunciados por los afectados, desviar recursos presupuestarios con propósitos ilegales, torpedear el fomento y puesta en marcha de consejos comunales, etc., está traicionando su condición de servidor público electo por el pueblo, es doble traidor si distingue su gestión emparentándola con la Revolución Bolivariana. En un comentario anterior, dije: Maldito todo aquel que, gracias al voto del pueblo, alcanza una alta investidura pública tocado con una boina roja y hablando en nombre de la Revolución Bolivariana y que, en vez de dignificar su cargo poniendo todo de su parte para depurar a la Administración de los vicios y desviaciones que la aquejan, se mete hasta el cuello en ellos para ponerle las manos encima al Erario Público, porque así no sólo es corrupto sino también un renegado que, con su conducta, se burla de tanta sangre y tantas lágrimas derramadas por el pueblo en defensa del Proceso Revolucionario en curso.
También hice ya referencia a que la lucha contra la Corrupción Administrativa, siendo uno de los diez Lineamientos Estratégicos trazados por el Comandante Chávez, es entonces un objetivo de Estado, y así debe ser asumido por la Contraloría Social, la cual, desde el seno de la comunidad organizada, debe enfocar su atención sobre las deficiencias de los Controles Internos de los entes que manejan fondos y bienes públicos.
En entregas sucesivas procuraré poner a disposición de los interesados, el esbozo de un Plan Operativo de Inteligencia Social Contra el Burocratismo y la Corrupción, a ser ejecutado por fases, cuyo objetivo se centra en aprender a recabar la información disponible sobre los vicios e ilegalidades de la gestión del personero político del caso, a ordenar y clasificar esa información, y a utilizarla con un doble propósito: poner en marcha las denuncias públicas a que hubiere lugar, y preparar las condiciones necesarias para la recolección de firmas requeridas para solicitar el respectivo Referendo Revocatorio del mandato. Está por vencerse la mitad del período del mandato de los potenciales candidatos al mismo.
Nuestra tarea inmediata, con vista del próximo acto comicial, no es otra que cuidar la casa para que no nos la ocupen los radicales vendepatria. Pero la tarea ulterior y no menos importante para la salud de la Revolución, consistirá en limpiar la casa de toda aquella basura y porquería edilicia y funcionarial, producto del Poder Constituido disfrazado de Bolivarianismo, empeñada en evitar que el pueblo organizado, titular de la Soberanía, termine de asumir las riendas del Participativismo Activo en el seno de la Gestión Pública.-
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